Por: El Expediente
El nombre de Yohir Akerman llegó esta semana a la prensa española. Lo que la prensa española no sabe es que El Expediente lleva seis años rastreando sus pasos.
Akerman se presenta ante el mundo como columnista de opinión. Durante años dirigió en paralelo, desde Miami, las operaciones para América Latina de Guidepost Solutions, una firma de inteligencia corporativa con sede en Nueva York y oficinas en Bogotá, Miami y una decena de ciudades más. Esa doble condición, opinador público de día, operador de inteligencia de noche, fue el sello de su trayectoria. Los hechos que documenta ese prontuario no se deshacen con un cambio de cargo. Y España acaba de descubrirlo.
Akerman aparece mencionado en el sumario del caso Leire, la investigación que tramita el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz sobre una presunta red organizada para desestabilizar procedimientos judiciales contra el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de Pedro Sánchez. Según la declaración de Miriam Serrano ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fue Akerman quien la contactó desde Nueva York en 2021 para proponerle reabrir una causa judicial que ella había presentado años atrás contra el fiscal José Grinda por presunto acoso sexual. La denuncia original había sido archivada en 2017, luego de establecerse que Grinda no conocía la verdadera edad de la joven cuando ocurrieron los intercambios.
Akerman se presentó ante la joven como abogado. Junto a un individuo identificado como Vytenis, quien sufragaba los gastos, organizó su desplazamiento a Madrid, donde la alojaron en el Hotel Radisson Red durante dos noches con todos los costos cubiertos. Fue allí donde le presentaron a Leire Díez, la exdirigente socialista que hoy enfrenta cargos ante la Audiencia Nacional por presuntamente coordinar una operación para presionar a jueces y fiscales cuyas decisiones afectaban al gobierno de Sánchez.
El objetivo de la operación, según el sumario, era usar la causa contra Grinda como instrumento de extorsión para obtener información confidencial sobre el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón y lograr el archivo de casos de corrupción que rodeaban al círculo presidencial. Al día siguiente de la reunión en el Radisson, Miriam fue llevada a la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde la inscribieron como afiliada y la presentaron a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del partido.
El método es conocido. España no es el primer país donde Akerman opera de esta manera y con estos fines.
En agosto de 2020, El Expediente documentó que Akerman, desde su posición en Guidepost Solutions, había prestado servicios profesionales a tres figuras del entramado chavista con cargos activos ante la justicia de los Estados Unidos. El primero, Alejandro Betancourt, señalado de malversar más de 2.200 millones de dólares a través de contratos asignados por la dictadura venezolana, con acusación formal por conspiración para lavar dinero. El segundo, Nervis Villalobos, con indictment desde 2017 ante el gran jurado del distrito sur de Houston por el desfalco a PDVSA, con cargos de conspiración y lavado de dinero y una exposición penal de hasta 50 años de prisión federal. El tercero, Samark José López Bello, incluido en la Lista Clinton desde 2017 por narcotráfico, con ocho cargos formales ante el distrito sur de Nueva York y cinco millones de dólares ofrecidos por el gobierno americano por su captura. El Expediente buscó su versión entonces. No respondió.
El vínculo de Guidepost con el chavismo no se limitó a esos tres clientes. La firma prestó servicios de consultoría en investigaciones relacionadas con sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para entidades investigadas por vínculos con el Cartel de los Soles, el entramado narcotraficante dentro del alto mando militar venezolano designado como organización terrorista por Washington en julio de 2025. En 2023, una filtración de correos electrónicos reveló que Guidepost realizó un due diligence para una subsidiaria de PDVSA omitiendo referencias a transacciones con intermediarios ligados al Cartel. Un informe interno de la DEA de 2020 mencionó consultoras privadas que habrían ayudado a funcionarios venezolanos a evadir rastreos financieros. En Washington, la firma enfrenta revisiones por posibles violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act. Akerman defendió las operaciones de Guidepost como independientes y éticas. El escándalo le costó credibilidad ante las propias agencias federales que su firma dice servir.
El origen de esa trayectoria no es accidental. El padre de Akerman, Moritz Akerman, fue mediador entre el gobierno del presidente César Gaviria y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante más de una década, y en 2006, según un cable diplomático revelado por Wikileaks, aparece identificado como garante de la sociedad civil en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional en Cuba. Su madre, Amalia Lú Posso Figueroa, fue dirigente de la Juventud Comunista en la Universidad Nacional, vendió el periódico Voz Proletaria durante más de veinte años y militó activamente en el Partido Comunista Colombiano. Ese contexto familiar explica con precisión los espacios en los que Akerman se ha movido con comodidad a lo largo de su carrera.
