Por: Luis Manuel Ramos Perdomo
Con esa sigla se conoció en Colombia al “Departamento Administrativo Servicio de Inteligencia Colombiano”o Servicio de Inteligencia Colombiano, creado por el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla mediante Decreto 2782 del 31 de octubre de 1953. El SIC funcionó en Colombia hasta el año de 1960, momento en el cual, por medio de un Decreto del Presidente Alberto LLeras Camargo, se dió nacimiento al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), “suprimido” en el año 2011durante el Gobierno del Juan Manuel Santos.
El SIC desplegó en Colombia las funciones de organismo de seguridad e inteligencia de Estado y contaba con facultades de Inteligencia, Contrainteligencia, Protección a Dignatarios y funciones de Policía Judicial. Del SIC, se dice, fue utilizado para realizar actividades de represión a opositores del Gobierno.
Con esa misma sigla (SIC), se conoce a la Superintendencia de Industria y Comercio, organismo de “policía” económica y/o administrativa que, ejerce funciones de supervisión, inspección, vigilancia y control dentro de las facultades de intervención del Estado en la Economía, para lo cual le es permitido imponer sanciones dentro su competencia, como manifestación del Ius Puniendi, específicamente en el marco del Derecho Administrativo Sancionador o Derecho Sancionatorio. La SIC (Superintendencia) cuenta, al igual que su homónimo, con facultades de Policía Judicial.
Nos encontramos adportas de la designación de un nuevo Superintendente y dentro del listado de candidatios elegibles aparece el nombre de la Dra. Cielo Rusinque, quien fuera directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Irónicamente uno de los primeros en aplaudir la elegibilidad de la Dra. Rusinque ha sido el Abogado y Columnista Ramiro Bejarano Guzmán, quien se desempeñó como Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del Presidente Ernesto Samper Pizano.
Recordemos que, para aquel entonces, el DAS fue pieza clave en el “manejo” que se le diera al denominado escándalo del proceso 8.000. El propio Bejarano dejó la Dirección del DAS en medio de otro escándalo generado supuestamente por el despliegue de actividades de espionaje y vigilancia electrónica contra la Embajada y el entonces Embajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette.
Curiosamente el Dr. Pablo Felipe Robledo, ex Superintendente de Industria y Comercio de la Administración de los Presidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque, quien desempeñó con altura y profesionalismo el cargo y sentó importantes precedentes en la lucha contra los procesos de cartelización y los monopolios, fue, a mediados de los años noventa, el Secretario Privado de Bejarano Guzmán en el DAS.
El Presidente de la República tiene el Derecho de conformar su Gobierno con las personas que considere idóneas y a la fecha de elaboración y publicación del presente artículo el nombramiento de la Dra. Rusinque es altamente posible, pero como ya le ocurrió a ella misma en el pasado: “en la puerta del horno se quema el pan”. Petro debe congraciarse por lo ocurrido con los juegos Panamericanos y buscar espaldarazos que le ayuden a levantar su cada vez más deteriorada imágen.
Tocará esperar que pasa con los próximos “tinticos”.
La Dra. Rusinque tiene indiscutibles méritos académicos y eso debería dar tranquilidad, sin embargo, la cercanía al Presidente Gustavo Petro, su activismo y especialmente su sesgo ideológico generan preocupación.
Los Colombianos venimos siendo testigos de la implacable persecución que desde el Gobierno se viene adelantando en contra de un importante sector del Empresariado y la Industria, en el que opositores y no afines al Gobierno han sido víctimas de ejemplarizantes sanciones en el marco de la fiscalización que hace la DIAN.
Al sellamiento y cierre de establecimientos de comercio como ALMACENES EXITO o SUPERTIENDAS OLIMPICA por presuntas inconsistencias en los protocolos de facturación electrónica, que no de evasión de impuestos como temeraria y falsamente lo sugirió el Presidente Petro en sus redes sociales, se unen las dificultades para los exportadores colombianos de honrar sus compromisos y desarrollar su objeto social por cuenta de dificultades atribuibles exclusivamente a la DIAN, su plataforma tecnológica y procedimientos.
Esa persecución coincide con la que se viene adelantando de manera visceral en contra de regiones y entidades territoriales como los Departamentos de Antioquia y Atlántico con sus respectivas Capitales, jurisdicciones que en franca lid electoral fueron rescatadas de las garras de progresismo y que en cabeza de nuevos gobernantes ven en el fortalecimiento de la autonomía y la regionalización una mejor perspectiva.
Lo ocurrido recientemente con la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos por parte de la Ciudad de Barranquilla, como consecuencia del incumplimiento en los pagos que debía realizar el Gobierno, es sólo uno más de los episodios de la guerra que el Gobierno Petro ha decidido adelantar en contra de los Colombianos, guerra que inició al intentar asfixiar y privar de liquidez a las empresas del sector salud.
Las facultades para la desestimación de la personalidad jurídica, la imposición de millonarias multas, la liquidación de sociedades y el cierre de establecimientos de comercio en cabeza de una reconocida activista progre e incondicional subalterna de Petro y sus ideas, constituyen una nueva amenaza para los empresarios y por ende para el desarrollo económico del País.
La función de protección de los derechos de los consumidores merecerá un capítulo especial.
A lo anterior se uniría la eventual colaboración de la SIC con una nueva administración de la Fiscalía General de Nación, que en el marco de la Reforma a la Justicia y de iniciativas para criminalizar el ejercicio de la oposición, como la presentada por el Senador Ivan Cepeda, podría llevar a Empresarios e Industriales a los indeseados escenarios de la judicialización con el consecuente ejercicio de la Acción de Extinción del Derecho de Dominio y someter sus activos, incluidas las empresas, a la “administración” de bienes por parte de la SAE, lo cual incluye la posibilidad de enajenación masiva y temprana de bienes.
Habría “expropiación” disfrazada.
La SIC del 2024 podría terminar haciendo en Colombia lo que se dice hacía el SIC de 1953 y más.
