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El senador Duvalier Sánchez era contratista de Jamundí y su compañera, ordenadora del gasto de la misma alcaldía: ella firmó después 72 millones en contratos con otro municipio mientras él declaraba «No» a conflictos, y su elección está en juicio

por El Expediente
noviembre 16, 2026
en Corrupción
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El senador Duvalier Sánchez era contratista de Jamundí y su compañera, ordenadora del gasto de la misma alcaldía: ella firmó después 72 millones en contratos con otro municipio mientras él declaraba «No» a conflictos, y su elección está en juicio
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Por: El Expediente

En septiembre de 2025, el entonces representante Duvalier Sánchez Arango publicó dos declaraciones juramentadas en las que identificó a Lina María Rodríguez Cardozo como su cónyuge o compañera permanente y marcó «No» en la casilla que pregunta si los intereses de ella pueden generar un conflicto de interés. Para entonces, el registro de contratación pública ya mostraba que ella había firmado, por contratación directa, dos contratos de 27 millones de pesos cada uno con el Municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, el primero el 31 de mayo de 2024 y el segundo el 11 de abril de 2025. En enero de 2026 firmó un tercero por 18 millones. El senador, de Alianza Verde, inició su período el 20 de julio de 2026 con una segunda dificultad ya radicada: tres días antes, el 17 de julio, un ciudadano había demandado ante la Sección Quinta del Consejo de Estado la nulidad del acto que declaró su elección. Ese proceso sigue vivo, está en etapa de alegatos y no tiene sentencia. Los registros muestran lo que él declaró y lo que ella firmó.

La demanda, radicada con el número 11001-03-28-000-2026-00302-00, invoca la inhabilidad del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución, que impide ser elegido para dos corporaciones o cargos cuyos períodos coincidan en el tiempo, así sea parcialmente. Sánchez Arango fue representante a la Cámara por el Valle del Cauca entre 2022 y 2026 y resultó elegido senador para el período 2026-2030. El 20 de agosto, el consejero ponente Omar Joaquín Barreto Suárez admitió la demanda en única instancia. El 15 de octubre la Sección Quinta prescindió de la audiencia inicial y ordenó continuar por sentencia anticipada. El 30 de octubre corrió traslado de diez días para alegar y el 3 de noviembre se presentó un memorial. La ficha del proceso en el sistema SAMAI lo registra como vigente.

La certificación de la Cámara de Representantes señala que Sánchez Arango ejerció su investidura hasta el 19 de julio de 2026 y que el nuevo período comenzó al día siguiente. Sobre esas fechas, sobre la elección del 8 de marzo y sobre su declaratoria del 13 de julio deberá pronunciarse la Sección Quinta, y de su fallo depende que el senador conserve o pierda la curul.

El segundo frente no está en un tribunal sino en los formularios que el propio congresista diligenció. En sus declaraciones de bienes, rentas y registro de conflictos de interés de la Ley 2013 de 2019, correspondientes a los años gravables 2023 y 2024 y publicadas el 28 de mayo de 2024, el 17 de septiembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2025, Sánchez Arango marca «Sí» en el campo «Tengo cónyuge o compañero(a) permanente» e identifica por nombre y cédula a Lina María Rodríguez Cardozo. En esas mismas tres declaraciones marca «No» en la casilla que pregunta si los intereses de ella pueden generar un conflicto de interés, deja vacía la tabla de parientes con intereses susceptibles de conflicto y marca también «No» en potenciales conflictos personales.

Los tres contratos, de prestación de servicios profesionales de fiscalización tributaria, suman 72 millones de pesos y se firmaron por contratación directa. Las tres declaraciones del año gravable 2022 marcan también «No» en ese campo, sin nombrar a nadie. La pregunta que subsiste es qué entendía el congresista por conflicto de interés cuando, en septiembre de 2025, respondió «No» sobre una persona que ya contrataba con una entidad pública desde hacía más de un año.

