La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años de prisión a la exrepresentante a la Cámara del Centro Democrático, Tatiana Cabello Flórez. La providencia, que El Expediente publica hoy en su totalidad, confirma con pruebas documentales y testimoniales la investigación con la que este medio denunció en septiembre de 2017 la red de extorsión laboral que la excongresista operaba en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
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La Corte la halló culpable del delito de concusión continuada, con el agravante de coparticipación criminal y abuso de posición de poder, al probar que exigía a sus subalternos porcentajes de sus salarios a cambio de mantenerlos en los cargos.
El documento judicial describe la trazabilidad y la mecánica de los cobros. Cabello utilizó a funcionarias de su círculo de confianza, como Luisa Fernanda Puerto Vela y Nelsy Tirado Chacón, en calidad de intermediarias para recolectar los pagos bajo la justificación de sostener una «caja menor» destinada a gastos de la oficina y compras personales. Para borrar el rastro financiero, la excongresista instruía a las víctimas para que transfirieran el dinero a la cuenta bancaria de su conductor, Hernando Barón Ayala, quien retiraba las sumas en efectivo y se las entregaba directamente.
La sentencia detalla los testimonios y los casos específicos de las víctimas comprobadas: Luisa Fernanda Puerto, Nelsy Tirado, Lina Marcela García Pinto, Sonia Astrid Blanco Reyes y Daniela Salazar Puerto. El expediente expone la gravedad del caso de Salazar, quien ingresó a la UTL como pasante universitaria y fue obligada a entregar la totalidad de su asignación salarial neta —una cifra superior a los tres millones de pesos mensuales— bajo la amenaza de anular la validación académica de sus prácticas de pregrado si se negaba a entregar el dinero.
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El fallo de la Corte también prueba las acciones de encubrimiento y retaliación ejecutadas por la entonces representante cuando El Expediente destapó el caso y las pruebas llegaron al interior de su partido. En agosto de 2017, luego de que Lina Marcela García expuso audios y chats comprometedores ante la veeduría del Centro Democrático y ante dirigentes como Francisco Santos, Cabello la declaró insubsistente estando en plena incapacidad médica.
Para desviar la investigación, la excongresista forzó a sus empleados a firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de despido y contrató a un contador forense con el objetivo de maquillar las transferencias ilícitas como supuestos préstamos personales. Nueve años después de la publicación original, la decisión judicial penaliza estos hechos y le da carácter de verdad jurídica a la denuncia periodística.
