Hace algunos años, un experto en derecho me dijo que: “al amigo se aplica jurisprudencia, al enemigo se le aplica la ley”. Frase que lastimosamente define la subjetividad del derecho, y más el colombiano. En este país sólo se sale bien librado de un entrampamiento jurídico si se tiene cercanía con el aparto judicial que te juzga.
Y eso es quizás lo que le esté pasando al General Óscar Atehortúa en estos momentos. ¡Qué tristeza! Uno esperaría que se falle en estricto derecho si sus conductas a lo largo de su carrera tienen o han tenido alcance penal, fiscal ó disciplinario, pero, como ha acontecido en los últimos meses no ha sucedido.
De nuevo, para entender mejor el significado de mi anterior postulado, es necesario llegar a la génesis misma de la policía, de esta forma se pueden generar conclusiones con rigor. Un oficial de la policía, por lo general, se encuentra dos años en determinado cargo, luego de lo cual, es movido a otro con el fin de generar el relevo en una entidad netamente piramidal. Pocas veces se le entrega el cargo cuando éste se entrega a un superior, casi siempre se entrega a un subalterno, quien tiene la potestad de seguir o no el plan de acción previamente establecido por dicha persona.
Ahora, revisemos el escándalo en cuestión: El proyecto de las casas fiscales del Centro Nacional de Operaciones (CENOP), o como lo han llamado últimamente para promover “la paz”, Centro Nacional de Operaciones para la Paz, comenzó hacia el año 2011, en esa ocasión figuraban como director del Fondo rotatorio de la Policía el entonces coronel Saúl Torres Mojica, luego ascendido a general; como directora Administrativa la General Luz Marina Bustos Castañeda, y como Director General, el General Óscar Naranjo. De ahí surge una pregunta: ¿Por qué los entes de control no han llamados estos oficiales como responsables directos de éstos hechos? El general Atehortúa es, al menos 3 años menos antiguo que el general Torres, es decir, llegó al cargo por el cual es indagado 3 o 4 años después de sucedido el acto administrativo, de lo cual surge otra pregunta: ¿qué tipo de responsabilidad se le podría indagar?
Lo anterior lo digo solo para entrar en contexto, sin ser abogado creo que el sentido común nos dice que uno no puede procesado por temas en los que no se estuvo directamente involucrado como artífice, más como responsable como se presente hacer ver. Ahora, vamos a analizar lo que de verdad genera un manto de duda sobre el proceso. El actual inspector de la Policía, el General Salamanca, es 1 año y medio más antiguo que el General Atehortúa (en palabras menos castizas, es un curso más antiguo), sin embargo, por azares de su carrera institucional, se retrasó en sus ascensos, al punto de quedar escalafonado dos puestos abajo del general Atehortúa (en su orden: Óscar Atehortúa, Gustavo Moreno y William Salamanca). Este hecho genera a todas luces un desbalance en el sistema de mando de la policía: por un lado el hecho que un oficial de un curso menor coordine y dirija el actuar de un superior, hace que las relaciones de subordinación se desvirtúen, y en algunos casos, raye con el irrespeto. En el alma de un militar o un policía, la subordinación y el respeto por el superior están por encima de cualquier cosa; pero, ante una situación como ésta, es difícil para el director o sub director entrar a cuestionar a alguien que es, en la práctica, más antiguo.
Ello se evidencia en los videos (que groseramente fueron filtrados a la prensa quién sabe con qué intenciones), entre los careos que se han producidos por estos dos altos oficiales. En la mente de cualquier uniformado no cabe que algo semejante se produzca, ¿levantar la voz, así sea en un estrado judicial, a su superior, y más este el director de la Policía? ¡Inaudito! Otra pregunta que nos surge: ¿Acaso publicar estas situaciones no cumple con el propósito de seguir desinstitucionalizando nuestra Policía Nacional?
Tanto la Contraloría (en su función de control fiscal), como la fiscalía (en su función de control penal), han dado la razón al General Atehortúa, mostrando como esta situación pudo bien ser solucionada con una actuación sensata y a tiempo del Ministro de Defensa y del Presidente (que entre otras cosas no se ha visto realizar, como si el temor a hacer cambios en la cúpula fuera evidente, quién sabe qué tipo de temor o influencia interna o externa haya allí). El permitir que los medios, hambrientos de chivas periodísticas, influyeran y opinen en este tipo de investigaciones es supremamente grave. Para hacer conclusiones hay que conocer y entender el trasfondo de las cosas, no solo generar posiciones a priori, para favorecer a alguien o algún sector determinado. Esa subjetividad de la manera en la que se informa, más en lo referente al interior de las instituciones uniformadas del país, raya con el peligroso doble discurso de “todas las formas de lucha.” La pregunta que queda en el aire es: ¿Y la procuraduría qué papel piensa jugar entonces? Si no hay mérito fiscal ni penal, ¿existe el mérito disciplinario? ¿Si hubo una falta administrativa del General Atehortúa, o es la mejor muestra del postulado con el que se encabezó este artículo? Señor Procurador, esperamos de su señoría que actúe en derecho, con prontitud, y que no permita que se siga vulgarizando más este episodio, de por sí ya bochornoso.
Para terminar, todo esto no habría sucedido, si el Ministro de Defensa de la época se hubiera evitado hacer “entrevistas” a 3 generales para definir el futuro director de la Policía. Es una decisión que está en el resorte del Ministro de Defensa y del Presidente, no es ningún concurso de méritos, y es una acción que claramente genera desinstitucionalización y menoscaba el orden jerárquico de la Policía, o cual otra fuerza integrante de la Fuerza Pública del país.
