Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) creados para organizar el suelo y garantizar el orden y la preservación de zonas protegidas se han convertido en un suculento plato de corrupción para alcaldes, gobernadores y mandatarios locales que han encontrado la manera de torcer el uso de los suelos a la medida de sus propósitos y negocios con empresarios privados que muchas veces son amigos o financiadores de sus campañas electorales. El Expediente denunció el pasado 21 de agosto el caso de Jorge Rey Gobernador de Cundínamarca y la empresa constructora Amarilo el cual ya está siendo investigado por las autoridades.
Pero hay otros casos calcados en distintas regiones del país, uno de ellos, en el departamento del Vichada, específicamente en el municipio de Cumaribo, el más grande de Colombia con 60 mil habitantes, 65.674 kilómetros cuadrados, es decir el 40% del departamento. Un colosal municipio sumido en la pobreza y con un presupuesto que asciende a los $38 mil millones de pesos al alcance de los corruptos.
El alcalde Hermenegildo Beltrán Sosasa, un sombrío mandatario que llegó con el aval de los caciques liberales del departamento con escasos tres mil votos, tiene un puñado de denuncias en la Fiscalía por presuntos casos de corrupción, la más grave, relacionada con el cartel del los planes de ordenamiento territorial, que ha estado ganando polvo en las gabetas de la Fiscalía hasta que llegó al escritorio del Fiscal General Néstor Humberto Martínez quien tiene el ojo puesto en este caso en el marco de su plan contra la corrupción llamado bolsillos de cristal.
La denuncia, con número radicado 784812, pide que lo investiguen por los posibles delitos de prevaricato por acción, trafico de influencias, interés indebido, falsedad en documento público, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
El el municipio es de bien conocida la relación de amistad y de negocios entre el alcalde Beltrán Sosa y el ingeniero Fabio Alexis García Valor, propietario de las IPS indigena Mutsaldani, con la cual la alcaldía municipal ha celebrado contratos, uno de ellos, el 036 del 7 de febrero de 2017, sin tener en cuenta las quejas de las comunidades indigenas y veedores ciudadanos en contra de esta IPS que le estaría facturando servicios médicos a la administración sin haberlos prestado. Una copia del cartel de la hemofilia en Córdoba donde se cobraron miles de millones por tratamientos que no se prestaron y que tiene al exgobernador Alejandro Lyons huyendo de la justicia en Colombia y temblando a toda la clase dirigente de este departamento. Un escándalo minúsculo comparado con lo que está ocurriendo en el Vichada.
El ‘volteo de tierras’ o cartel del Plan de Ordenamiento Territorial
El pasado 2 de marzo el alcalde Beltrán Sosa presentó ante el Consejo Municipal un proyecto para cambiar el uso de los suelos del municipio a través de un proyecto que sin mayor justificación técnica se hizo realidad mediante el Acuerdo 004 del 24 de marzo de 2017. Era el segundo intento del alcalde ‘voltear’ el Plan de Ordenamiento territorial con el evidente propósito de habilitar un negocio en el que tendría intereses.
En paralelo su amigo y presunto socio, el ingeniero Fabio Alexis García Valor, inició la construcción de una obra en un terreno de 3.800 metro cuadrados que anteriormente estaba catalogado como zona de riesgo y que ademas era objeto de reclamación por terceros en la ley de restitución de tierras.
La IPS Mutsaldani inició la construcción de su sede central en la zona rural de Cumaribo sin contar con la respectiva licencia de construcción. Ante las denuncias la jefe de control interno del municipio, Myriam Gómez, la alcaldía ordenó parar la obra, instrucción que se cumplió en el papel pero no en la practica. La clínica se siguió levantando en contera d las denuncias, sin licencia y valiéndose del cambio en el plan de ordenamiento territorial que el alcalde Beltrán Sosa impulsó contra viento y marea con el concurso de su Secretaria de Gobierno Claudia Navas de la cuerda del contratista García Valor.
Con el cambio del Plan De Ordenamiento Territorial que le permitió a la IPS MUTSALDANI levantar su clínica en un terrero a nombre de una firma de la esposa del ingeniero Fabio Alexis García, el valor del predio que antes formaba parte del área rural y ahora del perímetro urbano, aumentó exponencialmente: estaba avaluado en $20 millones y actualmente está avaluado en cerca de $200 millones de pesos que sumados a la construcción de la clínica podría costar cerca de $1.000 millones.
Se trata de un negocio redondo que replica lo ocurrido en otros departamentos y municipios donde el Fiscal General Néstor Humberto Martínez ha actuado con total determinación contra mandatarios que han logrado coaptar a los órganos de control y a los medios de comunicación locales que en muchos casos forman parte del mismo entramado de corrupción.
El Expediente tuvo acceso y confrontó la documentación que soporta esta denuncia que podría convertirse en el punto de partida de las autoridades para destapar la olla de corrupción que se ha tomado el departamento del Vichada con la complicidad de la clase política nacional y de poderosos dirigentes nacionales que se están llevando su parte de un negocio redondo que tiene su epicentro en el municipio de Cumaribo y al que no es ajeno el gobernador del departamento Andrés Espinosa también denunciado por un presunto cartel de terrenos baldíos.
Fiscal General habla sobre el cartel del POT: 31 alcaldes en la mira
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