La Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido -VNPCS- en cabeza de Francisco Hernando Muñoz Atuesta radicó esta denuncia penal contra la ministra de Cultura Carmen Inés Vásquez y su Secretaria General Isabel Niño Izquierdo en la que encuentra nuevas irregularidades que rodean la APP OO1 de 2018 proyectada entre el gobierno Santos y Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MAC) cuyo representante en Colombia es el curtido abogado de naufragios Luis Felipe Barrios Cadena.
Según la denuncia, ampliamente documentada, es desconcertante descubrir que la ministra Carmen Inés Vásquez y Camilo Gómez, director de la ANDJE, mantengan esa Alianza Publico Privada por supuestos efectos jurídicos vigentes.
No se entiende por qué si el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural declaró el pasado 19 de diciembre que la totalidad del pecio es un Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional; el gobierno sigue con una APP cuya principal condición es pagarle a la empresa británica con parte del tesoro.
En la denuncia también se relacionan dos facturas por valor de $18.438.716.345,60 que el gobierno de Santos a través de la Ministra Mariana Garcés ya le reconoció a esa firma, por cuenta del alquiler de dos barcos de la Armada en una operación que, según el denunciante, se hizo con evidentes sobrecostos y defraudación al Estado explicados en el texto de la denuncia.
La preocupación de fondo es el complejo entramado y los intereses económicos en los que coinciden muchos políticos y cercanos a Juan Manuel Santos. El esposo de la ministra Carmes Inés Vásquez, Saviero Minervini participó en la elaboración de la ley tipo sastre del Galeón San José desde el año 2017, llega el gobierno Duque y las fuerzas del santísimo la imponen como ministra. En distintos medios en el mundo se demostró la cercanía de Juan Manuel Santos con la firma MACS y como si fuera poco esa misma firma designa como representante en Colombia al abogado Luis Felipe Barrios Cadena quien se presenta como asesor de la presidencia de la república y durante el gobierno Samper intentó negociar el Galeón con la firma SSA.
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