Por: María Fernanda Cabal
**¿Quién despojó la tierra en Colombia? -3 de septiembre de 2020-
Falta a la verdad el señor Ariel Ávila desde su planteamiento inicial. Tanto el Gobierno Nacional como el Partido Centro Democrático, hemos apoyado la Restitución de Tierras desde un comienzo, como una forma de reparación. Con lo que no estamos de acuerdo -y de ahí la perversidad de sus postulados siempre en aras de desinformar y de generar más polarización-, es que no se puede ejecutar una política de Estado como ésta, que genere daño a una población campesina vulnerable que en la gran mayoría de los casos también ha sido víctima del conflicto armado.
Para los que defienden a ultranza la Ley de Víctimas y su inamovilidad, se les ha olvidado que hay principios de orden supranacionales que no pueden ser desconocidos, aun en la aplicación de leyes transicionales; y a diferencia de lo que expone el columnista, ésta ha sido nuestra posición: Defender al campesino que una vez reclamado queda en la miseria, pues su único sustento se deriva de las pocas hectáreas que el Estado le arrebata, sin ofrecerle garantía alguna de subsistencia.
Nos oponemos, señor Ávila, porque esto nunca va a generar paz, nunca va a permitir una reconciliación y no hay forma de que así se reconstruya el tejido social de nuestro país. La restitución debe darse, y este siempre deberá ser el fin último, pero sin dejar a su paso más miseria y pobreza.
Personas como usted, otros que se autodenominan representantes de víctimas del despojo, y algunas organizaciones sociales, con mentiras, han satanizado la intención de la suscrita, que en primer lugar ha tratado de cumplir con su labor como congresista al atender el exhorto de la Corte Constitucional en la Sentencia C-330 de 2016, en la cual se conmina al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a generar una política comprensiva de la situación de los segundos ocupantes.
Señor Ávila, éste es un vacío legal presente en la Ley 1448 de 2011 y ha sido mi llamado insistente, materializar por vía legal la atención a una población que sin tener vínculo alguno con el conflicto o con los hechos de despojo, debe sufrir las consecuencias del accionar de una ley injusta y para ellos dañina.
En segundo lugar, he visibilizado los casos de campesinos de una, dos, tres, máximo hasta doce hectáreas. No me mueven otros intereses, como usted lo intenta hacer parecer en su columna; puedo hacerle llegar los casos documentados o puede pedirlos de la Defensoría del Pueblo, entidad que consciente de esta situación, también ha clamado al Congreso por un ajuste normativo.
No es cierto que me muevan intereses de grandes terratenientes, usurpadores de tierras; como ustedes, con la repetición de esta falacia, pretenden implementar en el imaginario colectivo. NO MIENTA, señor Ávila.
Después de un largo debate en la Comisión Primera del Senado, el día de ayer 2 de septiembre de 2020, se logró entre distintas orillas ideológicas concertar la necesidad de presentar un Proyecto de Ley que abarque por fin esta situación, en respuesta, no a los “grandes intereses” como usted los llama, sino al clamor social del campesinado vulnerable que pide a gritos que no lo dejen sin tierra y sin su mínimo vital.
Confío en que la palabra empeñada y la voluntad manifestada, se materialice en una iniciativa que bien podremos compartir con usted y con sus fuentes, para que puedan comprender que este país requiere de una reconciliación bien construida, con bases sólidas y con relaciones fuertes en el sector rural.
