Por: Duván Idarraga
En columnas anteriores he comentado la dificultad que se observa en el nuevo gobierno frente al empresariado colombiano; en vez de buscar concertación con ellos y generar estrategias que apoyen el desarrollo de la economía y del país en general, se ha dedicado a atacarlos, no solo en sus discursos sino también con sus propuestas y realizaciones.
En primer lugar, recordemos lo desafortunado que resultó la aprobación de la reforma tributaria del nuevo gobierno que, entre otras cosas, significó el incremento en el impuesto de renta para las empresas colombianas. También mencionemos que en el gobierno anterior se había definido un proceso de reducción paulatino de dicha tasa, hasta que por las dificultades económicas generadas por la pandemia el sector empresarial concertó con el gobierno Duque un incremento del impuesto a la renta para el año 2022, una manera de contribuir a la difícil situación que se vivía. Frente a la reforma que presentó y aprobó el gobierno Petro fueron muchas las voces en contra de los empresarios colombianos, que el gobierno simplemente ignoró.
Faltaba la cereza del pastel: La reforma laboral presentada por la Ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez quién, en vez de buscar consenso con los empresarios y ofrecer alternativas para sacar de la informalidad a millones de colombianos, presentó una reforma a todas luces contraria a la inversión privada y adicionalmente con un marcado sesgo ideológico de izquierda, devolviendo las leyes laborales a la década de los 80´s; todo un retroceso que sin duda tendrá repercusiones muy negativas en el empleo y por ende en la economía del país.
De acuerdo a cálculos preliminares con la reforma los costos laborales para las empresas tendrían un incremento entre el 30 y el 35%; una cifra desbordada que puede significar para muchas empresas, especialmente las Pyme y las micro, que se afecte su posibilidad de subsistir. Adicionalmente, pese a los anuncios de la Ministra y del presidente, la reforma no fue concertada con el sector empresarial; son varios los dirigentes que han desmentido a los funcionarios del gobierno, aclarando que se hizo una reunión donde aparentemente fueron escuchados y se iban a tener en cuenta sus observaciones pero finalmente se mantuvo el texto inicial de la ministra de trabajo Ramírez.
Entre los aspectos más complicados de la reforma, se plantea retomar el inicio de la jornada nocturna a partir de las 6 de la tarde (hoy está a las 9 pm). Veremos cuantas de las empresas que con jornada nocturna iniciando a las 10 PM implementaron el tercer turno de trabajo, con un incremento en la generación de empleo, los mantendrán con la reforma, afectando considerablemente el empleo formal. Adicionalmente la reforma plantea limitar la facultad del empresario de despedir sin justa causa pagando la respectiva indemnización ( tema que también tiene planteado incrementar, encareciendo el costo al aumentar el número de días de salario a reconocer ); ello además de incluir en algunos casos el concepto de estabilidad reforzada, teniendo que requerir permiso ante un juez laboral para efectuar el despido sin justa causa, adicional al pago de la indemnización (por ejemplo, madres cabezas de familia). Otro tanto está planteado en la modificación del contrato de aprendizaje; la legislación retrocede décadas, al definir que es un contrato laboral normal lo que encarece el costo de vincular bajo esta modalidad.
Por buen intencionadas, este tipo de medidas tienen un efecto contrario: Pocas empresas van a considerar emplear estos grupos de personas; afectando en especial a los jóvenes que inician su vida laboral. Adicionalmente, se tiene contemplado acelerar el proceso de reducción de la jornada laboral, para que en un año máximo quede en 42 horas. La ley 2101 de 2021 contempló un proceso gradual de esta reducción, llegando a las 42 horas en 2025 (47 horas en 2023; 46 horas en 2024).
Como he mencionado antes (en esta y columnas anteriores) la reforma laboral, de aprobarse, tendrá mayor impacto en las Pyme y microempresas. Según ANIF estos sectores representan más del 99% de las empresas del país, generan aproximadamente el 79% del empleo y aportan al 40% del PIB. Por ende, la reforma laboral, tendría un grave impacto en el empleo y en el crecimiento de la economía Colombiana.
Otro aspecto que está afectando a los empresarios colombianos por acciones u omisiones del actual gobierno, tiene que ver con la falta de recursos para subsidios de vivienda de interés social y para subsidio de tasa frech. Cifras de CAMACOL confirman una desaceleración del mercado de vivienda en un 64% por falta de estos recursos. No podemos dejar de mencionar que el sector de la construcción es uno de los que más aporta a la generación de empleo del país; cualquier circunstancia que lo esté afectando va a tener un impacto muy negativo en general.
Es claro que las acciones del gobierno están asfixiando al sector empresarial: La reforma tributaria, la reforma laboral, la falta de recursos para otorgar subsidios al sector vivienda (más temas de inseguridad, bloqueo de vías, etc,) tendrán y están teniendo un impacto muy negativo en miles de empresas colombianas; esto genera un efecto bola de nieve que se reflejará en el cierre de empresas, aumento del desempleo, terminando por afectarse el crecimiento de la economía colombiana.
No existen razones lógicas y justificables por las cuales se da esta animadversión del gobierno Petro hacia el sector empresarial; como he dicho tantas veces, es algo muy fácil de entender: Si al sector empresarial le va bien (mayores utilidades), a la economía del país le va bien (mayor empleo, crecimiento del PIB); al Estado le va bien (aumenta el recaudo de impuestos para programas sociales y demás) y a los colombianos en general nos iría bien (mayor empleo, mayores ingresos, más crecimiento personal y familiar). Lastimosamente, el gobierno actual piensa de una manera distinta, visualiza a los empresarios como los enemigos a vencer y actúa bajo esta premisa.
