La Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio en calidad de indiciada a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exsecretaria general durante el gobierno de Gustavo Petro, por los presuntos delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia y celebración indebida de contratos. La diligencia se adelanta en el grupo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, en el despacho de la fiscal tercera delegada Gloria Marcela Abadía Cubillos, justo cuando la exfuncionaria expone públicamente presuntas irregularidades en la contratación y supuestas presiones al interior de la Casa de Nariño.
La decisión de vincular penalmente a Rodríguez se apoya en las mismas entrevistas y declaraciones públicas en las que ella relató lo que conoció mientras dirigió el Dapre, en el marco del escándalo de los contratos de 48 mujeres en la Presidencia. Para la defensa de la exfuncionaria, encabezada por el exministro Wilson Ruiz, la actuación del ente acusador busca intimidar y restar fuerza a quien hoy entrega información sobre el funcionamiento interno del gobierno anterior. Desde la óptica de los investigadores, en cambio, un servidor público de alto nivel que conoce de un delito en ejercicio de su cargo y no lo denuncia ante las autoridades incurre en una falta penal, razón por la cual también incorporaron al expediente comunicaciones de diciembre de 2025 sobre el trámite de hojas de vida enviadas por el entonces mandatario.
La funcionaria al frente de ese despacho, Gloria Marcela Abadía Cubillos, llegó a la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema durante la administración de la fiscal general Luz Adriana Camargo. Abogada de la Universidad Externado, especialista en Derecho Penal y Criminología y doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, Abadía ocupó antes la dirección de Política Criminal y Penitenciaria en el Ministerio de Justicia entre 2014 y 2018, y se desempeñó como magistrada auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su nombre ya había estado en el centro de la controversia política en junio de 2026, cuando llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los casos de las masacres de El Aro y La Granja tres días antes de la segunda vuelta presidencial, y pocos días después de ocupar el primer lugar en la lista de aspirantes a una magistratura en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras el despacho de Abadía avanza contra la exsecretaria general, el expresidente Gustavo Petro no enfrenta un proceso penal en la Fiscalía por estos hechos debido a que el fuero constitucional asigna esa competencia de manera exclusiva a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Ante esa instancia legislativa fue donde el actual director del Dapre en el gobierno de Abelardo de la Espriella, Carlos Andrés Ríos, anunció denuncias contra el exmandatario tras detectar los contratos de las 48 mujeres en los archivos de la entidad.
A la par de la indagación en su contra, Angie Rodríguez sostiene otros frentes judiciales. Denunció ante la propia Fiscalía una presunta red de espionaje ilegal, extorsión y supuesto envenenamiento en su contra tras su salida del gobierno, para lo cual aportó teléfonos celulares y exámenes toxicológicos practicados en España, al tiempo que el 9 de noviembre de 2026 un juez le ordenó rectificar señalamientos previos hechos contra la también exdirectora del Dapre Laura Sarabia. La diligencia de interrogatorio de Rodríguez ante la Fiscalía delegada, aplazada inicialmente por una incapacidad médica vigente hasta el 20 de noviembre, quedó reprogramada para la semana del 23 de noviembre de 2026.
