Por Juan José Gómez Las democracias no se sostienen solamente sobre el entusiasmo de las campañas ni sobre el fulgor de las promesas. Se sostienen, sobre todo, sobre la memoria de los ciudadanos. Cuando los pueblos olvidan demasiado pronto, la política se convierte en un escenario de repetición de errores y de ilusiones pasajeras.
Colombia atraviesa uno de esos momentos en los que la memoria pública resulta indispensable. El país ha vivido, durante el gobierno de Gustavo Petro y bajo la influencia legislativa del Pacto Histórico, una etapa de transformaciones propuestas, debates intensos y controversias que han marcado profundamente la vida nacional.
Se habló de un “cambio histórico”, de una transformación profunda del modelo social y económico. Pero entre las promesas y la realidad han surgido preguntas que aún esperan respuestas convincentes.
Uno de los campos donde esas inquietudes se han hecho más visibles es el de las reformas estructurales. La propuesta de reforma al sistema de salud —uno de los debates más intensos del período— generó alarma en amplios sectores de la sociedad. Médicos, pacientes, expertos en política pública y numerosas instituciones advirtieron sobre los riesgos de desmontar un sistema que, con todas sus imperfecciones, había logrado cobertura casi universal. La discusión dejó al descubierto profundas dudas sobre la viabilidad administrativa y financiera de los cambios propuestos.
Algo semejante ocurrió con las reformas laboral y pensional. Mientras el gobierno las presentó como instrumentos de justicia social, diversos analistas y gremios señalaron, con sobrada razón, que algunas de sus disposiciones podrían afectar la generación de empleo formal y aumentar las cargas sobre la economía productiva.
Pero la inquietud pública no se ha limitado al contenido de las reformas. También ha surgido por la forma en que se han desarrollado los debates políticos. El país ha presenciado episodios recurrentes de polarización, confrontaciones entre instituciones del Estado y tensiones con sectores económicos que tradicionalmente han sido motores del crecimiento nacional.
A ello se han sumado controversias que han afectado la credibilidad del gobierno: crisis ministeriales frecuentes, debates sobre la conducción de la política energética, cuestionamientos en torno a decisiones administrativas y episodios políticos que han mantenido al país en un clima permanente de incertidumbre.
La economía, por su parte, ha reflejado ese ambiente de inquietud. La inversión privada ha mostrado señales de cautela, mientras empresarios y trabajadores han expresado preocupaciones sobre la estabilidad de las reglas de juego. En un país donde millones de personas dependen de la vitalidad de la economía para asegurar su sustento diario, estos factores no pueden ser ignorados.
Mientras tanto, los problemas que más afectan a la ciudadanía siguen presentes. La inseguridad en muchas regiones, el costo creciente de la vida, las dificultades para acceder oportunamente a servicios de salud y la falta de oportunidades para numerosos jóvenes continúan siendo preocupaciones centrales para millones de colombianos.
Nada de esto significa negar que toda sociedad necesita reformas ni desconocer que el país enfrenta desafíos históricos que deben ser abordados con decisión. Pero precisamente por la importancia de esos desafíos, las decisiones públicas deben estar acompañadas de prudencia, claridad técnica y amplio consenso nacional.
Las democracias maduras no avanzan mediante el impulso de la confrontación permanente, sino mediante la construcción paciente de acuerdos que garanticen estabilidad y confianza.
Por eso, en tiempos de reflexión cívica, el deber principal de los ciudadanos es recordar. Recordar las promesas y compararlas con los resultados. Recordar las decisiones tomadas y evaluar sus consecuencias. Recordar, en fin, que el poder político no es un experimento abstracto, sino una responsabilidad que afecta la vida cotidiana de millones de personas.
La memoria política no es un ejercicio de resentimiento ni de nostalgia. Es, simplemente, una forma de responsabilidad colectiva. Porque los pueblos que recuerdan pueden corregir sus errores. Y los pueblos que olvidan demasiado rápido corren el riesgo de repetirlos
Por todo lo anterior es un patriótico deber de todo colombiano que se acerque a una urna de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de depositar el voto para elegir miembros del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, recordar cómo han actuado los miembros del Pacto Histórico en los meses que llevan ejerciendo la responsabilidad del poder bajo la equivocada y funesta dirección de Gustavo Petro; como han derrochado los recursos nacionales en discutibles objetivos que parecen incluir el auto enriquecimiento; cuantos de sus líderes se encuentran hoy huyendo de la justicia o en la cárcel y cuan grave ha sido el perjuicio infringido por ellos a la sociedad y a cada colombiano, por lo cual resultaría absurdo y contrario a toda actitud sensata y patriótica permitirles continuar con el poder de hacer tanto daño.
De modo, estimados compatriotas, que ustedes deben decidir sin mas dilación: o le dan a Colombia un Congreso honrado, serio, eficaz y capaz de pensar con inteligencia y amor patrio, o continúan eligiendo a personas que lo único que desean es conseguir poder para usarlo mal, en beneficio personal y familiar, hasta convertir a nuestro país en un estado fallido y en una dictadura oprobiosa. Que el Espíritu Santo los ilumine y que ojalá no se vuelvan a equivocar tan gravemente como lo hicieron en el 2022.
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