¿Vínculos de Yohir Akerman con cartel chavista?
Luego vino Ecuador. El diario El Telégrafo publicó en febrero de 2013 una investigación que identificó a Akerman, con nombre, foto y número de pasaporte, como agente vinculado a Kroll Ontrack, la firma de espionaje corporativo contratada por Chevron para operar en ese país. Según esa investigación, su trabajo consistía en contactar periodistas ecuatorianos, colombianos y de la región para orientar su cobertura a favor de la multinacional y desprestigiar la sentencia que ordenó a Chevron pagar 19.000 millones de dólares en indemnizaciones por la contaminación de 650.000 barriles de crudo y 16.000 millones de galones de aguas tóxicas en la Amazonía, que afectó a 30.000 personas. Akerman operó en ese rol junto a Andrés Rivero, abogado de Chevron, y Gideon Sam Anson, director regional de Kroll, quien años antes había intentado reclutar a una periodista estadounidense para espiar comunidades indígenas en Lago Agrio, según publicó The Atlantic en 2010. Posteriormente, desde 2015, Guidepost Solutions, la firma que Akerman dirigía, actuó como subcontratista de Gibson Dunn y Crutcher, la firma legal de Chevron, realizando trabajos adicionales de inteligencia contra los demandantes. Documentos judiciales desclasificados en el caso RICO ante tribunales de Nueva York revelan que Guidepost recopiló datos sobre líderes indígenas mediante vigilancia no autorizada de correos y seguimiento de movimientos en Quito y Lago Agrio. En 2020, Amazon Watch demandó a Guidepost por infiltrar reuniones comunitarias. Akerman calificó esas operaciones como apoyo litigioso estándar
Luego vino Colombia. Guidepost elaboró en 2020 un informe de 55 páginas para la defensa de Chiquita Brands en el proceso adelantado en Medellín por el financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar responsable de más de 100.000 muertes, torturas y desplazamientos en Urabá. El documento, al que accedió la revista Vorágine, contenía falsedades y omisiones deliberadas destinadas a demostrar que los empresarios bananeros desconocían los vínculos entre las Convivir y los paramilitares, ignorando evidencia pública disponible desde 1996, incluyendo informes de Human Rights Watch, sentencias de Justicia y Paz y artículos de prensa de la época. El trabajo fue ejecutado por Andrés Otero, socio de Akerman en Guidepost, quien fue presentado como testigo de Chiquita en el proceso en Estados Unidos pero fue rechazado por el juez por carecer de interacciones personales con los excomandantes paramilitares. Guidepost facturó 200.000 dólares por ese trabajo. En junio de 2024, un jurado en Florida condenó a Chiquita a pagar 38,3 millones de dólares a familias de víctimas. En julio de 2025, un tribunal colombiano sentenció a siete exejecutivos de la empresa a 11 años de prisión por conspiración agravada. La Liga Contra el Silencio y la Fundación para la Libertad de Prensa señalaron el conflicto de intereses entre el rol de Guidepost al servicio de empresas acusadas de financiar masacres y la actividad simultánea de Akerman como columnista en medios nacionales.
Los informes de Jorge Restrepo y la empresa gerenciada por Yohir Akerman a favor de Chiquita Brands
El patrón no cambia. Venezuela, Ecuador, Colombia, España. En cada escenario, Akerman y su firma aparecen del mismo lado: el de quienes tienen cuentas pendientes con la justicia o interés directo en neutralizarla mediante montajes con fines extorsivos. La herramienta es siempre la misma: inteligencia privada al servicio de causas que no resisten el escrutinio público, ejecutada desde la cobertura que le da su credencial de periodista. En España su nombre quedó registrado en un sumario judicial. En Colombia quedó registrado en El Expediente desde 2020.
El capítulo español no es una anomalía en la trayectoria de Akerman. Es la confirmación de un método. En Colombia, este mismo sujeto ha utilizado su disfraz de columnista para intervenir activamente en la campaña presidencial, desplegando contra el candidato Abelardo De La Espriella el mismo arsenal de montajes y operaciones de desprestigio que ahora documenta la justicia española. La motivación no es un misterio: Akerman tiene vínculos probados con el chavismo venezolano, ha prestado sus servicios a las estructuras de poder que sostienen el proyecto político de Gustavo Petro, y su activismo encubierto apunta en una sola dirección, garantizar la continuidad del proyecto comunista que Petro y su heredero Iván Cepeda intentan perpetuar en Colombia. No es periodismo. Nunca lo fue.
