Ante la suspensión del proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro, el bloque de gobierno liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella ha decidido pasar a la ofensiva. Como medida de choque para obtener información fidedigna sobre el manejo de las entidades, el senador electo por Salvación Nacional, Enrique Gómez, radicó un derecho de petición de gran calado ante la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, exigiendo respuestas sobre la gestión administrativa y financiera de la entidad.
Todo indica que la dirección del ICBF —una de las entidades más importantes del país por su abultado presupuesto y su responsabilidad directa sobre la vida y protección de los niños en Colombia— será dirigida por un representante del movimiento y partido de gobierno Salvación Nacional. De ahí la urgencia de la colectividad por recibir la casa en orden y anticiparse al estado real de la entidad.
Esta solicitud no es un simple formalismo administrativo. El cuestionario apunta directamente a los focos de corrupción que El Expediente ha venido denunciando de manera sostenida. Tal como este medio reveló en la investigación Tres entidades del Estado investigan al ICBF al mismo tiempo: contratos irregulares, cartel de contratistas y un desfalco de 860 millones en alimentos para niños de La Guajira, el Instituto ha sido escenario de manejos contractuales que hoy son objeto de escrutinio por parte de la Contraloría y la Fiscalía
Tres entidades del Estado investigan al ICBF al mismo tiempo: contratos irregulares, cartel de contratistas y un desfalco de $860 millones en alimentos para niños de La Guajira
El senador Gómez ha formalizado un requerimiento de información, con carácter de control político y social, que obliga al ICBF a entregar detalles minuciosos sobre los siguientes pilares de su gestión:
La red de contratación y los antecedentes de El Expediente
La petición exige el estado detallado de los 91 contratos suscritos durante la Ley de Garantías Electorales —cuyo valor supera los 121.000 millones de pesos— y las investigaciones por el presunto detrimento patrimonial en La Guajira. Sobre estos hechos, el documento pide:
- El estado actual de las actuaciones de la Contraloría y la Fiscalía sobre estos contratos específicos.
- Los planes de mejoramiento suscritos y el porcentaje real de avance en la mitigación de los hallazgos reportados.
- La relación completa de los procesos judiciales y administrativos donde el ICBF sea parte, con la calificación del riesgo de pérdida (eKOGUI).
Finanzas y tesorería bajo sospecha
Gómez Martínez solicita que se entregue, en formato editable, toda la trazabilidad financiera:
- Ejecución presupuestal detallada por vigencia (2022-2026), discriminando apropiación, compromisos y pagos.
- El estado real de las vigencias futuras, reservas presupuestales y cuentas por pagar.
- La situación de tesorería y el portafolio de inversiones, así como los pasivos contingentes que heredará la nueva administración.
Planta de personal y «cargos estratégicos»
Ante el inminente cambio de gobierno, el senador solicita claridad sobre la estructura organizacional:
- La relación completa de cargos de libre nombramiento y remoción cuyos titulares deberán ser reemplazados el 7 de agosto.
- La nómina detallada y el costo total de los contratos de prestación de servicios profesionales, con el desglose de obligaciones y supervisores.
- El estado de los concursos de méritos en curso y las listas de elegibles vigentes.
Control documental: El «blindaje» de la información
Finalmente, el senador exige la entrega inmediata de los instrumentos de gestión documental (FUID, TRD, PGD) y el mapa de riesgos de corrupción vigente. Este punto es vital para evitar el ocultamiento o la destrucción de pruebas durante la transición, una práctica que la ley prohíbe pero que ha sido el «talón de Aquiles» en empalmes previos.
El derecho de petición advierte a la directora Astrid Eliana Cáceres que, en caso de silencio o respuesta evasiva, se entenderá que la información debe ser entregada en los plazos perentorios de la Ley 1755 de 2015. Con esta acción, Salvación Nacional busca asegurar que la nueva administración reciba una entidad con las cuentas claras y no un «desierto documental» ocultando las irregularidades que este medio ha documentado previamente.
Este es el documento con el Derecho de Petición que revela El Expediente:
