Por Jaime A Restrepo – El Patriota
Nuestra patria actualmente cuenta con una superficie total de 2.070.408 km2, con un área marítima de 928.660 km2 y un área terrestre continental de 1. 142.748 km2; territorio que es el resultado de un proceso histórico de expoliación contra nuestro Estado, pero que continúa siendo el alma y nervio de nuestro Estado Nación.
Nuestra soberanía territorial, piedra angular de nuestra patria, está amenazada desde la debacle de la venta de tierras a extranjeros con el respaldo de un marco jurídico que asegura la expoliación de nuestro territorio en demerito del inertes general.
El Consenso de Washington en la década de los ochenta propugnó por la creación de fórmulas para la liberalización a los derechos de propiedad, para la liberalización de las barreras para la inversión extranjera directa, lo que se vería con muy buenos ojos si estas políticas apuntaran al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de nuestra patria, pero no es así; toda vez que la falta de control jurídico abre las puertas a los especuladores de tierras, para que accedan a comprar nuestro patrimonio territorial a precios de huevo, considerando el tipo de cambio no competitivo del peso colombiano frente a monedas fuertes como el dólar y el euro.
La comunidad internacional, viene por nuestros territorios y para ese objetivo han pretendido pacificar nuestra geografía al costo de la impunidad y de la elegibilidad de terroristas y criminales de lesa humanidad. Bienvenida la inversión extranjera en Colombia con responsabilidad social, sin poner en demérito nuestra soberanía e integridad territorial.
Firmas internacionales cómo el grupo económico Mónica Semillas (Brasil); Carguill-Black River (EEUU); Agropecuarias Santa Rita (Chile); Maderas Cóndor y Madesal S.A, a través de la Compañía Agrícola de la Sierra; Fondos de cuarenta profesionales (60% de origen extranjero); grupo económico Smurfit Kappa; grupo empresarial brasilero de Gérman Efromovich (Oleoflores, Dolce Vista, Sinergy y De la Sierra); grupo económico Ethanol Consortium Board y Alcol S.A (EEUU); grupo económico Poligrow (italo-español); Texas Biodisel (EEUU); grupo económico Mehag (Israelí); Odin Energy S.A (EEUU- Japón); grupo empresarial GPC (España); Faber Castell y reforestación S.A.S; The Forest Company (Suecia) y Cotopaxi (Ecuador); vienen interviniendo nuestra economía, haciéndose a miles de hectáreas que ponen en riesgo nuestro principio de soberanía y la posibilidad para una distribución equitativa de la tierra en Colombia, como requisito sine qua non, para la reivindicación agraria y campesina.
De acuerdo al informe GENERANDO EL INTERÉS GLOBAL SOBRE LAS TIERRAS DE CULTIVO del Banco Mundial: “Colombia tiene cerca de 21.5 millones de hectáreas de tierras no cultivadas aptas para la agricultura, lo que representa el 7,5% del total de américa Latina: Colombia es el cuarto país de la región con mayor cantidad de tierras disponibles, detrás de Brasil, Bolivia y Argentina”, lo que hace de nuestra patria un importante bastión de inversión para multinacionales y extranjeros que no solo imponen la compra de semillas certificadas, sino que además pueden desarrollar proyectos agropecuarios con diferencias arancelarias y con subsidios desde sus países de origen, haciendo imposible una competencia real, relativizando de esta manera nuestra soberanía con la compra masiva de tierras colombianas a manos de extranjeros y multinacionales.
Desde el Virreinato de la Nueva Granada hemos perdido casi el 50% de nuestro territorio por la falta de pundonor y de dignidad de la clase política colombiana, quienes han entregado sin la mayor oposición y con cobardía nuestra soberanía territorial, casualmente mediante tratados y laudos en donde aparece de forma sistemática el apellido Holguín, como artífice de la expoliación que se ha heredado de generación en generación por esa familia de verdugos de la patria.
De principios del siglo XX hay que remembrar el escarnio de la separación de Panamá, con la concupiscencia del intervencionismo Norteamericano. No obstante esta mácula de nuestra historia, la patria cual meretriz humillada, sigue portando en su estandarte un escudo con el istmo de Panamá, haciendo apología a la expoliación.
Nuestra soberanía territorial sigue siendo devorada de forma inclemente e infame, tal como quedó evidenciado en el fallo de la Corte Internacional de justicia del 2012, en donde Colombia perdió el 40% de su mar y parte de su plataforma continental en favor de Nicaragua, comprometiendo nuestra riqueza pesquera, con zonas de yacimientos de gas y de petróleo. No contentos con el resultado del fallo, ahora los nicaragüenses vienen por más.
En el año 1944 finalizando la II Guerra Mundial se creó el sistema Bretton Woods, con el objetivo de propiciar un nuevo orden económico internacional, dando nacimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya motivación fundacional consistió en la misión filantrópica de prestar dinero a países con problemas económicos, y al Banco Mundial (BM) para apoyar inversiones de países con problemas financieros causados por la guerra o por conflictos internos. Génesis llena de buenas intenciones, que en la práctica se tradujo en un negocio rentable, en contravía del espíritu para el cual fueron creados.
A junio del 2019 Colombia ostenta una deuda externa de US$ 134.972 millones, de los cuales US$73.211 millones corresponden a la deuda pública externa y US$61.761 millones a la deuda externa privada. El gran endeudamiento colombiano, más el alto nivel de las tasas de interés, condenan a nuestro país a un vasallaje perpetuo, a una economía secuestrada, a una dependencia ilimitada y en consecuencia a una soberanía de adorno, en donde nuestra patria emergente pierde toda posibilidad de autonomía política y de autodeterminación para su desarrollo, frente a las imposiciones y condicionamientos de su acreedor (Plan Baker).
Es ya la hora de que hagamos una seria oposición a un intervencionismo económico voraz, que cada vez sumerge en terreno movedizo nuestras raíces de Estado Nación. No podemos continuar empeñando nuestro depauperado patrimonio patriótico.
Nuestra soberanía moribunda casi yerta, también se ve comprometida con la concesión desmedida de tierras para la explotación minera que de acuerdo con información de la Contraloría General de la Nación, a finales de 2010, casi el 60 % del territorio nacional estaba dado en concesión o tenia solicitudes pendientes.
Con este diagnóstico se erigen los cimientos para la destrucción absoluta de la producción agrícola en Colombia y para la capacidad de nuestra patria de producir la comida que necesita la población colombiana, vituperando nuestra seguridad alimentaria. En este orden de ideas se hace fundamental arrebatar el discurso de la defensa de la tierra a la izquierda fratricida y proponer políticas públicas de reivindicación histórica a la ruralidad y a nuestro campesinado.
Pendiente queda el tema de la balcanización del territorio colombiano que quebranta nuestra soberanía interna, mediante zonas de reserva campesina, zonas verdéales “transitorias” de normalización, comunidades y laboratorios de paz, resguardos indígenas y el Programa de Desarrollo Agrario integral con enfoque territorial, conocido con las siglas PDET, promovidos para empoderar las zonas de monopolio histórico de FARC y del ELN.
Bienvenida la confianza inversionista y la inversión extranjera en Colombia, pero “Colombia, para los colombianos”. Al paso que vamos, de colombianos solo nos quedará la cédula de ciudadanía.
Se hace fundamental que el Congreso de la República de Colombia, legisle en esta materia, restringiendo y limitando la venta de territorio colombiano a ciudadanos extranjeros, empresas extranjeras y a sus asociados en Colombia.
