El 15 de abril de 2017 El Expediente publicó su primer artículo. Se titulaba «Felipe Jaramillo Samper: el señor de las armas favorecido por Santos» y documentaba cómo un mega contratista de las Fuerzas Militares — amigo personal del presidente Santos, con 21 contratos por $55.000 millones y 49 incumplimientos documentados por la propia Fuerza Aérea — seguía ganando licitaciones sin que nadie dijera nada. Ese primer artículo definió el tono de todo lo que vendría después.
Hoy, 3.287 días más tarde, cerramos el primer decenio con 4.784 publicaciones. Muchos proyectos periodísticos no sobrevivieron este tiempo. El Expediente siguió. Lo que nos ha mantenido en pie no es la publicidad oficial ni el favor de ningún grupo económico o político. Son nuestros lectores, nuestras fuentes y todos los que han confiado en este medio cuando otros preferían callar.
Las amenazas que no nos detuvieron
En nueve años hemos recibido amenazas de muerte, presiones judiciales y hostigamiento sistemático documentado por la Fundación para la Libertad de Prensa. En abril de 2022, tras publicar investigaciones sobre corrupción en La Guajira, recibimos una llamada amenazante de un hombre con acento guajiro que afirmó saber dónde vivíamos. En agosto de ese año llegaron mensajes intimidatorios tras revelar vínculos del representante legal de Francia Márquez con filtraciones ilegales de audiencias. En diciembre de 2022, un video publicado en redes por alguien que se identificó como integrante de un grupo armado ilegal convirtió a El Expediente en objetivo — la FLIP emitió una alerta pública. En marzo de 2025, una nueva amenaza de muerte llegó vía Facebook desde una cuenta que llevaba meses hostigando al director del medio. El 4 de marzo de ese año, el director fue detenido por la Guardia Presidencial mientras se movilizaba en un vehículo de la UNP bajo el argumento de una «orden presidencial». El 14 de julio de 2025, una llamada telefónica de quien se identificó como integrante de Nueva Marquetalia amenazó con que el director terminaría «como Miguel Uribe» si no dejaba de publicar. La FLIP elevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó medidas cautelares. La senadora Martha Peralta interpuso una tutela contra El Expediente — los jueces la negaron. Ninguna de esas presiones cambió una línea de nuestra cobertura.
Un recuento de solo algunas de las investigaciones y primicias que marcaron estos nueve años.
2017 — La mermelada, el nepotismo y Odebrecht
El primer año documentó el entramado burocrático del gobierno Santos desde múltiples ángulos. La Fiduprevisora capturada por Benedetti y Euclides Torres, con contratos direccionados por $88.000 millones. El nepotismo de Alfonso Prada en el SENA con diez familiares en nómina. La fila de Humberto De La Calle — jefe negociador de paz en La Habana — en la clientela pública de Santos, con sus hijos en cargos oficiales mientras él negociaba en Cuba. Los vínculos de De La Calle con Odebrecht, la empresa brasileña que compró la política colombiana. Y la investigación sobre el litigio estratégico de Thomas Greg & Sons para silenciar medios de comunicación.
2018 — Miami, la inteligencia y el lavado
La investigación sobre la mansión de USD 1,7 millones de Daniel Coronell en Coral Gables sin explicación sobre el origen de los recursos. Los documentos que salpicaron al jefe de inteligencia colombiana en el caso de Fernando Balda — el opositor venezolano secuestrado en Ecuador con participación de agentes del Estado colombiano. Y en diciembre, la primicia de que la DIAN le pidió a la Fiscalía investigar por lavado de activos a familiares de las directivas de Findeter y Fiduprevisora.
2019 — Mockus, el Cartel de Sinaloa y los periodistas ecuatorianos
La investigación sobre el contrato de Corpovisionarios — la firma de Antanas Mockus — con la UAESP, con 120 observaciones de corrupción documentadas por la Personería Distrital. La historia secreta detrás del asesinato de los tres periodistas ecuatorianos de El Comercio: los USD 10 millones del Cartel de Sinaloa que apretaron el gatillo de alias Guacho y las FARC — una investigación con resonancia internacional.
