Por: El Expediente
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado existe por una razón muy concreta: alguien tiene que defender al Estado colombiano cuando lo demandan, coordinar esa defensa entre las distintas entidades involucradas, y asegurarse de que los procesos judiciales contra la Nación no se pierdan por descuido, por vencimiento de términos o por falta de una estrategia jurídica coherente. Es, en cierto sentido, el bufete de abogados interno del país entero, y su eficacia se mide en algo tan tangible como el dinero público que logra proteger de condenas judiciales evitables.
Durante el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, el Equipo Élite Anticorrupción identificó 48 procesos contractuales que exigían vigilancia reforzada dentro de la propia ANDJE, con un valor conjunto de $4.000 millones que el equipo consideró necesario proteger de manera activa. No se trata, según documenta el Libro de la Verdad, de un hallazgo de corrupción en el sentido de desvío deliberado de recursos, sino de algo más parecido a un descuido sistemático: procesos que, de no recibir la atención adecuada en el momento exacto de la transición de gobierno, corrían el riesgo de perderse por simple inacción administrativa, con el consiguiente costo directo para el erario público.
Hay una ironía incómoda en este hallazgo que vale la pena señalar: la entidad cuya misión central es defender jurídicamente al Estado colombiano de pérdidas económicas evitables se convirtió, en el tramo final del gobierno saliente, en una fuente potencial de esas mismas pérdidas, no por decisión deliberada de nadie, sino por la falta de continuidad y vigilancia que cualquier transición de gobierno bien gestionada debería garantizar precisamente en las áreas más sensibles del aparato estatal.
El que el Equipo Élite haya logrado identificar estos 48 procesos a tiempo, y activar los mecanismos de protección necesarios antes de que se materializara cualquier pérdida, es en sí mismo una historia con final relativamente favorable dentro del universo más amplio de hallazgos que documenta el Libro de la Verdad. Pero el episodio deja una pregunta de fondo: si el propio ente encargado de defender jurídicamente al Estado necesitó una intervención externa de última hora para evitar perder $4.000 millones en procesos activos, ¿cuántos otros casos similares, en otras entidades sin el mismo nivel de escrutinio durante el empalme, podrían haberse perdido sin que nadie lo hubiera notado a tiempo?
