Por: José Fernando Torres Fernández de Castro
Con mi acostumbrado respeto, quiero dar mi opinión sobre el comunicado difundido en redes por el autodenominado Centro Político, y que algunos de sus firmantes están circulando e invitando a suscribir. Yo, por mi parte, no solo no lo suscribo sino que, además, siento la necesidad de criticarlo.
Detrás de la retórica constitucional del “Manifiesto del Centro Político” se esconde una operación política inoportuna. Lo firman y promueven, entre otros, dos exministros de Gustavo Petro —José Antonio Ocampo y Alejandro Gaviria— y varias personas que meses atrás respaldaron la candidatura de Paloma Valencia. A menos de un mes de la posesión de Abelardo de la Espriella (ADLE), el país no necesita nuevos palos en la rueda para obstaculizar la marcha del gobierno entrante; ahora se necesita el margen de confianza que toda transición democrática merece y un decidido apoyo de la ciudadanía para corregir el desastre que deja Petro como legado. El comunicado, sin embargo, escoge la sospecha selectiva, y lo hace con cuatro fallas de fondo.
La primera es nominal, pero no menor. El manifiesto se ampara en la etiqueta de “Centro Político” como si fuera sinónimo de mesura y objetividad, cuando en la práctica el centro no significa nada. La política se mueve entre dos polos: el proyecto de izquierda que encarnaron Petro y Cepeda, y el de derecha que hoy representa De la Espriella —etiquetas imprecisas, pero que al menos describen posiciones—. Un tercer espacio que no fija postura frente a ninguno de los dos extremos no es equidistancia: es la ausencia de una posición propia disfrazada de neutralidad. Y en este caso la elección del nombre no es inocente: bajo la bandera del “centro” se agrupan exministros de Petro que callaron durante cuatro años o fueron parte del problema generado por Petro, una alianza que solo se explica por a quién critica —a De La Espriella— y no por lo que afirma. Un “centro” que solo aparece para frenarle la mano a la derecha entrante, y nunca exigió nada equivalente a la izquierda que gobernó, no es centro: es oposición con otro nombre.
La segunda es jurídica. El documento exige a ADLE renunciar a su nacionalidad estadounidense invocando un “conflicto de interés”, pero esa exigencia no tiene respaldo en la Constitución ni en la jurisprudencia. La Corporación Excelencia por la Justicia, que dirige Hernando Herrera Mercado, prestigiosos abogados y un grupo de 13 expresidentes y exmagistrados de las altas cortes —entre ellos María Claudia Rojas, Gloria Stella Ortiz, Alejandro Linares, Luis Guillermo Guerrero y Jaime Arrubla—, ampliamente difundido en la revista Semana, El Tiempo y otros medios, salió precisamente a desmontar esa tesis, y calificó el argumento del “conflicto de lealtades” como una hipótesis política y no como una incompatibilidad jurídica real. Los mismos juristas que cuestionaron la doble nacionalidad de De La Espriella nunca objetaron la nacionalidad italiana de Gustavo Petro; como advirtieron otros constitucionalistas, no existe controversia en ese caso, “como no la ha habido frente al hecho de que el presidente Petro sea también italiano”. Pedirle ahora a De La Espriella lo que nunca se le pidió a Petro no es coherencia institucional: es hacerle coro a Iván Cepeda, cuyo entorno —incluido el exmagistrado del CNE que demandó la inscripción del candidato por esta misma razón— viene sosteniendo idéntico argumento desde antes de la segunda vuelta.
La tercera falla es la omisión electoral. Lo admirable de la jornada del 21 de junio fue el desempeño de la Registraduría; no lo fue el del gobierno saliente, que puso el aparato estatal al servicio de la candidatura de Iván Cepeda. No es admirable el silencio del comunicado frente a ello y frente al fenómeno hoy documentado como “voto fusil”. Según cifras recogidas tras la segunda vuelta, la anomalía de mesas con el 100 % de los votos para Cepeda se amplió a 485 puestos, equivalentes a casi 55.000 sufragios, concentrados en zonas con fuerte presencia de grupos armados ilegales. Un estudio del Instituto de Ciencia Política y la Fundación Colombia 2050 identificó 504 puestos de votación con señales atípicas de coacción armada fuera de Bogotá, y el movimiento de De La Espriella radicó una denuncia penal ante la Fiscalía por constreñimiento al sufragante. La fundación Misión Colombia Transparente fue más lejos: reveló en exclusiva a La Noche de NTN24 que 3.949.159 votos de Cepeda —el 31,07 % de los 12,7 millones que obtuvo— corresponden a atipicidades detectadas en 25.029 mesas de 5.654 puestos repartidos en 520 municipios, y anunció que llevará esas pruebas también ante autoridades de Estados Unidos. Es cierto que analistas como los de La Silla Vacía y ColombiaCheck han matizado el alcance de esas cifras, atribuyendo parte del fenómeno a la alta participación indígena y a la pobreza estructural de la periferia. Pero precisamente por tratarse de un debate abierto y con una denuncia formal en curso, un manifiesto que se autoproclama defensor de la “pulcritud” electoral no podía guardar silencio sobre él. Callar ese flanco mientras se exige la renuncia a una nacionalidad sin fundamento jurídico delata el verdadero sesgo del documento.
La cuarta falla es la del silencio selectivo. Ocampo fue el ministro de Hacienda que impulsó la reforma tributaria de 2022, calificada por una alianza de 38 gremios empresariales —representativa de 7.000 empresas— como una medida que golpeaba la inversión, la actividad empresarial y la generación de empleo. Durante los cuatro años de gobierno de Petro, ni Ocampo ni Gaviria ni la mayoría de los firmantes elevaron un pronunciamiento público de este calibre sobre la polarización, la crisis de seguridad o el manejo del erario. Solo ahora, cuando el poder cambia de manos, aparece la urgencia moral. Es el mismo libreto que le costó a Karol G una cascada de críticas en redes cuando le exigió a De La Espriella “gobernar para todos” apenas días después de la elección, sin haberle dicho una palabra equivalente a Petro en cuatro años; la diferencia es que ella no invocó la Constitución para pedir la renuncia a una nacionalidad. Guardar silencio ante el propio gobierno y madrugarle exigencias jurídicamente infundadas al que apenas entra no es defensa institucional: es oportunismo con toga.
Nada de esto significa que De La Espriella deba gobernar sin escrutinio. Cuando haya actos de gobierno que lo merezcan, la crítica será tan legítima como necesaria. Pero exigirle ahora, antes de posesionarse, una renuncia sin sustento jurídico —mientras se omite el papel del gobierno saliente en la contienda— no protege la democracia colombiana: la debilita al restarle margen de maniobra a un mandato que apenas comienza y que el país, dividido y exhausto, necesita ver funcionar.
