Por: Luis Manuel Ramos Perdomo
A estas alturas pocas cosas relacionadas con el empoderamiento de la criminalidad en Colombia deberían sorprendernos.
El gobierno Petro aboga por la excarcelación de integrantes del grupo de terroristas urbanos denominado primera línea, a quienes adicionalmente pretende retribuir económicamente ante la promesa de dejar de delinquir e intervenir como “gestores de paz” en procesos sociales indefinidos, vagos, gaseosos y difusos o se ventila designarlos como depositarios provisionales de los bienes objeto de extinción de dominio que administra la SAE, entidad que dicho sea de paso se honra con la vinculación como Vicepresidente Jurídico de uno de los Abogados que se vanagloriaba de su cercanía con la denominada “primera línea de defensa judicial” creada específicamente para la defensa de los miembros de esa primera línea, que fueran capturados en el marco del denominado “estallido social” y su desbordamiento.
Paralelamente se viene promoviendo la denominada “paz total” como una especie de vehículo legal que mezcla de manera infortunada por demás, aspectos e instituciones propias de las “negociaciones de paz” con Grupos Guerrilleros, con los protocolos de acogimiento y sometimiento a la justicia contemplados para Grupos Delictivos Organizados (GDOs), Grupos Armados Organizados (GAOs), Grupos Armados Organizados Residuales (GAORs), Bandas Criminales (BACRIMs) y etc.
En relación con lo anterior, además del dejo de impunidad, empiezan a surgir cuestionamientos relacionados con posibles de actos de corrupción en el proceso de elegibilidad de los convocados y beneficiarios.
Adicionalmente la incorporación a los resguardos de los “neo indígenas” cuya poco creíble identidad étnico ancestral, les ha permitido evadir las reglas de reclusión del Sistema Penitenciario Colombiano y, según se dice, la extradición.
A lo anterior se agrega el legado damnatorio de un fallido “proceso de paz” que en mi opinión además de facilitar el proceso de legitimación de la fortuna de las FARC ha permitido que los legendarios victimarios se transformen en víctimas por absurdas e incompresibles razones revestidas de legalidad y justicia por decisiones de un “Juez Natural” que fuera confeccionado a su medida.
Todo aquello tiene un importante y desatendido elemento en común: LAS VICTIMAS.
Hoy con desparpajo y el tradicional toque de cinismo, ex miembros del Secretariado de las FARC que ocupan curules en el Congreso por la graciosa concesión de proceso de paz (nacido en manifiesta contradicción a la voluntad del pueblo soberano) que han incumplido, pretenden ser reconocidos como víctimas del Estado.
Mientras alías Timoleón Jiménez o Timochenko realiza el desconcertante anuncio, las víctimas del Grupo Terrorista imploran ser escuchas con respeto y dignidad por la JEP, entidad que en relación con dicha problemática, lejos de ser imparcial, ha dejado ver en cabeza de algunos de sus Magistrados, un notorio sesgo ideológico y, evidente simpatía y/o empatía con los procesados, estos a su vez, los victimarios.
Desde la políticamente incorrecta foto de la entonces Presidenta de la JEP departiendo amigablemente mientras era condecorada por quienes debieron someterse a la justicia que para ese momento impartía y representaba ella desde la más alta dignidad, el deplorable e inhumano discurso con el que se pretendió negar la calidad de víctimas a los miembros de la Fuerzas Armadas y Organismos de Seguridad del Estado, los aparentemente aislados casos de corrupción de funcionarios de la entidad para obstruir trámites de extradición, pasando por los sinsabores del Diputado de la Asamblea del Valle Sigifredo López y otras víctimas durante sus intervenciones, la prohibición de ingreso de las víctimas a las instalaciones de la Entidad, al punto de verse abocados a la instalación de cambuches propios de indigentes y habitantes de calle a las puertas de la edificación, los “libreteados ensayos” de diligencias con los procesados y las recomendaciones para que en su favor se profiera una sentencia alternativa que contemple el cumplimiento de la pena con actividades tan peculiares como la reforestación de un páramo, poco de verdad, justicia y reparación tendrán las verdaderas víctimas.
Capítulo aparte merece la denominada garantía de no repetición ante la reaparición de las FARC-EP pese al denodado y contra evidente esfuerzo de los medios de comunicación que, pese al expreso reconocimiento del gobierno Petro al referirse en dichos términos a la organización en los Decretos expedidos al finalizar el año, siguen argumentando la existencia de disidencias de las FARC.
