Por: Redacción El Expediente
Mientras el presidente Gustavo Petro insiste ante la opinión pública y la comunidad internacional en que bajo su gobierno se han erradicado los bombardeos que afectan a civiles, la realidad en los territorios cuenta una historia radicalmente opuesta y sangrienta.
El Expediente tuvo acceso a denuncias y pruebas documentales que desmienten la narrativa oficial y ponen al descubierto una operación militar que habría sembrado el terror en la Sierra Nevada de Santa Marta el primer día de este año.
El ataque en la vereda La Secreta: un año nuevo bajo fuego
Fuentes directas de la comunidad, que por razones de seguridad permanecen bajo reserva, confirmaron a este medio que el pasado 1 de enero de 2026, mientras el país celebraba el inicio del año, aviones de la Fuerza Pública —bajo órdenes directas del Gobierno Nacional— ejecutaron un bombardeo en la vereda La Secreta, en la zona rural de la Sierra Nevada.
Aunque el objetivo militar aparente era un ataque contra el grupo Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), la ejecución de la operación fue indiscriminada.
Fuentes locales han hecho llegar a El Expediente una serie de imágenes crudas que muestran los estragos: viviendas civiles destruidas, techos colapsados y estructuras campesinas reducidas a escombros por el impacto de los explosivos lanzados desde el aire.
La selectividad de la «Paz Total»
Este hecho no solo evidencia una falta a la verdad por parte del mandatario, sino que subraya una peligrosa asimetría en el tratamiento de los grupos armados bajo el marco de la «Paz Total».
El grupo de los Conquistadores de la Sierra Nevada ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de vincularse a diálogos de paz y procesos de desmovilización. Sin embargo, a diferencia de la mano tendida y las concesiones otorgadas al Clan del Golfo, las disidencias de las FARC o el ELN, el gobierno de Petro ha respondido con un silencio administrativo que hoy se traduce en fuego aéreo.
Población civil: El «Daño Colateral» del gobierno
La gravedad de lo ocurrido en La Secreta radica en que la población civil está siendo tratada como un «daño colateral» aceptable en una guerra selectiva.
Los testimonios recogidos por este medio describen el pánico de las familias campesinas e indígenas que vieron cómo el cielo se iluminaba con explosivos dirigidos a zonas donde la distinción entre combatientes y no combatientes fue inexistente.
¿Por qué el presidente Petro miente sobre la suspensión de bombardeos? ¿Por qué se ensaña militarmente contra un grupo que pide diálogo mientras ofrece impunidad a otros?
Estas son las preguntas que la Casa de Nariño se niega a responder, mientras las fotos de las casas destruidas en la Sierra Nevada permanecen como una prueba irrefutable de un gobierno que, en la práctica, ha reactivado las tácticas que tanto criticó en el pasado, pero esta vez, bajo el manto de la opacidad.
El Expediente continuará revelando las pruebas de este ataque y el clamor de una comunidad que se siente traicionada por la retórica oficial.
