Francisco Muñoz
El nuevo Ministro de Cultura Felipe Buitrago, inició con el pie izquierdo, cuando afirmó sobre el galeón San José: “Nosotros ya hicimos el trabajo de declararlo patrimonio de la Nación, pero hay un tema en litigio y es importante que no menoscabemos el trabajo de los abogados”.
¿Acaso el trabajo de ese ministerio se limita a promulgar una declaratoria? Primeramente habría que recordar, que el hecho de que el galeón San José, sea hoy oficialmente un Bien de Interés Cultural, es más bien el triunfo de la acción articulada de la academia nacional e internacional, la sociedad civil, funcionarios de organismos de control, abnegados abogados y veedores, periodistas independientes y ciudadanía en general; todos aunados contra los perversos intereses de expolio orquestados desde el establecimiento.
No le queda bien a Buitrago y demás funcionarios actuales intentar lucirse por formalizar la exigencia de tomar una de las decisiones obvias respecto al patrimonio cultural sumergido más importante de la historia de la humanidad. Mucho menos, pretender aplausos y venias por cumplir con su deber. ¡Faltaba más!
En nombre del grupo de ciudadanos preocupados y como director de la Veeduría de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, me permito comunicarle al nuevo Ministro que no tenga duda que seguiremos defendiendo al Galeón a cada paso que adelante la trama infame de destrucción y expolio que se ha venido orquestando contra el patrimonio de los colombianos.
Don Buitrago, nos tendrá que perdonar por “menoscabarle el trabajo de sus abogados”, así como el hacer notar que desconoce, con grosería evidente la riqueza cultural, identitaria, histórica, patrimonial, académica, científica y hasta turística que comprende un proyecto nacional de excavación arqueológica como lo es este singular naufragio colonial. Cualquiera asumiría que un ministro de cultura debería conocer siquiera todo lo anterior antes de aceptar el cargo y convertirse en su primer vocero. Pero no. No será este el caso con Buitrago, sin duda.
En segundo lugar, quiero compartirles que en la apelación que cursa ante el Consejo de Estado de la Acción Popular que exige se cancele la aberrante Asociación Público-Privada (APP) de expolio del Galeón San José (o lo que despectivamente llama Buitrago el “tema en litigio”), le hemos radicado recientemente un informe de 52 páginas, que el procurador delegado de la época, entregó directamente al Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez, desde el día 3 de agosto de 2018 (radicado interno E-2018-013786). Este informe revela un quebrantamiento sistemático de la ley por parte de funcionarios de varias entidades durante el trámite de la APP del galeón San José
Es más que preocupante que pasados más de dos años, no se conozca que Fernando Carrillo, haya adelantado acción alguna o abierto investigaciones disciplinarias por los hechos descritos en dicho informe, el cual está soportado por un voluminoso expediente de cerca de 2 mil folios. Tampoco se conoce que el despacho del Procurador General haya hecho la compulsa de copias a Fiscalía o Contraloría, como pedía dicho informe.
Así que, una vez posesionada la doctora Margarita Cabello como nueva Procuradora General de la Nación, solicitaremos audiencia para exponerle las evidencias y pedirle que revise todas y cada una de las acciones de la saliente administración sobre este proceso. También hemos pedido al Consejo de Estado solicite se investigue la conducta de Fernando Carrillo en relación con el trámite que se ha debido surtir a raíz de esos hallazgos.
A continuación, algunos de los resultados del informe, todos de suma gravedad y un repertorio descarado de conductas ilegales hoy convenientemente ocultadas al público (el documento completo se adjunta para ser descargado):
El director del ICAHN Ernesto Montenegro P., no adelantó las actividades que obliga la ley para conceder al Estado colombiano con sus propias capacidades la primera opción de exploración arqueológica y de protección del patrimonio cultural sumergido del galeón San José.
El director del ICAHN Ernesto Montenegro P., autorizó ilegalmente, de manera directa y sin soporte alguno, la propuesta de la empresa privada MAC de adelantar una APP de iniciativa privada para intervenir el galeón San José.
El director del ICAHN Ernesto Montenegro P., expidió la Resolución 114 de 2015 que prohíbe, de manera ilegal, la divulgación de documentos asociados con el galeón San José y el Patrimonio Cultural Sumergido. Con este documento se justificó desde todas las instancias del gobierno nacional ocultar a la ciudadanía y a la sociedad civil la confección de objetivos y la forma como se iba tramitando la APP.
Una vez en marcha la etapa de prefactibilidad de la APP, el director del ICAHN Ernesto Montenegro P., no solicitó ni verificó como lo ordena la ley los soportes profesionales de los miembros presentados como arqueólogos por la empresa MAC. El denominado “arqueólogo líder” resultó no ser arqueólogo de profesión y en cambio apareció incluido en la lista Clinton durante varios años.
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, no realizó los estudios costo-beneficio obligatorios por ley sobre la APP para intervenir el galeón San José que permiten determinar la conveniencia para los intereses nacionales de autorizar una APP de iniciativa privada.
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, aceptó adelantar el trámite con una empresa como originador que no demostraba ninguna experiencia en investigación arqueológica, contrariando así la ley.
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, aceptó que el originador adelantará la etapa de exploración sin presentar estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental, contrariando así la ley.
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, ocultó de manera ilegal el nombre del originador de la APP desde 2015 hasta 2018.
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, infringió los plazos legales de trámite de la APP.
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, aceptó múltiples reemplazos de la propuesta del originador, contrariando así la ley.
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, concedió de manera ilegal “derechos” en un proceso de APP de iniciativa privada en marcha a un “nuevo originador”: de la empresa MAC a la empresa MACS.
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, aceptó cambio de propuestas de este nuevo originador que son prohibidos por la ley.
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, modificó de manera ilegal la principal forma de remuneración de la APP, prevista mediante retribución con bienes del galeón San José, aumentando constantemente y sin justificación, el porcentaje destinado al futuro contratista.
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, concedió de manera ilegal al originador de la APP tres tipos de remuneración en los pliegos del contrato: (1) retribución mediante bienes del galeón San José, (2) explotación comercial de un museo sobre el galeón San José y (3) otros “derechos” de explotación comercial.
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, le aceptó de manera ilegal al originador la creación de una comisión técnica encargada de separar, evaluar y presentar al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural una propuesta de distribución de los “bienes no patrimoniales” (como son las monedas, lingotes y las gemas).
La ministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, omitió presentar ante el Consejo de Ministros las sugerencias y comentarios que se hicieron a la APP en la Audiencia Pública, lo cual es exigido por la ley. Así como sugerencias y comentarios elevados en otras instancias.
Confiamos que los magistrados del Consejo de Estado no menoscabarán el trabajo de los funcionarios de los organismos de control, quienes, a diferencia de sus superiores, si cumplieron a cabalidad su juramento de defender la Constitución y el ordenamiento jurídico, y con ello el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable del patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.
El nuevo Ministro pronto hará el mismo juramento. Ya veremos si también perjura…
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