Por: Francisco Hernando Muñoz Atuesta
Veedor Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia
El 23 de enero de 2020 el gobierno de Iván Duque declaró todo el contenido del naufragio del galeón San José como Bien de Interés Cultural de la Nación (BIC) y este 4 de marzo de 2022 declaró desierta la perversa Asociación Público-Privada (APP) que estructuró la administración Santos, la cual contemplaba el pago al contratista con hasta el 45% de la preciosa carga. Con estas decisiones el contenido del galeón San José se encuentra por el momento a salvo jurídicamente y espantada la jauría de carroñeros que lo acechaba. ¡Excelente!
No obstante, es válido preguntarse: ¿serán estos hechos una estrategia para evitar las incómodas realidades jurídicas que complicaron demasiado el asunto de la APP del galeón San José? Donde, una de esas realidades puede ser que, es mucho más práctico pagar con el patrimonio público (dinero) que comercializar el patrimonio cultural (piezas); otra, es que, en lo jurídico, esa APP se enredó demasiado y es mucho más fácil crear una nueva figura legal que permita dejar atrás toda esa maraña y facilite cristalizar el infame trato por vía alterna.
¿Cuál sería esa vía? El pasado 8 de febrero de 2022 el presidente Duque firmó el decreto 204 el cual nos han vendido como la panacea que protegerá el patrimonio cultural sumergido de Colombia, decreto que en el parágrafo único de su artículo 12 deja abierta la posibilidad para contratar directamente.
¿Qué causa esta suspicacia? El gobierno presentó dos argumentos sumamente válidos para declarar desierta la APP, primero, que no se pagará con parte del contenido, pues su totalidad fue declarada como BIC, y esa APP estaba apoyada financieramente en la comercialización de la carga; segundo, que dentro del acuerdo precontractual de esa APP se estableció el riesgo para el contratista de que todo el naufragio fuera declarado por el gobierno como perteneciente al patrimonio cultural, riesgo el cual el contratista aceptó en un 100%, riesgo que se cristalizó antes de la firma de la APP, así que el contratista perdió en franca lid, no tiene argumentos legales con visos de éxito para demandar. El asunto es que esos argumentos fueron expuestos por parte nuestra hace mucho tiempo ante la justicia y la opinión pública. ¿A qué obedeció este cambió? ¿Qué fue lo que pasó en realidad?
Pienso que las cosas podrían ir por otro lado. Desde octubre de 2021 tuvimos acceso legal a documentos reservados donde se prueba, de manera indiscutible, que el galeón San José fue hallado en 2015 en la misma zona donde había sido denunciado su descubrimiento por otra empresa extranjera en 1982, y que, por lo tanto, lo que se hizo en 2015 no fue más que un vulgar REDESCUBRIMIENTO, así que elevamos estas pruebas ante el Consejo de Estado, quien las tiene en su poder desde el 4 de noviembre de 2021, sin novedades hasta hoy.
Temiendo que a la luz del reciente decreto 204 de 8 de febrero de 2022, el gobierno fuera a firmar algún tipo de contrato con los señores de la ahora frustrada APP, o quienes hagan sus veces, para la “intervención científica” del galeón San José; el pasado 28 de febrero de 2022 presentamos ante el director general de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), doctor Camilo Gómez Alzate, las pruebas de ese evidente REDESCUBRIMIENTO que, como va dicho, fueron puestas en conocimiento del Consejo de Estado hace más de cuatro meses, y le hicimos saber que por ese REDESCUBRIMIENTO no se debe pagar un centavo, pues si lo hacen, incurren en un muy grave delito. Igualmente le hicimos ver que con esos señores no se debe hacer ningún acuerdo en que esté involucrado, directa o indirectamente, el contexto arqueológico del galeón San José, pues sobre ellos, el Ministerio de Cultura y la DIMAR entre otros, pesan denuncias penales por los presuntos delitos de VIOLACIÓN DEL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DEL GALEÓN SAN JOSÉ – ABUSO DE FUNCIÓN PÚBLICA – ASOCIACIÓN PARA LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – FAVORECIMIENTO – CONSPIRACIÓN – PREVARICATO POR OMISIÓN, entre otros.
