Los alcaldes Enrique Peñalosa y Gustavo Petro tienen algo en común: la responsabilidad que se deriva de un contrato de Alimentación Escolar en el que según la Contraloría Distrital se perdieron cuatro mil trecientos cuarenta y dos millones de pesos por sobrecostos pagados a un operador cuya experiencia y objeto misional no tiene nada que ver con el suministro de alimentos para estudiantes.
Se trata del contrato número 1985 firmado el 17 de abril de 2015 entre la Secretaría de Educación Distrital y la firma Plaza Mayor de Medellín SA con el objeto de ‘prestar el servicio de operación logística para la ejecución del componente de alimentación escolar en la modalidad de refrigerios con destino a la población escolar de los colegios oficiales del distrito’ VER CONTRATO 1985
El contrato, que se tramitó de manera directa sin mediar licitación alguna, tuvo un costo de $33 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de ocho meses. Es decir, se firmó durante la alcaldía Petro y se tenía que ejecutar durante los primeros meses de la alcaldía de Peñalosa, todo bajo la supervisión de la subsecretaria en ambas administraciones, la doctora Adriana González Maxcyclak, una de las pocas funcionarias que se mantuvo en la transición de gobierno en la Alcaldía de Bogotá.
Las denuncias sobre las irregularidades alrededor de éste contrato no son nuevas; el 25 de abril de 2016 la Contraloría Distrital le llamó la atención al alcalde Enrique Peñalosa por una seria de irregularidades en dicho proceso contractual y en sus ejecución. Según la contraloría ‘’como consecuencia de la inobservancia de principios de la contratación pública, como el de planeación, de responsabilidad en la selección objetiva en los procesos contractuales seguidos para la vigencia del 2015, para la provisión de los refrigerios diarios a los estudiantes de los colegios distritales ocurrió que la SED procedió a su contratación de manera directa a través de contrato interadministrativo 1985 de 2015 en ejecución del cual se generó daño patrimonial por valor aproximado de $4.342 millones’’ VER INFORME CONTRALORÍA
Y no solo fue la contraloría. La interventoría a cargo de la Universidad Nacional alertó en febrero de 2016 sobre una serie de irregularidades en el megacontrato interadministrativo. En ese informe la Universidad Nacional llama la atención sobre pagos realizados sin el lleno de los soportes requeridos, sobre irregularidades en el estado financiero del contrato y suministros, es decir alimentos entregados de manera defectuosa pese a que los refrigerios se pagaron a un precio superior que el del mercado.
A pesar de las advertencias y evidentes irregularidades de ambas administraciones en un tema tan sensible y que compromete el bienestar de los niños la alcaldía de Peñalosa no tomó cartas frente al contrato envenenado que le dejó Petro y por el contrario, sólo hasta el mes de julio de éste año, 2018, se procedió a su liquidación y a subir los correspondientes informes de auditoría a las páginas de contratación pública.
Se sabe que la entonces Secretaría de Educación de Peñalosa y actual ministra de Educación María Victoria Angulo conoció de primera mano y respaldó la ejecución de éste contrato que se convirtió en el más grande ejemplo del manejo ligero e irresponsable que desde la alcaldía se le da al manejo de la alimentación de los niños; una papa caliente de cuya responsabilidad, alcaldes y gobierno nacional, se quieren librar.
Para la alcaldía, tanto la de Petro como la de Peñalosa existe un doble rasero, señalan a algunos que no son amigos o no ceden ante los ‘mensajes’ de sus administraciones pero justifican la contratación de una firma sin ninguna experiencia en ese tema. No se entiende por qué Plaza Mayor de Medellín resultó con un contrato tan importante para el que tuvo que subcontratar a otros operadores con los que ya venía adelantando negocios como son las firmas del señor Hernando Bonet y Ricardo Camargo, configurando un carrusel de contratos que aún sigue vigente en la Alcaldía Peñalosa en la que estos contratistas siguen teniendo un juego importante, posiblemente dejando en una situación vulnerable a los niños de las escuelas y el bolsillo de los bogotanos que han pagado esos malos manejos.