2020 — La pandemia y Centros Poblados
La investigación sobre la desbordada contratación de Carlos Caicedo en el Magdalena durante el Covid-19: $50.000 millones gastados desde el 17 de marzo, $35.000 millones entregados a diez contratistas en contratación directa, con irregularidades que derivaron en imputación de la Fiscalía. Y la investigación sobre el Partido Liberal y la Casa Gaviria en el entramado de los Centros Poblados — uno de los mayores escándalos de corrupción rural del país.
2021 — Santrich, el Zarco y Benedetti
El 17 de mayo de 2021 El Expediente fue el primer medio en confirmar la muerte de Jesús Santrich en Venezuela, detallando la Operación ARES y revelando que dos generales y un coronel de la Guardia venezolana lo vendieron por USD 300.000. Días después publicamos la identidad de El Zarco Aldinever, la siguiente baja. Y confirmamos en primicia la llamada de Benedetti para favorecer a Centros Poblados.
2022 — El año de las grandes revelaciones sobre Petro y su círculo
En marzo identificamos en primicia a alias Simona, cabecilla de las primeras líneas que atacaron la Catedral Primada: Giovanna Balyd Ramírez Verdugo, estudiante de la Universidad Distrital. Publicamos la filtración de los nombres, direcciones, teléfonos y esquemas de seguridad de los protegidos del Estado. Revelamos que los Gilinski recomendaron a Diana Osorio como fórmula de Petro. Documentamos que Francia Márquez estuvo junto a Piedad Córdoba en las negociaciones con las FARC en La Habana. Investigamos quién es el dueño del condominio donde vive la vicepresidenta y revelamos que el propietario de su casa de descanso tiene $10.000 millones en contratos con el Estado. En julio publicamos en primicia el equipo de empalme completo del presidente electo Gustavo Petro. Revelamos que Euclides Torres, testaferro de Benedetti, fue su mano derecha en las reuniones de la embajada en Venezuela. Y denunciamos que un video de un miliciano de las FARC convirtió a El Expediente en objetivo militar.
2023 — Maduro, el Clan Torres y el ministro rockero
En junio publicamos en primicia que Maduro financió la campaña de Petro a través del Clan Torres — una revelación que Benedetti le había contado a la DEA antes de perder su visa a Estados Unidos. Publicamos el ABC completo sobre el Clan Torres y la financiación de la campaña Petro. En julio revelamos el video de Omar Andrés Camacho — candidato a ministro de Minas — como vocalista del grupo de cabezas rapadas RASH. Publicamos la confesión de Juan Fernando Petro y el Pacto de la Picota. Anticipamos los tres movimientos más importantes de la barrida en el gabinete de Petro. Revelamos que Daniel Coronell le tumbó al fiscal que lo investigaba por corrupción. Y en Guatemala, El Expediente destapó primero la trama de la orden de captura contra Velásquez y Camargo.
2024 — La UNGRD, las notarías, Uribe y el Gripen
Revelamos en primicia que Francia Márquez aparecía en el principio de oportunidad de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Publicamos el escándalo de las ollas comunitarias en La Guajira con $61.000 millones desviados. Investigamos el carrusel de notarías en el gobierno Petro con Laura Sarabia y Mauricio Pava. Revelamos en primicia quién fue el último en reunirse con los involucrados en la UNGRD — Guillermo Jaramillo, el que faltaba en el cónclave. Anticipamos la entrevista del exviceministro de Defensa a Vicky Dávila. Franklin Castañeda confirmó nuestra revelación sobre Enrique Santos en la fundación que pagó al testigo contra Álvaro Uribe. Los jueces negaron la tutela de Martha Peralta contra El Expediente. Y en diciembre, en primicia: Yernei Pinillo, pareja de Francia Márquez, vinculado a la Policía tras ocho meses de curso.
