Por: José Roberto Acosta @jrobertoacosta1
Hoy miércoles 29 de noviembre se discute en conciliación entre Senado y Cámara de Representantes si pasan o no un gran mico legislativo metido tramposamente por el representante conservador Telésfoto Pedraza que busca socializar riesgos bancarios y hacerle conejo a las reglas de contratación pública de la Ley 80 de 1993, tal y como lo confirmó el propio Contralor General Edgardo Maya en comunicado del pasado 23 de noviembre.
Buscan modificar la Ley 80 de 1993 de contratación pública y la Ley 1508 de 2012 que regula la participación de los contratistas privados en las obras de infraestructura ya sea mediante un proyecto de obra pública, de concesión, o mediante alianza público privada, los cuales, sin excepción, usan diferentes vehículos financieros para lograr los dineros necesarios para desarrollar las obras y en los que se destacan los créditos otorgados por los bancos quienes esperan recuperar lo prestado con el mayor interés y los menores riesgos posibles.
Entre esos riesgos se destaca la posibilidad que el contratista sea condenado por corrupción y que, como en el caso de Conalvias y Odebrecht, terminen en pérdidas para el sector financiero, tal como correctamente sucede con la ley actual.
Se propone que el Estado reconozca al contratista, aunque sea condenado por corrupto, la totalidad de “los saldos disponibles a favor de la entidad contratante en las cuentas o subcuentas del patrimonio autónomo del respectivo contrato”, como si la entidad contratante y el patrimonio autónomo no fueran creaciones, hijos y frutos del corrupto. Todo para que el banco, con cargo al erario público, recupere hasta su último centavo prestado. La incertidumbre que genera la corrupción no desaparece, solo se traslada con esta maniobra de la contabilidad bancaria al bolsillo de cada contribuyente de impuestos.
Si logran convertir este “orangután” en Ley de la República la película será la siguiente: Aparecerá un contratista corrupto que gana con sobornos una Asociación Público Privada (APP) para construir una obra; estructura un patrimonio autónomo en una sociedad fiduciaria para que reciba y administre los dineros de la APP; como no piensa poner dinero propio pide prestado a los bancos, que se sentirán seguros al girar al patrimonio autónomo y no al contratista; seguidamente el contratista empieza a sacar dinero del patrimonio autónomo dizque para hacer la obra; parte del dinero que reciba del patrimonio autónomo empieza a sacarlo de país y no a invertirlo en la obra; lo descubren y lo condenan por corrupto; paran la obra y esta no se hace, sin embargo, la Nación deberá seguir enviando dinero al patrimonio autónomo hasta que los bancos recuperen todo el dinero que le invirtieron al contratista corrupto.
Fin de la anterior película: El corrupto sale de la cárcel; se va del país; disfruta del dinero robado y que los colombianos seguirán pagándole al patrimonio autónomo estructurado por el corrupto para que los bancos aseguren su dinero y entregar la obra. Y tal vez la esposa, hijo o cualquier otro calachín del corrupto, se postulará al Congreso para seguir metiendo micos legislativos por mandado del alguien.
Pero Telésforo no es un mandadero del Ministro de Hacienda, su copartidario conservador, pues realmente este mico legislativo, que pretende cambiar la Ley de Contratación Pública y la Ley de Infraestructura, viene redactado desde oficinas de prestigiosos abogados privados que asesoran al sector financiero, ya beneficiado en el pasado por los mismos parlamentarios conservadores o de “derecha” que han socializado sus pérdidas.
Se socializan pérdidas y riesgos bancarios solo para asegurarles jugosas y seguras ganancias a los banqueros. Se nacionalizarían los consorcios, concesiones o vehículos de contratación que fracasen por corrupción en un cínico salvataje financiero con recursos públicos, expropiando partidas del presupuesto nacional en favor de intereses privados.
Con el falso argumento de despejar la vía a los cierres financieros de las obras de infraestructura, se despeja otra autopista para los corruptos, únicos ganadores con este esperpento legal.
Tanto el Ministerio de Hacienda, Mauricio Cárdenas, como el nuevo Director de la cuestionada Agencia Nacional de Infraestructura, Dimitri Zavinovich, argumentan que la norma busca proteger a los proveedores y financiadores de buena fe, pero la verdad es que trabajadores y proveedores estarán al final de la fila después de que les paguen a los bancos, tal y como sucede actualmente en el probado caso de el consorcio Navelena, propiedad de la corrupta Odebrecht que, como consta en documento adjunto, después de que la Nación le hubiese reconocido $233.904.866.554 entre enero del año 2015 y abril de este año, pagó prioritariamente con estos recursos públicos el irregular préstamo que le habría desembolsado el Banco Agrario, pero que no le alcanzó para pagarle a proveedores por $195.569.485.307 y auto pagarse utilidades de tan nefasto proyecto, y por el que demandará a la “ingenua” Cormagdalena, Dirigida por el Sr. Alfredo Varela, célebre por ganar un reality “El Desafío” en el año 2006.
Lo anterior también aplica para beneficiar a EPISOL y CORFICOLOMBIANA, socio de los corruptos ODEBRECHT en Ruta del Sol II, en la que a pesar del origen ilícito de dicha adjudicación, su dueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo, recuperaría cerca de $380.000 millones que tiene enredados por cuenta de la nulidad absoluta declarada en dicho contrato de Asociación Público Privada.
En éste “reality” donde se pretende premiar a los corruptos, el Representante Telésforo y sus demás jefes van ganando la prueba en contra de las finanzas públicas de la Nación y el bolsillo de los colombianos.
Por favor: Infraestructura Sin Corrupción
@jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com
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