Por: El Expediente
La JEP gasta casi todo lo que recibe y aun así no responde a las víctimas de las Farc. Esa es la tesis de la denuncia que el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla (VIDA) radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una carta dirigida a su secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, y firmada por su presidente, Fernando Antonio Vargas Quemba. El Comité, que dice haber comparecido ante la CIDH desde 1992, pide al organismo que no reduzca el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz a una discusión de dinero.
El debate presupuestal es real. En primer debate, las comisiones económicas aprobaron el Presupuesto General de 2027 con un recorte de 170.000 millones de pesos a la JEP: 140.000 millones de inversión y 30.000 millones de funcionamiento. Según la propia JEP, su asignación bajaría de 821.803 a 651.803 millones, y esa reducción limitaría audiencias en los territorios, la representación jurídica de las víctimas y las medidas de protección. La CIDH pidió el 6 de octubre, en el comunicado 215/26, que Colombia garantice recursos adecuados para la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
El Comité responde que el presupuesto «nunca ha sido el problema». Su argumento se apoya en un dato oficial que la JEP no discute: en 2025 ejecutó el 99,3 % de 777.069 millones de pesos, la mejor ejecución del sector justicia. Con ese nivel de gasto, afirma, los resultados no corresponden. La JEP prevé cerrar 2026 con siete sentencias de fondo, frente a once macrocasos abiertos, a casi diez años de la firma del acuerdo. En el Caso 01, sobre secuestro, las sanciones fueron sin prisión. El Caso 07, sobre reclutamiento de menores, está abierto desde 2019: en noviembre de 2024 se imputó a seis integrantes del último Secretariado, hay 18.677 víctimas acreditadas y siete años después no hay sentencia.
La denuncia señala que lo que el acuerdo prometió a cambio de esa justicia especial, verdad plena y reparación, tampoco se ha cumplido. Según el Comité, la JEP no ha esclarecido el papel de las Farc en el narcotráfico ni en las rutas del armamento. Cita a la Contraloría para afirmar que la guerrilla entregó menos del 10 % de los bienes comprometidos: un inmueble de 722, y de 450.000 dólares anunciados, 1.500 resultaron ser falsos. Agrega cifras de la Fundación Ideas para la Paz, que registra un aumento de 23 % de los grupos armados, y de Indepaz, que contabiliza 480 excombatientes asesinados entre 2017 y 2026. Son los datos del Comité; este medio no los verificó de manera independiente.
El segundo reclamo es la publicidad de las audiencias. El 5 y 6 de octubre, la senadora María Clara Posada divulgó el video y el audio de una versión voluntaria reservada, rendida el 14 de febrero de 2019 ante la magistrada Julieta Lemaitre. Allí, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, habló de «criterios unitarios de buen trato, buena comida» hacia los secuestrados, dijo que en La Habana se propusieron «unas penas más suaves» que se pagarían allí, y llamó a la JEP «una criatura que nosotros mismos ayudamos a parir». Para el Comité, el material confirma lo que las víctimas sospechaban: que el tribunal nació de un pacto con una de las partes. Londoño cuestionó públicamente que se hubiera violado la reserva, establecida por la Ley 1922 de 2018. El Comité invoca el artículo 8.5 de la Convención Americana para pedir que los procesos sean públicos cuando lo exige el interés de la justicia y que las víctimas conozcan esas diligencias.
Con esos fundamentos, el Comité solicita a la CIDH que declare violados los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la Convención, y que tenga en cuenta su denuncia al evaluar cualquier solicitud de información o medida cautelar sobre el presupuesto de la JEP. Pide que se interrogue al Estado sobre la verdad del narcotráfico y el armamento, sobre cuántos jefes de las Farc reincidieron, sobre el total de bienes entregados y sobre las garantías de no repetición. Pide además acceso de las víctimas a la audiencia de 2019 y a otras versiones reservadas, y una audiencia en la sede de la CIDH. Aclara que su planteamiento no es el de la iniciativa legislativa del acto legislativo 04 de 2026.
El Comité también recuerda que la JEP no ha dependido solo del Estado colombiano. Su documento enumera aportes de cooperación internacional: Estados Unidos (USAID), la Unión Europea, el Fondo Multidonante de la ONU (223,9 millones de dólares entre 2017 y 2022), Noruega, Suecia, Suiza y España. Y pide que el indicador de complementariedad ante la Corte Penal Internacional, con la que la JEP firmó un acuerdo de cooperación el 28 de octubre de 2021, no sea cuánto dinero tiene sino qué justicia produce.
La JEP sostiene que el recorte «desactivaría y paralizaría» su actividad judicial y ofrece un plan de austeridad: dice haber reducido de 125.839 a 84.633 millones la brecha entre lo que requiere y lo que se le asigna. Esa discusión sigue abierta en el Congreso. La que plantean las víctimas de las Farc, la de qué entrega el tribunal con el dinero que ya gasta, es la que la CIDH tiene ahora sobre su mesa.