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En defensa del uso de la fuerza institucional

por El Expediente
julio 5, 2020
en Opinión
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Lo que no se cuestiona de las FARC en la JEP
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Por: Joan Sebastián Moreno

Para el año 2019, la Iglesia, el Ejército y la Policía Nacional eran las instituciones en las que más confiaban los colombianos. A pesar de que la estadística demuestra con datos objetivos la confianza y el respeto que ha merecido la Policía Nacional como parte integral de un Estado Social de Derecho, garante de la democracia, la seguridad, y el bienestar comunitario. Es una institución a la que mediáticamente se le ha atacado, y se le ha representado como una entidad criminal, ausente de valores y honores, donde el policía ya no es aquel sujeto dotado de respeto y autoridad, es más bien visto a la luz de los medios de comunicación como un delincuente, desprovisto de cualquier deferencia, al que ya sea por acción u omisión de su función constitucional, se le ataca en aras de desprestigiar a toda la institución policial.

En un procedimiento policial llevado a cabo en el municipio de Tocancipá Cundinamarca el pasado 01 de julio de 2020, varios policías se defendieron ante la agresión de dos personas de nacionalidad venezolana, el resultado, dos policías con heridas de consideración en su cabeza y dos agresores heridos en sus extremidades con arma de fuego. La consecuencia de todo este procedimiento fue un ataque sistemático por parte de la prensa y de grandes sectores en redes sociales a la posibilidad de utilizar la fuerza de manera legitima por parte de los agentes del Estado, aun cuando sus vidas se vieran seriamente comprometidas por el actuar de dos delincuentes que violentaron servidores públicos que se encontraban en el cumplimiento de su deber.

Suele olvidarse que la función de policía en cualquier Estado moderno reclama para si el uso de la fuerza institucional, manifestación de seguridad político-institucional que tiene como fin el aseguramiento de una convivencia pacífica, la regulación de la vida en sociedad, el goce efectivo de los derechos y la garantía que tiene todo ciudadano a vivir en un escenario de seguridad, cuestión que dicho sea de paso fue uno de los logros primordiales del contractualismo y las teorías que argumentan la cesión de la libertad para la obtención de seguridad. A pesar de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el uso de la fuerza tiene limites que se encarnan en la proporcionalidad, la razonabilidad y la necesidad, que son aquellas variables que se deben analizar si de abuso de autoridad se quiere hablar.

Para el caso que nos ocupa, se tiene que la actuación de los policías fue proporcional y razonable, porque garantizó la vida e integridad de los policías sin sacrificar la vida de quienes la pusieron en riesgo, y necesaria, porque a pesar de haber intentado mediar policialmente la situación, y disminuir al máximo el uso de la violencia con el tonfa, no fue posible persuadir a los dos delincuentes de abandonar su actitud hostil y violenta. Razón que permite inferir, la adecuada y valerosa reacción de los policías frente a una injusta y actual agresión.

Con ello, debemos precisar que el policía independientemente de su grado y nivel de instrucción, merece un respeto especial por la función que desempeña, que la critica de su función siempre se verá avocada por quienes ven en el caos y el desorden una posibilidad para imponerse en el ejercicio del poder, y que su preservación, enaltecimiento y obediencia es una condición necesaria para el bienestar de la Democracia colombiana.

Presentado por:
Joan Sebastian Moreno Hernandez

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