Por: Gustavo Rugeles
Desde hace más de un mes el comité de ética del Centro Democrático y los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema, están investigando presuntos cobros irregulares de parte de congresistas del partido a los contratistas de sus Unidades de Trabajo Legislativo. Una de las parlamentarias investigadas es la Representante por Bogotá, Tatiana Cabello y su asistente Luisa Puerto, esposa del comandante de aviación del Ejercito brigadier general Juan Vicente Trujillo.
Una de las colaboradoras de la UTL de la Representante Cabello, Lina García, denunció ante la veedora del partido, Mery Becerra, que a través de su asistente Luisa Puerto, le habría exigido consignar parte de su salario a una cuenta bancaria para poder mantenerla en su equipo de trabajo. Lina García, quien fue parte del partido desde el día uno de la fundación del Centro Democrático y llevaba más de dos años en la UTL de Tatiana Cabello, entregó soportes de las dos consignaciones por $670 mil pesos realizadas entre julio y agosto, audios y pantallazos de chat que soportarían su denuncia.
El expresidente Uribe conoció el tema y pidió que se adelantaran las investigaciones pertinentes y de llegar a comprobarse dio instrucciones para que la Representante se apartara del partido. Sin embargo, paradójicamente, quien terminó despedida declarada insubsistente, fue la persona que denunció.
El abogado de Tatiana Cabello es el penalista Iván Cancino quien conversó con El Expediente y dijo que se trataba de un montaje y que de momento no conocía prueba alguna que pueda soportar las acusaciones en contra de su defendida
El Fiscal Néstor Humberto Martínez está evaluando la denuncia que de comprobarse configuraría un delito penal y una falta disciplinaria similar a la acusación que se hace contra la hija del magistrado Gustavo Malo, Yara Malo, quien habría cobrado el 20% del salario de las personas a las que recomendaba en el sector judicial especialmente en la Fiscalía de Eduardo Montealegre.
No es la primera vez que en el partido del expresidente se presenta esta situación. En noviembre de 2015 el senador Rigoberto Barón, quien remplazó a la congresista Ana Mercedes Gómez, fue acusado por su jefe de prensa, Victoria Jaramillo, de cobrarle una parte de su sueldo para ‘apoyar la causa’. La investigación interna del comité de ética finalmente determinó que el congresista era inocente pues la funcionaria no aportó ninguna prueba reina.
