Por: El Expediente
El nombre de Yohir Akerman llegó esta semana a la prensa española. Lo que la prensa española no sabe es que El Expediente lleva seis años rastreando sus pasos.
Akerman se presenta ante el mundo como columnista de opinión. En paralelo, desde Miami, dirige las operaciones para América Latina de Guidepost Solutions, una firma de inteligencia corporativa con sede en Nueva York y oficinas en Bogotá, Miami y una decena de ciudades más. Esa doble condición, opinador público de día, operador de inteligencia de noche, ha sido el sello de su trayectoria. Y España acaba de descubrirlo.
Akerman aparece mencionado en el sumario del caso Leire, la investigación que tramita el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz sobre una presunta red organizada para desestabilizar procedimientos judiciales contra el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de Pedro Sánchez. Según la declaración de Miriam Serrano ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fue Akerman quien la contactó desde Nueva York en 2021 para proponerle reabrir una causa judicial que ella había presentado años atrás contra el fiscal José Grinda por presunto acoso sexual. La denuncia original había sido archivada en 2017, luego de establecerse que Grinda no conocía la verdadera edad de la joven cuando ocurrieron los intercambios.
Akerman se presentó ante la joven como abogado. Junto a un individuo identificado como Vytenis, quien sufragaba los gastos, organizó su desplazamiento a Madrid, donde la alojaron en el Hotel Radisson Red durante dos noches con todos los costos cubiertos. Fue allí donde le presentaron a Leire Díez, la exdirigente socialista que hoy enfrenta cargos ante la Audiencia Nacional por presuntamente coordinar una operación para presionar a jueces y fiscales cuyas decisiones afectaban al gobierno de Sánchez.
El objetivo de la operación, según el sumario, era usar la causa contra Grinda como instrumento de extorsión para obtener información confidencial sobre el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón y lograr el archivo de casos de corrupción que rodeaban al círculo presidencial. Al día siguiente de la reunión en el Radisson, Miriam fue llevada a la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde la inscribieron como afiliada y la presentaron a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del partido.
El método es conocido. España no es el primer país donde Akerman opera de esta manera y con estos fines.
En agosto de 2020, El Expediente documentó que Akerman, desde su posición en Guidepost Solutions, había prestado servicios profesionales a tres figuras del entramado chavista con cargos activos ante la justicia de los Estados Unidos. El primero, Alejandro Betancourt, señalado de malversar más de 2.200 millones de dólares a través de contratos asignados por la dictadura venezolana, con acusación formal por conspiración para lavar dinero. El segundo, Nervis Villalobos, con indictment desde 2017 ante el gran jurado del distrito sur de Houston por el desfalco a PDVSA, con cargos de conspiración y lavado de dinero y una exposición penal de hasta 50 años de prisión federal. El tercero, Samark José López Bello, incluido en la Lista Clinton desde 2017 por narcotráfico, con ocho cargos formales ante el distrito sur de Nueva York y cinco millones de dólares ofrecidos por el gobierno americano por su captura. El Expediente buscó su versión entonces. No respondió.
El vínculo de Guidepost con el chavismo no se limitó a esos tres clientes. La firma prestó servicios de consultoría en investigaciones relacionadas con sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para entidades investigadas por vínculos con el Cartel de los Soles, el entramado narcotraficante dentro del alto mando militar venezolano designado como organización terrorista por Washington en julio de 2025. En 2023, una filtración de correos electrónicos reveló que Guidepost realizó un due diligence para una subsidiaria de PDVSA omitiendo referencias a transacciones con intermediarios ligados al Cartel. Un informe interno de la DEA de 2020 mencionó consultoras privadas que habrían ayudado a funcionarios venezolanos a evadir rastreos financieros. En Washington, la firma enfrenta revisiones por posibles violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act. Akerman defendió las operaciones de Guidepost como independientes y éticas. El escándalo le costó credibilidad ante las propias agencias federales que su firma dice servir.
Luego vino Ecuador. Desde 2015, Guidepost actuó como subcontratista de Gibson Dunn y Crutcher, la firma legal de Chevron, realizando trabajos de inteligencia para desacreditar a comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana que demandaban a la multinacional por contaminar 650.000 barriles de crudo y 16.000 millones de galones de aguas tóxicas, afectando a 30.000 personas. Documentos judiciales desclasificados en el caso RICO ante tribunales de Nueva York revelan que Guidepost recopiló datos sobre líderes indígenas mediante vigilancia no autorizada de correos y seguimiento de movimientos en Quito y Lago Agrio. En 2020, Amazon Watch demandó a Guidepost por violar la privacidad de esas comunidades mediante infiltrados en reuniones comunitarias. Guidepost facturó al menos 500.000 dólares por ese trabajo, según facturas judiciales. Akerman calificó esas operaciones como apoyo litigioso estándar.
Luego vino Colombia. Bajo su dirección en Guidepost, Akerman elaboró en 2022 dos informes periciales para la defensa de Chiquita Brands ante el Juzgado 11 de Medellín, en el proceso por el financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar responsable de más de 100.000 muertes, torturas y desplazamientos en Urabá. Los informes sostenían que los pagos de Chiquita a las AUC fueron extorsión y no financiamiento voluntario, omitiendo los vínculos entre las cooperativas de seguridad Convivir utilizadas por la multinacional y los paramilitares, y silenciando testimonios de desmovilizados que confirmaban envíos de armas a través de Banadex, filial de Chiquita. El juez rechazó los informes en 2024 por omisiones deliberadas. Guidepost había facturado 200.000 dólares por ese trabajo. En junio de 2024, un jurado en Florida condenó a Chiquita a pagar 38,3 millones de dólares a familias de víctimas. En julio de 2025, un tribunal colombiano sentenció a siete exejecutivos de la empresa a 11 años de prisión por conspiración agravada. La Liga Contra el Silencio y la Fundación para la Libertad de Prensa exigieron la descalificación de Akerman y señalaron el conflicto de intereses entre su rol como perito al servicio de empresas acusadas de financiar masacres y su actividad simultánea como columnista en medios nacionales.
El patrón no cambia. Venezuela, Ecuador, Colombia, España. En cada escenario, Akerman y su firma aparecen del mismo lado: el de quienes tienen cuentas pendientes con la justicia o interés directo en neutralizarla mediante montajes con fines extorsivos. La herramienta es siempre la misma: inteligencia privada al servicio de causas que no resisten el escrutinio público, ejecutada desde la cobertura que le da su credencial de periodista. En España su nombre quedó registrado en un sumario judicial. En Colombia quedó registrado en El Expediente desde 2020.
El capítulo español no es una anomalía en la trayectoria de Akerman. Es la confirmación de un método. En Colombia, este mismo sujeto ha utilizado su disfraz de columnista para intervenir activamente en la campaña presidencial, desplegando contra el candidato Abelardo De La Espriella el mismo arsenal de montajes y operaciones de desprestigio que ahora documenta la justicia española. La motivación no es un misterio: Akerman tiene vínculos probados con el chavismo venezolano, ha prestado sus servicios a las estructuras de poder que sostienen el proyecto político de Gustavo Petro, y su activismo encubierto apunta en una sola dirección, garantizar la continuidad del proyecto comunista que Petro y su heredero Iván Cepeda intentan perpetuar en Colombia. No es periodismo. Nunca lo fue.