Por: María Fernanda Cabal
Lo dijimos en 2019, en el marco de las protestas de noviembre y lo reiteramos ahora: Colombia, al igual que muchos países de América Latina, está siendo sacudida por un fenómeno de turbulencia social donde fuerzas violentas de izquierda se unen a los anarquistas, encontrando en el discurso de odio la mejor herramienta para subvertir el orden en sociedades proclives a la hipnosis colectiva.
De esta forma, se convirtió en campo fértil el renacimiento de movimientos que mutan en grupos de choque con investidura estudiantil, bajo la figura del “derecho a la protesta social”.
Sin embargo, es claro que la intención de estos actores, respaldados además por quienes atizan el fuego desde el Congreso de la República, es generar una profunda zozobra bajo el argumento de la lucha por las «causas justas”, como burda instrumentalización de la población compuesta en su mayoría por jóvenes, con el fin de legitimar reivindicaciones tan diversas que ni siquiera ellos mismos las saben explicar.
Por ello, lo vivido en éstos últimos cuatro días en distintas ciudades del país, va mucho más allá que el comprensible rechazo al proyecto de ley de reforma tributaria. La realidad es que nos enfrentamos a una batalla de vida o muerte donde comerciantes, trabajadores, microempresarios, padres de familia y estudiantes, son la presa más “apetecida” por estos movimientos insurreccionales que año tras año, nos preparan la receta de cómo sería vivir bajo su yugo.
Revisando datos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras -ANIF-, publicados por Asuntos Legales, las pérdidas por cada “paro nacional” son millonarias. En 2012, el paro agrario, judicial y estudiantil que se extendió por 119 días, costó 911 mil millones de pesos y el paro agrario-cafetero de 2013, que duró 55 días, 1,7 billones de pesos.
Entre 2014 y 2015, el paro judicial de 73 días, costó 1,1 billones de pesos; en 2016, el paro de Transportadores que se mantuvo por 45 días, 3,6 billones de pesos y en 2017, el paro de maestros que duró 37 días, 1,5 billones de pesos.
La entidad también señala que a Bogotá se le han destinado, en promedio por cada paro, 230 millones de pesos para la recuperación de bienes de interés cultural y 80 millones en la reparación de monumentos.
En 2018, se tuvieron que invertir en gastos de arreglos para el Sistema de Transmilenio, cerca de 1.500 millones de pesos como consecuencia de los daños ocasionados en 163 eventos vandálicos, que afectaron 3.300 vehículos.
Adicionalmente en el primer año de gobierno del Presidente Iván Duque, los paros tuvieron un costo de 758 mil millones de pesos. En este mismo sentido las cifras oficiales muestran que el Estado deja de invertir por lo menos 42 mil millones en los ocho millones de niños y jóvenes que se quedan sin clases, porque los docentes asisten a las movilizaciones “sociales”.
Datos de Fenalco indican que el comercio puede perder a diario por el paro, cerca de 150 mil millones de pesos; sin contar las cifras de heridos y vidas humanas sacrificadas en cada revuelta.
El paro actual, que ya completa cuatro días, deja un trágico saldo de cinco personas muertas -cuatro civiles y un policía-, 314 heridos -105 civiles y 209 policías- y 286 detenidos. Reportes de la Policía Nacional señalan que hay agentes con múltiples heridas con arma blanca en el tórax, traumas craneoencefálicos, quemaduras de segundo grado, entre otras.
Ya lo sabemos. La finalidad no es otra que profundizar la crisis que ya veníamos afrontando por las medidas restrictivas impuestas en el marco de la pandemia.
Por eso el llamado es a destruirlo todo, como el sistema de transporte masivo y los supermercados, e impedir el normal funcionamiento de la sociedad; a la vez que logran afectar a la población, emocionalmente impotente y desprotegida ante los actos vandálicos planificados y financiados por grupos terroristas que movieron sus células revolucionarias a las ciudades.
En el entretanto, se propicia el escenario ideal para que los incendiarios se conviertan en “salvadores de la patria”, tal como sucedió con Chávez en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez.
No hay otra salida que decretar la conmoción interior, usar las herramientas que brinda la Constitución para enfrentar la anarquía y la violencia, y rodear a nuestra Fuerza Pública para impedir la destrucción del país.
No es una protesta pacífica; es la urbanización de la guerra que el “Acuerdo de Paz” de Santos, la mayor operación de lavado de activos en la historia criminal de Colombia, nos dejó como legado.