Una vez dejadas estas inquietudes en manos del Defensor Jurídico del Estado, el pasado 7 de marzo de 2022 dirigimos un derecho de petición solicitando al Señor Director de la ANDJE que nos confirmara si había puesto en conocimiento de las autoridades competentes los claros indicios del REDESCUBRIMIENTO como le obliga el artículo 67 del Código de Proceso Penal. Este derecho de petición fue contestado hoy 14 de marzo de 2022 y nos parece inconcebible lo que responde esta entidad:
“La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifiesta que con base en la información que a la fecha dispone, no conoce ningún “redescubrimiento” de un pecio ni advierte conducta alguna que le implique a ella actuar en los términos de artículo 67 del Código Penal. Si usted posee pruebas científicas de lo contrario, deberá acudir a las instancias que considere pertinentes”.
Es evidente que están en negación (mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto), ya tendremos oportunidad de colaborar en la terapia. Por ahora, como nos obliga nuestra legislación penal, iniciamos la elaboración de las correspondientes denuncias sobre dicho REDESCUBRIMIENTO para ser presentadas ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General de la Nación, así como ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la UNESCO y la Corte Penal Internacional.
De hecho, es que inquieta y mucho, que el contratista de esa tal APP haya guardado silencio en las más recientes acciones legales, dejando —de facto— en manos de la ANDJE ese recurso. Es que no es común ver fieras abandonar su presa sin luchar y menos que dejen por abogado a quien les despoja.
Por otra parte, ya estamos viendo en medios y redes sociales publicaciones en favor de la causa del contratista de la malograda APP que hablan de demandas y otros demonios y tememos que todo sea una puesta en escena para presionar algún tipo de acuerdo entre las partes, lo que entenderíamos como una burla descarada a la justicia y a la razón.
El lector puede preguntarse ¿pero entonces cuál es el camino para adelantar el proyecto? ¿Qué es lo que se debe hacer? Le respondería, que el camino es adelantar el proceso como ha debido hacerse desde el inicio, como un proyecto de Estado, de carácter eminentemente científico, abierto a la academia nacional e internacional, obedeciendo a reales políticas públicas que permitan entre otras cosas la colaboración internacional.
Termino diciendo, que es incomprensible que se haya dejado botado a su suerte durante tantos años el galeón San José en unas coordenadas de conocimiento público, teniendo presente que el Titanic está siendo saqueado a 4 mil metros de profundidad y no tiene la carga multimillonaria que hay en el San José a sólo 600 metros. Aterra pensar que todos estos ires y venires hayan dado oportunidad a terceros indeterminados para el saqueo continuado del contexto arqueológico del galeón San José y, mientras que gastamos nuestros esfuerzos en participar de un discurso público lleno de alegatos, temores y tensiones, los amigos de lo ajeno se lo pueden estar robando. El gobierno manifiesta que esto lo tiene bajo control la Armada Nacional, aunque en los citados documentos reservados que recibimos legalmente, esta Noble Institución manifiesta claramente que no tiene como hacerlo.
Así que, como dice Karol G, ¡Basta ya!, exigimos al gobierno que adelante de inmediato la inspección y verificación del estado actual del contexto arqueológico del galeón San José, acompañados por especialistas nacionales e internacionales, quienes pueden, en tiempo real y de manera virtual, analizar la condición del naufragio y rendir un informe a la opinión. En diciembre de 2021 ha debido llegar al país un vehículo submarino que compró la Armada Nacional en miles de millones, el cual tiene todos los juguetes necesarios para transmitir en directo a Colombia y el mundo, el estado en que este gobierno deja o entrega este contexto arqueológico a la próxima administración; los candidatos a la Presidencia de la República deben acompañar esta exigencia, al fin y al cabo, si es que lo saquearon, le pueden terminar echando la culpa al que entre, diciendo, qué si eso pasó, fue después de ellos haberse ido…
Así que los invito a todos a exigir con firmeza a este gobierno que presente con absoluta y total transparencia la condición exacta en que hace entrega física del contexto arqueológico del galeón San José.
¡Verificación Ya!
