Por: Fernando Torres Mejía
Carta abierta al presidente Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo
Colombianos, y en especial ustedes, que hoy tienen en sus manos las riendas del país, necesitan hablar con la claridad que la nación exige. La pregunta fundamental no es si debemos recortar el gasto público, sino cuándo y en qué sectores comenzarán a hacerlo. Al examinar las cifras, el panorama es desolador.
La Procuraduría General de la Nación mantiene una planta de personal que oscila entre los 4.225 y los 5.400 funcionarios, mientras que la Contraloría General de la República opera con cerca de 4.057 cargos. Estas dos entidades, que deberían ser los guardianes de los recursos públicos y de la conducta de los servidores, se han convertido en un gigante con pies de barro: costoso y poco efectivo.
La propuesta que en su momento formuló Germán Vargas Lleras (Q.P.D.) de eliminar las contralorías territoriales y la Procuraduría no fue una herejía política, sino un diagnóstico acertado. El país destina aproximadamente $2 billones de pesos anuales al sostenimiento de estas dos megaestructuras estatales. La Contraloría General requiere entre $1.1 y $1.3 billones para su nómina, mientras que la Procuraduría demanda entre $1.2 y $1.4 billones. Frente a semejante inversión, los resultados son francamente decepcionantes. Durante el período 2018-2022, las contralorías territoriales recuperaron menos del 5% de lo que cuesta su funcionamiento. La Procuraduría, por su parte, tramitó cerca de 79.700 quejas en 2021 y apenas 921 terminaron en una sanción efectiva. Esa no es una institución de control, es una oficina de trámites con altos costos y bajísimo rendimiento.
El problema central radica en la duplicidad de funciones que caracteriza a estas entidades. Mientras la Procuraduría vigila a los servidores públicos, la Contraloría fiscaliza los recursos. En la práctica, ambas investigan, ambas disponen de miles de empleados y ambas fracasan en su misión. Vargas Lleras estuvo en lo cierto al señalar que la Procuraduría, tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro, perdió su esencia al no poder sancionar a los funcionarios de elección popular. ¿De qué sirve mantener un ente con más de 4.000 empleados que investiga, pero que carece de la facultad para sancionar? La respuesta es sencilla: no sirve para nada que valga la pena sostener con los recursos de todos los colombianos.
El verdadero obstáculo para una reforma profunda no es de naturaleza técnica ni jurídica, sino eminentemente política. Congresistas, magistrados y gobernantes de turno se oponen a la eliminación de estas entidades porque representan sus cuotas burocráticas. Cada cargo en la Procuraduría y en las contralorías territoriales responde a un acuerdo político, a un favor que se paga con el presupuesto público. Los contralores departamentales y municipales, lejos de ser técnicos independientes, son elegidos por asambleas y concejos que responden a los mismos políticos a quienes deben vigilar. Pretender que un contralor designado por los mismos actores políticos investigue a sus electores es una falacia que la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar. Estas entidades no existen para controlar al poder, sino para alimentar el apetito burocrático de quienes ostentan cargos de elección o designación, asegurando así su control sobre las regiones y los electores.
Señor presidente De la Espriella, señor vicepresidente Restrepo: ustedes han planteado una visión de gobierno que busca construir el presupuesto desde las regiones y gobernar con ellas. Esa perspectiva ofrece una oportunidad histórica para avanzar hacia un nuevo modelo de control fiscal. Si el gobierno central va a descentralizar los recursos del Sistema General de Participaciones, elevándolos al 39%, debe garantizar que esos recursos se controlen con herramientas modernas, con tecnología de punta y con personal altamente calificado, no con 32 contralorías departamentales que, en muchos casos, son nidos de corrupción.
La propuesta de centralizar el control fiscal en la Contraloría General de la República, complementada con contralorías regionales técnicas, representa la única vía para romper este círculo vicioso. Quienes se oponen argumentan que las contralorías territoriales son necesarias por su cercanía a las regiones. Sin embargo, esa cercanía no ha impedido la corrupción ni ha mejorado la recuperación de recursos. Las cifras demuestran que la cercanía sin independencia técnica y sin herramientas modernas es simplemente inútil.
La modernización de la DIAN con inteligencia artificial, la implementación de plataformas de contratación abierta con trazabilidad total y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas son herramientas mucho más eficaces que mantener una burocracia obsoleta que cuesta 2 billones de pesos anuales. Ustedes, presidente y vicepresidente, tienen la oportunidad de hacer lo que ningún otro ha hecho: reducir el tamaño del Estado no en discursos, sino con hechos concretos. Si su meta es recortar 70 billones del gasto público, empezar por la Procuraduría y las contralorías territoriales es el ejemplo más contundente que pueden ofrecer a una ciudadanía que clama por eficiencia y transparencia.
Los colombianos necesitan un control fiscal que funcione, no un ejército de burócratas que solo sirve para engordar el presupuesto y satisfacer el apetito de poder de los políticos de turno. La reforma es posible y necesaria. No se trata de eliminar el control, sino de ponerlo donde debe estar: en la técnica, en la tecnología y en la independencia real del poder político. Se trata de construir un sistema que vigile con eficacia y que no simplemente justifique su existencia con informes que nadie lee y sanciones que rara vez se aplican.
El país reclama un cambio profundo, y ese cambio comienza por decir con firmeza y convicción, desde la Casa de Nariño: «adiós a la burocracia dorada».