La relación con la contratación estatal tiene antecedentes en el propio Sánchez Arango. El Sistema Electrónico de Contratación Pública registra cuatro contratos suyos de prestación de servicios con la Alcaldía de Jamundí, para la Secretaría General, firmados el 20 de enero de 2020, el 8 de mayo de 2020, el 19 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2021, por un total de 122,2 millones de pesos. Otros once contratos con la Alcaldía de Cali, entre 2013 y 2017, suman 143 millones. En total, quince contratos por 265,3 millones de pesos. No hay contratos estatales a su nombre desde el 1 de enero de 2022, y el Registro Único Empresarial no lo muestra como comerciante ni como representante legal de sociedad alguna.

En 2021, mientras él tenía contratos vigentes con Jamundí, el registro muestra a Lina María Rodríguez Cardozo como supervisora y ordenadora del gasto de 19 contratos de la Secretaría de Vivienda de esa alcaldía, firmados entre el 13 de abril y el 8 de octubre de 2021, por 602 millones de pesos, entre ellos uno de redes de alcantarillado por 388 millones. En esos contratos ella no era contratista.

Rodríguez Cardozo figura además, en el Formulario 6B del Consejo Nacional Electoral, como gerente de la campaña de Sánchez Arango a la Cámara en 2022. Esa campaña, por el Partido Alianza Verde en el Valle del Cauca, reportó 499.293.306 pesos en contribuciones, donaciones y créditos de particulares. El formulario público no lista aportantes.

Hay un cruce documentado que sí merece una explicación. Esteban Oliveros Montoya, hoy diputado de la Asamblea del Valle, firmó con Jamundí en 2020, en fechas próximas a las de Sánchez Arango, dos contratos por exactamente las mismas cuantías que los de él: 27.164.000 pesos en enero y 54.328.000 pesos en mayo. En octubre de 2022, ya con Sánchez Arango en la Cámara, Oliveros figura como contratista de esa corporación, en la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias, y en agosto de 2022 contrató con Santa Rosa de Cabal. Los registros muestran la coincidencia de entidad, fecha y valor. Quien quiera averiguar si esa repetición fue casualidad, práctica administrativa o decisión de un tercero tiene los números de los contratos para hacerlo.

Según el registro de la Cámara, Sánchez Arango figura como supervisor de cuatro contratos de su Unidad de Trabajo Legislativo entre 2022 y 2025, identificados como CPS_1865_2022, CPS_UTL_0023_2024, CPS_UTL_0012_2025 y CPS_UTL_0024_2025. Uno de esos contratistas figura por nombre como codemandante, junto a él, en una acción ante un juzgado administrativo de Pereira, el expediente 66001-33-33-007-2024-00232, según la ficha judicial, que solo trae nombres.

En lo patrimonial, sus declaraciones de la Ley 2013 registran ingresos de 151,2 millones de pesos en la versión inicial del año gravable 2022 y 273,8 millones en la corrección; 624,8 millones en 2023 y 721,1 millones en 2024, compuestos sobre todo de salarios, gastos de representación y cesantías. Declara una casa en Jamundí valorada en 340 millones, un inmueble en Cali por 610 millones en 2024, créditos hipotecarios con saldos de 113 y 400 millones, un fondo de ahorro de 13 millones e inversiones en factoring por 45, 165 y 135 millones en distintos años. Las declaraciones no identifican a los deudores de esas operaciones de factoring.

El Consejo Nacional Electoral, según se divulgó, calificó en Sala Plena el 25 de febrero de 2026 como violencia política de género un video suyo del 13 de enero dirigido a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y ordenó retirarlo y presentar excusas públicas. El texto de la resolución no se ha conocido.

La Sección Quinta tiene el expediente con los alegatos presentados el 3 de noviembre. De su decisión depende la curul de un senador que declaró «No» en conflictos de interés mientras su compañera permanente contrataba con un municipio.

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