Por: Lina María Peña
Hace cuatro años en Santa Marta el nombre León Valencia Agudelo y de la Fundación Paz y Reconciliación eran totalmente desconocidos hasta cuando el ex guerrillero del ELN y columnista de la Revista Semana empezó a publicar una serie de artículos en los que mencionaba al exalcalde Carlos Caicedo Omar como uno de los mejores mandatarios de Colombia y un líder de talla nacional, con rimbombantes elogios presentándolo cómo un alcalde que supuestamente le cambió la cara a la capital del Magdalena y le quitó el poder a los políticos tradicionales de la región.
Los halagos de León Valencia hacia Carlos Caicedo no eran gratis ni desinteresados y perseguían un objetivo que ha caracterizado al exguerrillero: la contratación pública relacionada con el proceso de paz del que ha sido un defensor y publicista. Pero los lazos entre Caicedo y Valencia eran más fuertes. Su amistad de vieja data gracias a su condición de exguerrilleros, le permitió entrar como uno de los contratistas importantes durante sus cuatro años de administración y continuar en lo que va corrido de la alcaldía del alcalde Rafael Martínez, primer secretario de gobierno de Carlos Caicedo y miembro de su mismo grupo político.
Desde el comienzo del proceso de paz a mediados de 2012 León Valencia vio la oportunidad de negocio y el 7 de abril de 2013 inscribió oficialmente la Fundación Paz y Reconciliación, una entidad sin ánimo de lucro, con el objeto social de “investigar, analizar, impulsar y promover acciones en relación con el conflicto armado, la paz, el posconflicto y la seguridad para contribuir a la profundización de la democracia y la construcción de alternativas de equidad social y desarrollo, mediante el fortalecimiento del estado social de derecho y la sociedad civil, que se ha distinguido por su labor social a favor de la población en general y goza del reconocimiento social, ético y publico por su experiencia”
No habían pasado meses de la creación de la fundación de León Valencia cuando ya estaba contratando con la Alcaldía de Santa Marta. Desde enero de 2014 hasta lo que va corrido de 2017 la lista de contratos es larga: El 24 de enero de 2014 Paz y Reconciliación suscribió el contrato 002 por valor de $231 millones y cuyo objeto fue “aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para contribuir al desarrollo de la línea 1.1.3 del plan de desarrollo 2012-2015 “equidad para todos primeros los niños y las niñas” por medio del apoyo a la implementación de las políticas públicas de víctimas, el plan de prevención y la garantía de no repetición”
Dentro de este contrato se establecieron obligaciones como fueron ´´Brindar información actualizada sobre la tasa de homicidios, hurto a personas, hurto de en automotores y motocicletas, hurto a comercio; crear matrices de procesamiento de información; elaborar un manual para la concertación y puesta en marcha de las alarmas comunitarias; diseño y asesoría para la implementación de acciones para la incautación de armas de fuego así como construir una estrategia de comunicaciones´´. En resumen el alcalde Carlos Caicedo le entregó toda la estrategia de seguridad de la ciudad a la recién creada fundación de León Valencia dejando en un segundo plano las tareas que desarrollan los entes de seguridad del estado como son la fiscalía, CTI o Policía Nacional.
Sin embargo, la situación de inseguridad en Santa Marta nunca cambió y las famosas alarmas comunitarias no son conocidas por las comunidades. Una muestra de ello son las continuas denuncias que hacen los ciudadanos por los robos que suceden en los distintos barrios de la capital del Magdalena.
Para la vigencia 2015 la Fundación Paz y Reconciliación nuevamente mordió el presupuesto de la ciudad de Santa Marta, esta vez a través del contrato número 012 del 01 de abril de 2015, por valor de $705 millones. El objeto contractual: “aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para el funcionamiento del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana, que brinde conceptos técnicos para la implementación de políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana que permitan prevenir y enfrentar las diferentes formas del delito en el marco del proceso de paz y el posconflicto”.
En el año 2016 nuevamente la Fundación Paz y Reconciliación se hace acreedora de otro contrato, el 006 del 15 de abril de 2016, por valor de $628 millones y cuyo objeto contractual fue: “Aunar esfuerzos para la construcción de diferentes procesos de planeación e implementación de políticas públicas de seguridad y convivencia, control social´´.
Dentro de este contrato algunas de las obligaciones fueron realizar 2 encuestas de percepción sobre seguridad ciudadana, entregar 3 planes locales de seguridad y convivencia, tres informes sobre geolocalización del delito, haciendo énfasis en los puntos calientes, contribuir en la divulgación y publicación del código Distrital de Policía, elaborar un documento que contenga el texto final del código Distrital de Policía y dictar 12 talleres (cuatro por localidad) para la realización de diagnósticos participativos.
El Expediente se trasladó a las distintas localidades del Santa Marta a fin de conocer los famosos planes de seguridad y convivencia y si efectivamente se habían desarrollado los cuatro talleres por localidad respecto de los diagnósticos participativos, para ello fueron consultados los Ediles Reinaldo Lara y Samuel Palacio, quienes coincidieron en afirmar que en ninguna de las localidades que representan no se han entregados los planes ni mucho menos se ha realizado los talleres, lo que si nos pudieron contar fue que recibieron una invitación para el lanzamiento de los procesos que desarrollaría la Fundación Paz y Reconciliación que contó con la participación del señor León Valencia Agudelo, pero que después de eso no vieron otro evento que diera la inferencia del cumplimiento del objeto contractual.
Llama la atención que a León Valencia se le haya dado la responsabilidad de laborar el Código de Policía sometiendo a los samarios a la visión de un ex guerrillero, ni más ni menos que del ELN, para atender las necesidades de seguridad de la ciudad.
La amistad de León Valencia con las Alcaldías de Santa Marta ha trascendido en el tiempo; a través de una de sus colaboradoras en su fundación, la actual Secretaria de Seguridad, Priscilla Zúñiga, ha logrado nuevos contratos con el actual alcalde Rafael Martínez: uno de ellos es el contrato 009 del 11 de mayo de 2017 por valor de $5.50 millones con el objeto de “Aunar esfuerzos a través del acompañamiento en la gestión de los diferentes procesos de la seguridad y la convivencia en el Distrito de Santa Marta por medio de la construcción e implementación de diferentes herramientas y estrategias de política pública”.
León Valencia y la Fundación Paz y Reconciliación han aprovechado el anhelo de paz de los colombianos para levantar un jugoso negocio que han explotado en diferentes frentes con el ingrediente de la mentira: Aunque León Valencia ha negado rotundamente que se haya beneficiado económicamente del Estado y del proceso de paz las pruebas muestran otra realidad y develan el modus operandi de un mercader de la paz que, además de los contratos en Santa Marta, ha obtenido diferentes beneficios del gobierno nacional a través de su amigo Germán Vargas Lleras cuando fue ministro del Interior y del Fondo de Programas especiales para la paz ejecutando contratos que le han sido asignados originalmente a la Fundación Ideas Para la paz. También ha estado involucrado en procesos de contratación en La Guajira a través de la Fundación Oxfam Colombia.
Twitter: @linnammaria