2025 — El gran especial OFAC y Miguel Uribe
El año más prolífico en investigación internacional de la historia del medio. Publicamos en primicia que la UNP negó la solicitud de seguridad de Miguel Uribe antes del atentado y revelamos los documentos que lo prueban. Señalamos en primicia a Nueva Marquetalia como responsable del ataque. Publicamos en primicia el cambio de mando en la Policía Nacional — sale Sanabria, llega Salamanca — antes de cualquier anuncio oficial.
En octubre lanzamos el gran Especial OFAC — más de 24 entregas sobre las implicaciones de la sanción del Tesoro de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás. La serie documentó: qué es la OFAC y cómo opera su «muerte civil» financiera; cómo sobrevive un intocable en la lista SDN; qué riesgo corren los subalternos de un presidente sancionado; los bancos en la línea de fuego; la zona de contagio que apunta al círculo de Petro; la ruta BRICS cuando la diplomacia se cruza con la lista OFAC; el activo prohibido: cómo Scotiabank terminó sirviendo a un designado OFAC; si Ricardo Roa coopera con Washington o arrastra a Ecopetrol al colapso; el Gripen colombiano bajo la lupa OCDE-OFAC; la vaca en el pantano detrás del informe de la UIAF; los archivos de Calarcá como bomba geopolítica que atraviesa a Petro, Francia Márquez y la seguridad nacional de EE.UU.; y a Manuel Grau Pujadas, el financiero en la sombra que sostiene a una designada OFAC. Cuando Benedetti exigió a Sura explicaciones por la cancelación de su póliza, El Expediente reveló la verdad: no fue la reforma de salud — fueron sus propias sanciones OFAC. En septiembre habíamos revelado que la jueza Sandra Heredia llegó al cargo sin aprobar los exámenes de mérito, cuestionando la legitimidad del fallo contra Uribe. En noviembre publicamos la entrega VIII sobre el M-19 al mando de la UIAF.
2026 — Washington, Maduro y el magnicidio resuelto
2026 — El año en que El Expediente entra a la campaña presidencial con primicias
En enero revelamos que Petro y Cepeda están en la mira de Washington dentro del expediente contra Maduro, por su alianza con las FARC. Revelamos el indictment contra Maduro y su pacto de sangre con las FARC como eje central de su caída.
En marzo publicamos que las fiscalías de Nueva York tienen a Petro en la mira del narco — la investigación que puede explotar la paz total y desencadenar una crisis diplomática de proporciones históricas.
Documentamos el linaje político de Iván Cepeda Castro — sus vínculos familiares con la masonería, el comunismo y las FARC, su abuela Aurita Chadid y su abuelo Gustavo Castro, los lazos de sus padres con el Partido Comunista — en una serie de investigaciones que se convirtieron en las más compartidas del año.
Revelamos que la pauta digital de Cepeda en Meta estaría siendo pagada con recursos del Estado. Publicamos la investigación sobre la red de negocios de las hermanas Plata — contratos con el gobierno Petro, un empresario chino fotografiado con comandantes de las FARC y un apartamento de $1.300 millones pagado en efectivo.
Denunciamos que el ICBF enfrenta investigaciones simultáneas de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría por un cartel de contratistas y un desfalco de $860 millones en alimentos para niños de La Guajira. Y publicamos el especial sobre el Concurso 27 de la Rama Judicial: el Estado pagó $75.000 millones para formar jueces, cambió las reglas del examen dos meses antes, eliminó a cerca de mil candidatos con preguntas de origen desconocido y usó inteligencia artificial para descalificar aspirantes — una investigación en tres entregas que toca el corazón del sistema judicial colombiano en año electoral.
Nueve años. 4.784 publicaciones. 3.287 días. Las amenazas no nos detuvieron. La presión judicial no nos silenció. El poder que investigamos no pudo cerrar este expediente.
Gracias a nuestros lectores. Gracias a nuestras fuentes. Seguimos.
