Por: Marco Fidel Ramírez
El del Presidente Gustavo Petro con su Pacto Histórico, por lo visto será el gobierno de los desplantes, las barbaridades y los desastres.
La primera barbaridad para reseñar ha sido la de radicar en el Congreso y con mensaje de urgencia una reforma tributaria de 25 billones de pesos pavorosamente lesiva para todos los colombianos, igual o peor que la presentada por Alberto Carrasquilla en el gobierno de Duque y por la cual Petro, la izquierda y las pandillas de la primera línea incendiaron el país en 2021.
Dicha reforma empobrecerá a los pensionados, incrementará los impuestos, acorralará aún más a la clase media y al final golpeará gravemente con más hambre a los sectores populares que tendrán que pagar más caros los productos de la canasta familiar.
La segunda barbaridad de la nueva administración ha sido el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los dictadores más abominables de Latinoamérica como son Nicolás Maduro, el siniestro heredero de Hugo Chávez en Venezuela y el tirano nicaragüense Daniel Ortega perseguidor de periodistas independientes, de sacerdotes católicos y de todos los ciudadanos no arrodillados a su sanguinario régimen sandinista.
La designación inmediata de embajadores ante estos países ya se evidencia como una vergonzosa y desafiante complicidad con esos dos regímenes comunistas y demuestra de paso el criterio oscuro con el que se dirigirá, a partir de ahora, la Cancillería colombiana.
La tercera barbaridad de los primeros diez días del régimen petrista que ha comenzado en Colombia, tiene que ver con el afán desmesurado del histórico relacionista público de la guerrilla de las FARC Álvaro Leyva y del siniestro y perpetuo Senador Iván Cepeda para reunirse, por orden del presidente, con los terroristas del ELN que siguen como en los últimos años, de playa, brisa y mar en Cuba después de haber masacrado atrozmente con la explosión de un carro bomba a 22 jóvenes cadetes en la Escuela de Policía General Santander el 17 de enero de 2019, entre muchas otras crueldades cometidas por ellos en las últimas décadas.
Horror con esa delegación de “alto nivel” que viajó a la Habana con la misión de garantizarle a los elenos impunidad total con cero condiciones para negociar la tal “paz completa” que ha ofrecido el nuevo gobierno como una de sus más importantes banderas.
Pronto pues tendremos a los sanguinarios jefes históricos del ELN en el Congreso con iguales o mejores prerrogativas que las otorgadas a las FARC por el maquiavélico expresidente Juan Manuel Santos en su amañado proceso de paz.
La cuarta barbaridad de este pomposamente llamado el “gobierno del cambio”, ha sido la decapitación institucional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional con el paso al retiro de 50 y tantos generales y oficiales del más alto rango.
Tal decisión presidencial ha vulnerado el honor militar de la tropa y ha cortado de tajo la proyección invaluable de tantos profesionales de la Fuerza Pública que por años se han formado para enfrentar eficaz y patrioticamente a los grupos alzados en armas, a las bandas criminales, a las disidencias de las FARC, a los grupos residuales, al Clan del Golfo y demás.
Tirar por la borda décadas de preparación y experiencia militar es no sólo tremendamente riesgoso para la seguridad nacional, sino evidentemente satisfactorio para los propios subversivos desmovilizados o reactivados que ya celebran semejante humillación inflingida al Ejército de la Patria y a la Policía Nacional.
Con la decisión del nuevo Gobierno se pierde el exitoso avance militar contra el terrorismo y la delincuencia, y todo para nombrar (esa parece ser la intensión) una cúpula militar agradecida y bien predispuesta por razones obvias, para complacer al nuevo régimen que necesita, al estilo del dictador Nicolás Maduro, un cuadro de “padrinos” uniformados para patrocinar sus previsibles políticas represivas contra el pueblo colombiano y especialmente contra la oposición que crece cada día más y más.
Y la tapa es la quinta barbaridad del gobierno recién estrenado que ha optado por establecer, además de un talante autoritario y peligrosamente dictatorial, la cultura del desplante. Lo hizo al dejar plantados a más de 500 alcaldes de la Colombia profunda convocados por Fedemunicipios en Bogotá para escuchar al nuevo mandatario y a quienes, con su indolencia, dejó esperando en el salón rojo del Hotel Tequendama, pues canceló su intervención a última hora, con disculpa “reuniones de seguridad nacional”.
Igual desplante fue repetido por el Presidente en la ceremonía de reconocimiento de los nuevos mandos militares a quienes desairó, con disculpa “dolor de estómago”, con su inasistencia a la ceremonia juiciosamente organizada en la Escuela José María Córdoba. Las razones de los funcionarios de palacio y las de Petro para justificarse fueron contradictorias y dejaron el sabor a explicaciones mentirosas, improvisadas e irresponsables.
Así las cosas es evidente que el mandato presidencial de Gustavo Petro ha comenzado muy mal, con mentiras, con engaños, con decisiones atrevidas, agresivas y cuestionables, y con nombramientos desconcertantes y políticamente destructivos. Por no hablar de las designaciones de ex guerrilleros made in M-19 y de integrantes del Partido Comunista en los más importantes cargos de inteligencia y de toma de decisiones del Estado, lo que significa que este gobierno no será el gobierno de la esperanza y el cambio, sino será el gobierno de la venganza y la destrucción de nuestra democracia.
En consecuencia, y por todas estas barbaridades iniciales, conviene recordar que cuando la izquierda gobierna el desastre está asegurado. ¡Estamos avisados!
