Por: Rafael Nieto Loaiza
Desde el triunfo del castrismo en 1959, Cuba fue el eje de la expansión comunista en el Continente, tanto en apoyo de los esfuerzos de Moscú como en el impulso ella misma de distintos movimientos insurgentes. Colombia no fue ajena a esa estrategia. Conocidos son los apoyos de Cuba al M 19 que, en 1981, dieron lugar a la ruptura de relaciones. El castrismo también se ha involucrado activamente en el narcotráfico, por lo menos a partir de 1980, cuando los narcotraficantes compraban armas para el Eme. Esos vínculos perduraron por muchos años y tuvieron su punto más agudo cuando Pablo Escobar auspició y financió el asalto al Palacio de Justicia.
Aún más cercana ha sido la relación cubana con el Eln, creada en 1964 por un grupo de estudiantes instruidos en Cuba y encabezado por Fabio Vásquez Castaño. Si las Farc eran de tendencia moscovita y el Epl pro Pekín, el Eln fue la niña de los ojos habaneros. Ahora, de nuevo, el apoyo cubano a esa guerrilla tensa las relaciones entre los dos países.
A fines de su gobierno, Santos desplegaba ingentes esfuerzos en Quito por llegar a un pacto con los elenos. Pero Lenín Moreno en abril del 2018, harto de los desmanes subversivos en la frontera, se opuso a que su país siguiera siendo sede del proceso. Las conversaciones se trasladaron a La Habana. Una carta de la Cancillería cubana confirma que “[d]esde el 8 de agosto del 2018, el actual gobierno de Colombia, al más alto nivel, mantuvo múltiples intercambios con Cuba y el propio Alto Comisionado para la Paz, Sr. Ceballos Arévalo, con el ELN, en aras de continuar los diálogos, solicitando a Cuba facilitar las comunicaciones y trasladar mensajes”. Las conversaciones se rompieron en enero de 2019 cuando el Eln asesinó a 22 cadetes en la Escuela General Santander.
Colombia pidió a la Interpol circulares rojas de captura internacional de la cúpula del Eln y pidió a Cuba que las cumpliera. Después solicitó la extradición desde La Habana de Gabino, jefe del Coce, así como de los miembros de la comisión negociadora, encabezada por Pablo Beltrán. Cuba se ha negado alegando que ha habido «un reconocimiento tácito al papel de garante de Cuba y a la presencia legítima de la delegación de diálogos del ELN en su territorio” y que lo procede es aplicar el “protocolo de ruptura” que firmaran en abril de 2016 Santos y las Farc y que establecía un mecanismo de reingreso de la delegación guerrillera a Colombia en caso de romperse los diálogos.
Hace pocos días, La Habana reclamó con mucha molestia al gobierno colombiano que los Estados Unidos incluyera de nuevo a Cuba entre los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo por no enviar a los comandantes guerrilleros a nuestro país. La Cancillería colombiana respondió que la decisión norteamericana era autónoma, que seguía a la espera de que Cuba respondiera a las solicitudes de extradición y que agradecía «el importante papel que ha jugado el Gobierno de Cuba en la política de paz de este gobierno”.
Por un lado, es cierto que la conducta del gobierno colombiano constituye un reconocimiento tácito al papel de Cuba y una autorización a la presencia guerrillera en la isla. Por el otro, Colombia tiene razón en sostener que si, como lo dice el gobierno habanero en su carta de reclamo, “[l]as autoridades cubanas expresamente establecieron como condición a la delegación del Eln, que se atuviera única y estrictamente, al exclusivo propósito de su presencia en Cuba: negociar la paz en Colombia”, el asesinato de los cadetes es una violación del requisito exigido al Eln de solo usar el territorio cubano para adelantar diálogos de paz. Tolerar que los países en que se adelanten conversaciones sean también usados por los grupos subversivos para planear, dirigir y supervisar acciones armadas y ataques terroristas supondría dar carta blanca e inmunidad de facto para los responsables y desdibujaría el propósito de los diálogos y el papel de los países sedes.
Aquí el punto no es si es aplicable un protocolo firmado por Santos y con otra guerrilla, sino que cualquier protocolo de regreso seguro es aplicable solo si el grupo guerrillero cumple con la condición de no usar el territorio del país sede de las conversaciones para dirigir y planear ataques terroristas.
Si algún reclamo debe hacerse es de Cuba a los elenos por abusar de su confianza. Y el paso siguiente es su extradición a Colombia o, como mínimo, la expulsión de su territorio. Pero es previsible que no lo hagan y que, como es usual, de nuevo se tensen las relaciones. Cuba parece querer seguir siendo un problema de seguridad nacional para nuestro país. Hemos pagado un altísimo costo como sociedad por cuenta de las relaciones cubanas con los subversivos y con el narcotráfico y, más recientemente, por el apoyo al régimen chavista.
Finalmente, no dejan de sorprender las declaraciones del dos de junio del comisionado Ceballos cuando afirmó que esperaba «llegar a algo” con el Eln y que le insistía en que “tome en serio la posibilidad de una paz real”. Todo parece indicar que el Gobierno está en lo mismo: buscando negociaciones con los grupos subversivos