Las víctimas y para el efecto en términos generales se consideran como tal, los perjudicados directos del accionar criminal de las FARC o sus herederos, según el caso, deberán ser indemnizados con recursos del presupuesto nacional, mientras en suiza y otras latitudes se encuentran recursos del Grupo Terrorista que según algunas publicaciones especializadas que en su momento citaron como fuente a la UIAF de Colombia se estimaban en una cifra astronómica equivalente al 10% del PIB mundial.
Incluso si acudimos a la definición de víctimas en el contexto del conflicto armado, tendríamos que hacer forzosa referencia a lo establecido en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) con importantes advertencias: Nadie puede alegar la propia culpa en su provecho y el hecho de no existir un daño antijurídico generado por el Estado cuando en cumplimiento de sus funciones, de orden legítima de autoridad competente o en ejercicio de la Legítima Defensa, se cumple con el sagrado y constitucional deber de proteger la vida, honra y bienes de los habitantes, así como, la seguridad e integridad de la Nación, los cuales se ven seriamente afectados por el accionar terrorista.
Mención especial merece el hecho que durante las labores de interdicción y lucha contra el narcotráfico y otras actividades delictivas ordinarias, miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Organismos de Seguridad del Estado y Entidades con Especiales Facultades de Policía Judicial hubieran ocurrido enfrentamientos, combates o reacción a emboscadas que generaron neutralización de los miembros de la Organización Criminal.
El ex miembro del secretariado de las FARC se ampara en la reciente decisión de la CIDH en el caso de miembros la Unión Patriótica (UP) contra Colombia, en relación con el cual omite mencionar que las FARC y su brazo Político coexistieron en el tiempo desde la creación del Partido en 1984, el cual nace a su vez del acuerdo entre las FARC y el Partido Comunista Colombiano en el marco del proceso de paz con el Gobierno de Belisario Betancur Cuartas y el Acuerdo de la Uribe. Igualmente omite que, por decisión de los directivos de la UP, tres años después de su fundación, deciden desvincularse total y absolutamente de las FARC.
En lo personal me resulta imposible concebir la idea de que los miembros de un Grupo de Terrorista que durante más de 50 años han irrogado incalculables perjuicios, puedan ser considerados víctimas por un verdadero Tribunal de Justicia y mucho más que, pretendan obtener indemnización o reparación alguna del Estado. Lo que igualmente me preocupa esv que semejante disparate pueda tener eco y ser acogido al interior de la JEP.
A lo anterior se suma que dicho Grupo, según declaraciones de algunos de sus miembros, resulta ser el “propietario” de inmensa fortuna generada por el amplio portafolio delictivo y accionar criminal, que ha ocultado y sustraído de la afectación y destinación a la reparación de sus víctimas.
La justicia no puede seguir permitiendo su instrumentalización por parte del terrorismo, la criminalidad o la narrativa de la paz.
Al unísono autorizadas voces de la vida pública y política nacional han reaccionado rechazando con sólidos argumentos la iniciativa, a las cuales se unen con toda razón los cientos de miles de víctimas que la organización terrorista ha venido dejando durante su largo y rentable trasegar criminal.
Es el momento para que los Estados, Organismos Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales que participaron, apoyaron como garantes, cooperantes, aportantes y auditores al “proceso de paz” con las FARC demuestren con trasparencia y coherencia su rol frente a la problemática de las verdaderas víctimas y se pronuncien frente a la peculiar inciativa.
Invitación especial debe elevarse a todos aquellos respecto de los que se vienen haciendo recientes señalamientos y cuestionamientos que involucran a la estructura económica y financiera de las FARC que no es otra cosa que un botín y que según los compromisos adquiridos por las FARC deberán destinarse para la reparación a las víctimas, bien por la entrega voluntaria o en aplicación de los mecanismos internacionales de cooperación judicial que permiten el embargo, congelamiento, incautación, decomiso, comiso, confiscación y extinción del derecho de dominio para privar a la delincuencia del producto del delito y reparar a sus víctimas.
Los hoy negociadores e intervinientes del “nuevo” proceso de paz con las FARC y otros Grupos, deberán tomar atenta nota del acontecer para evitar repetir la historia. Es su deber de impedir que, una vez más “los pájaros terminen tirándole a la escopeta”
La Sociedad Civil, organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación deben participar de manera más proactiva para evitar la repetición de un nuevo y frustrante capítulo de la historia en el que se corrobore que en Colombia, “El Crimen Sí Paga”.
