Por: Germán Senna Pico
Lo que pasó con la periodista Salud Hernández, hace pocos días en el municipio de Suarez Cauca, no se debe pasar por alto. Y es sorprendente y desalentador, que ningún periodista o medio se haya solidarizado con ella o exigir al ministerio del interior y a la fiscalía, que se investigue a los miembros del consejo comunitario de la Toma en Suarez Cauca, que en coordinación con el grupo armado y narcotraficante Jaime Martínez de las FARC, impidieron que ella realizara el trabajo de reportaría e investigación en zonas aisladas del país que esta periodista realiza desde que llegó a Colombia hace más de 20 años.
Señores Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del derecho. Los miembros del consejo comunitario de la Toma en Suarez, no actuaron cómo un ente administrativo de gobierno autónomo inmerso en la constitución como lo ampara la Ley 70/93 y el artículo 3º. Del Decreto 1745 de 1995, ellos actuaron como grupo armado o en alianza con ellos, así sucedió en Suarez Cauca la semana pasada cuando de manera coordinada, supimos que miembros de ese consejo comunitario, se enlazaron de manera permanente con las milicias y la comandancia del grupo armado Jaime Martínez de las FARC, para impedir el trabajo de reportaría de una periodista, en este caso específico de Salud Hernández Mora.
Como lo dice ella misma en un video y de manera temerosa, lo que en una oportunidad hacían los grupos terroristas impidiendo que se investigue la criminalidad y actos de terrorismo en zonas en conflicto, ahora lo hacen entidades o figuras asociativas de gobierno y que desafortunadamente en este caso, están legalmente constituidas ante la constitución y la Ley. Esperamos se investigue y se aplique justicia a los miembros de este consejo comunitario que aliados con la Jaime Martínez, impidieron a una periodista el trabajo de investigación acerca de lo que ocurre en esta zona.
Hablé con dos periodistas caucanos acá en la ciudad de Popayán, sobre lo ocurrido con el consejo comunitario de la Toma y, quedé más sorprendido con sus respuestas, dijeron “no nos atrevemos a decir nada acerca de los vínculos de los consejos comunitarios y de reservas campesinas en esta zona con los grupos armados FARC y ELN, porque eso originaría un atentado contra nosotros en nuestras propias casas”. Pueden las autoridades dimensionar como se están manejando estas figuras asociativas de gobierno autónomo en Cauca y otras regiones del país.
Sería bastante aterrador el panorama de violencia en nuestro país, si de verdad ocurriera un rearme de autodefensas como hemos sabido, están planeando en Antioquia y Córdoba (a la vieja usanza) de los años 80. La forma descarada y como si fuera legítimo su proceder, el de estas asociaciones u organizaciones “sociales”, los pone en el radar de objetivos legítimos de organizaciones de extrema derecha como ocurrió en magdalena medio y nordeste antioqueño en los años 80, Córdoba, Urabá y otras regiones del país donde se presentó un verdadero derramamiento de sangre que por lo visto muchos no recuerdan o no dimensionan.
Cada día vemos más acciones coordinadas de asociaciones de civiles contra la fuerza pública, ponemos de presente como la autodenominada “guardia indígena” impide a los soldados del comando especifico del Cauca al mando del General John Jairo Rojas, realizar operativos contra las FARC en determinadas zonas e incluso secuestrando a soldados aludiendo autonomía y gobierno propio en sus resguardos, pero al mismo tiempo, vemos un maridaje entre estas organizaciones y los grupos terroristas FARC y ELN. Así quedó evidenciado esta semana como un grupo de cocaleros o aparentemente de “civiles” secuestró a un nutrido grupo de soldados de la segunda división del Ejército en Norte de Santander zona del Catatumbo.
Esto no es el actuar de una comunidad campesina, esto es el actuar de un grupo armado que se camufla como comunidad campesina y se debe investigar y judicializar a los supuestos “líderes” de estas organizaciones que se prestaron en un maridaje con el ELN y FARC, para llevar a cabo el secuestro y obstrucción de las labores y obligaciones de los militares en esta zona. En esta actuación hay que dejar claro que el presidente de Colombia o inducido por sus asesores, no está actuando como debiera en estas situaciones, sabemos que los soldados no van a usar sus armas contra quiénes se agruparon para secuestrarlos pero, para disuadir e impedir estas actuaciones de grupos aparentemente de civiles, está el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, y se debió usar todos los recursos del Estado para que este escuadrón acudiera a ese sitio e imponer el orden y, con la fiscalía, judicializar en flagrancia a quienes organizaron el secuestro de los militares encargados de la erradicación de cultivos ilícitos en Catatumbo.
Pasando a otro plano sobre lo que sucede en Cauca, ponemos de presente que la semana anterior llegó a Bogotá miembros de las comunidades indígenas cristianas de Betania y cabildo nueva generación Nasa, asentadas en veredas de Caldono y Santander de Quilichao; llegaron a la dirección de Etnias y al ministerio del interior a pedir auxilio y socorro por las permanentes amenazas contra sus líderes y por el reclutamiento forzado de más de 35 menores de 14 años en sus territorios, vinieron varias madres a quienes se les llevaron sus hijos de los cuales cuatro de ellos fueron devueltos 20 días después en bolsas de polietileno, denunciaron la desescolarización de más de 200 niños en sus comunidades pero, no se imaginan la desolación y desconsuelo de estas comunidades al irse de nuevo a sus territorios, sin obtener una voz de aliento o solución a su problemática por parte del ministerio del interior.
Fuimos enterados por parte de estos gobernadores indígenas, del trato despectivo y humillante de la directora encargada de la dirección de etnias del ministerio del interior la señora Lucía Margarita Soriano Espinel, quien se dirigió a ellos como si fueran delincuentes y no víctimas de los grupos armados FARC y ELN en esta zona, la señora Lucía Margarita Soriano, fue capaz de arrebatarle el teléfono al líder indígena Florentino Ulcué Collazos para impedir que este grabara el trato despectivo y arrogante cómo esta funcionaria del gobierno los trató. Se suma a que estas comunidades llevan más de diez años exigiendo al ministerio su reconocimiento y por decisión política de estas directivas, no se les ha querido otorgar lo que por derecho se han ganado ya que no están en territorios de resguardos ni de Monchiques ni del resguardo de Caldono, incluso tienen escrituras de sus propias tierras y, aun así, la dirección de etnias del ministerio del interior los desconoce.
Pero mientras que el ministerio del interior, les niega el reconocimiento a cabildos independientes no afines al CRIC y a la ACIN, comete un acto de perjurio al reconocer dentro de un mismo resguardo a otro cabildo que no ha sido elegido en asamblea; la norma es bien clara y dice que en un resguardo no pueden existir dos cabildos, bien sea dos gobernadores. Y hace poco, el ministerio del interior, a través del viceministerio a cargo de Carlos Alberto Baena, legitimó otro cabildo en el resguardo de la María Piendamó, hecho a todas luces ilegal ya que se saltó la norma que prohíbe que dos gobernadores ejerzan en un mismo resguardo, creando un conflicto al interior de la comunidad Misak del resguardo la María que tiene como autoridad legítima en este momento al gobernador Enrique Yalanda.
Así está manejando el desmadre en Cauca la actual dirección de Etnias del Ministerio del Interior esta vez bajo la tutoría del viceministro Carlos Alberto Baena los asuntos indígenas debilitando la institucionalidad y dando rienda suelta a que sea el CRIC y la ACIN quien proceda como dueño y señor del manejo recursos y decisiones contra sectores indígenas que no están de acuerdo al manejo que estas organizaciones realizan en el Cauca.
