Por: Lina María Peña
Las cifras en aumento de los asesinatos a líderes sociales resultan aterradoras en el gobierno que prometía la paz total, la misma que propone Cepeda continuar.
La reciente promesa del senador Iván Cepeda de dar continuidad y «profundizar» las políticas del gobierno de Gustavo Petro no es una invitación al progreso, sino una advertencia del colapso. Bajo el engañoso rótulo de la «Paz Total», el país ha sido testigo de cómo un Estado se frena a sí mismo mientras los grupos criminales avanzan sin resistencia. La realidad en las regiones demuestra que la paz no se firma con claudicaciones ideológicas; se garantiza con autoridad.
Hoy, la ecuación es clara: respaldar la agenda de Cepeda es abrirle la puerta a la perpetuación de la violencia.
Las cifras de la barbarie son implacables y desmitifican por completo el relato oficial. Desde la época del gobierno de Álvaro Uribe no se registraban niveles de violencia territorial tan alarmantes. Si bien durante el proceso con las Farc en el gobierno de Juan Manuel Santos hubo un alivio temporal, el rearme posterior evidenció que los criminales no cumplen pactos de papel. Iván Duque intentó retomar el control combatiendo el narcotráfico, entendiendo que las organizaciones ilegales defienden es su negocio. Sin embargo, bajo la actual administración el panorama tocó fondo: aumentaron las hectáreas de coca en el país y se improvisaron múltiples mesas de negociación que solo sirvieron para blindar el motor de la guerra. Las masacres se dispararon porque los carteles entendieron que la «Paz Total» era una patente de corso.
El diagnóstico del fracaso no proviene de la oposición, sino de los organismos internacionales. Los datos son aterradores. La *Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en su balance oficial, constató que tan solo en un año de este gobierno se verificaron 72 masacres que cobraron la vida de 252 personas. A la par, el programa **Somos Defensores, en su informe anual *»Sin Protección», documentó una violencia letal selectiva desbordada: 727 agresiones brutales y 157 defensores de derechos humanos asesinados en las regiones. Ambos informes demuestran cómo los ceses al fuego bilaterales maniataron a las Fuerzas Militares y dejaron a las comunidades a merced de la expansión territorial del ELN, las disidencias y el Clan del Golfo.
La historia de Colombia es testaruda y demuestra que casi ningún proceso de paz ha funcionado, salvo contadas excepciones de carácter puramente político y urbano como la del M-19. Intentar aplicar esa misma lógica condescendiente a carteles de la droga disfrazados de guerrilla es un error histórico. Detrás del discurso del senador Cepeda —cuya visión parece congelada en los dogmas de la Europa comunista donde le tocó vivir, insistiendo de manera anacrónica en la legitimidad de la lucha armada— se esconde un peligroso sesgo: el de justificar a los victimarios y desarmar moralmente a las instituciones.
Dejar al Estado sin capacidad de defenderse o actuar es una irresponsabilidad que el país ya está pagando con sangre. Colombia no puede permitirse profundizar un modelo que entrega el territorio a cambio de falsas promesas de diálogo. Si el país decide dar continuidad a la doctrina que Cepeda defiende, el resultado no será la reconciliación, sino el retorno definitivo a la época más oscura de nuestra historia.
