Por: Fernando Álvarez
La desobediencia civil que pretende impulsar el candidato perdedor de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda, es una pataleta digna de alguien que no acepta las reglas de la democracia, que se siente incómodo con las instituciones o con la legitimidad de los procesos electorales. La sola justificación es ambigua e incoherente por cuanto no está dirigida a incumplir una norma o una medida específica, que es lo que caracteriza un acto de desobediencia civil. Categoría que se conoce como una forma de disidencia política que consiste en una quiebra consciente de la legalidad vigente con fines de suplantar o trasgredir una decisión normativa para que sea reemplazada por otra que supone estar más acorde con los intereses generales.
Pero en este caso no aplica la ortodoxia de lo que significa la desobediencia civil. No se sabe qué es lo que se quiere desobedecer. ¿La ley?, ¿los resultados electorales?, ¿el acato a las órdenes de las autoridades civiles o militares? En cualquier caso, significa asumir una actitud delictiva consciente y estar dispuesto a aceptar sus consecuencias legales. Se entiende por desobediencia civil la insumisión al Derecho motivado por consideraciones políticas o morales que a pesar de ser ilícitas mantienen cierta lealtad constitucional. Allí se acepta como legítimo el sistema democrático y se ve como el más apropiado para la toma de decisiones colectivas. En ese sentido es un contrasentido apelar a la desobediencia civil porque no se aceptan las reglas de la democracia.
Al analizar su motivación se descubren las intenciones reales del candidato perdedor, que apenas unos días atrás había dicho que aceptaba el resultado electoral y reconocía a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia. El trasfondo de esta nueva peor postura, acompañada de un inusual pliego de peticiones, nada relacionado con los resultados electorales, es intentar poner un petardo a la posesión de Abelardo de la Espriella. Con la aparente objeción a su doble nacionalidad, la cual taxativamente no constituye impedimento alguno, queda en evidencia que se trata de un pretexto para intentar sacar las masas a la calle antes de que se posesione El Tigre, con la trasnochada perorata izquierdista de que Abelardo podría ser un agente de la CIA.
Lo que también oculta esta decisión belicosa de Cepeda, de última hora, es el profundo temor a que Gustavo Petro sea extraditado, ahora que se han conocido los documentos secretos sobre las alianzas con clanes narcotraficantes y los movimientos sospechosos de militares comprometidos con la lucha antidrogas. Una de las inusuales exigencias y que a todas luces resulta inaceptable en cualquier nación que se proclame un Estado de Derecho es que al asumir la presidencia De la Espriella se deba comprometer a no extraditar a Petro. Petición descabellada ya que este es un tema que depende de que exista una solicitud de extradición y que el país que la pide aporte las pruebas, más no de un juramento voluntarista por fuera de la ley o que ignore tratados internacionales.
La desobediencia civil que propone Cepeda, que es la misma resistencia a la que invita el presidente saliente, Gustavo Petro, es una pretensión de generar caos con el fin de provocar ambiente de ingobernabilidad. Es la intención de revivir paros y bloqueos que les sirvieron en el 2021 para construir el escenario en el que las primeras líneas y los terroristas urbanos se desmandaron en toda clase de actos vandálicos contras los policías de los CAI, los buses articulados y los establecimientos comerciales para incidir en las elecciones de hace 4 años. Nada ajeno a lo que propone una joven militante de la Juventud Comunista que llama a los jóvenes y a los comunistas a hacer invivible este país para que la derecha se entere de que su estrategia terrorista sí aterroriza.
Lo de la doble nacionalidad es la expresión mas burda de la doble moral. El propio Gustavo Petro tiene también nacionalidad italiana. El argumento de que en Estados Unidos se jura lealtad con el país al adquirir la nacionalidad les hace suponer que eso equivale a jurar deslealtad con Colombia, como si cuando alguien se posesiona en un cargo público y jura por Dios y por la Patria cumplir con la Constitución y la ley asuma que eso implica automáticamente incumplirle a alguien. La lealtad a un país no implica deslealtad a otro. Ni los gringos piensan que por ser leal a su país de origen un nuevo ciudadano norteamericano los va a traicionar. En ejercicio de patrioterismo ramplón pretenden agitar banderas nacionalistas quienes han sido leales a Cuba y Venezuela.
Al final lo que habrían de tener presente los impulsores de la desobediencia civil y los amigos de la resistencia armada es que mas allá del juego de palabras que escojan la desobediencia civil es una acción deliberada e intencional y que sus activistas no tienen licencia para actuar por fuera de la ley. Si lo que quieren es protestar están en su legitimo derecho pero si lo que pretenden es reactivar sus cuadros vándalos para bloquear vías, incendiar buses o camiones y asaltar CAI se van a tener que enfrentar a la obediencia militar y a la obediencia constitucional. Y así ellos hayan jurado lealtad con Lenin, Stalin, El Che, Fidel, Chávez, Maduro y Ortega van a confrontar a alguien que ha jurado lealtad a la libertad, al orden y a la Patria.
La desobediencia civil debe responder a una pretensión de cambio enmarcada en el reconocimiento de los deberes generales de los ciudadanos en una sociedad libre. Pero en particular debe realizarse a partir de la lealtad con las reglas de juego del orden constitucional. Por lo que resulta claro que no es esa la intención manifiesta de Cepeda porque se equivoca si cree que la desobediencia civil es revolucionaria o que con ella se puede pretender la imposición de un criterio minoritario a la mayoría. Lejos está de que su llamado se perciba como un progreso moral en contra de alguna medida que atente contra el bienestar de la mayoría. Muy lejos de que la ciudadanía evoque esos momentos altruistas que inspiraron a Mahatma Gandhi o a Martin Luther King.
Si se parte de lo que universalmente se acepta, que la desobediencia civil es un acto de resistencia no violenta que ha sido fundamental a través de la historia en la lucha por la justicia y los derechos humanos, no habría nada que temer. Pero si se concibe como un instrumento para instrumentalizar a los jóvenes protestantes y azuzar vándalos pues no será otra cosa que atizar la violencia para obtener la represión y producir argumentos para denunciar la opresión. Esta es una de las viejas tácticas anarquistas inscrita a la perfección en el catecismo de la combinación de todas las formas de lucha que llevó a comunistas y guerrilleros de las FARC a montar la triste historia de la UP, un aparato político con visos de legalidad para legitimar la impunidad que les salió costosa.
