Por: Rafael Rodríguez-Jaraba
Abelardo de la Espriella tiene la oportunidad de modificar la historia de Colombia. Iniciará su gobierno con abrumador apoyo ciudadano y del sector productivo, que el Congreso no debe desconocer ni obstruir para tratar de obtener estímulos, prebendas y favores burocráticos.
Que nadie olvide que Abelardo de la Espriella fue elegido con el voto cívico de la ciudadanía y no con la desvencijada maquinaria política de unos partidos políticos corruptos, terminales y agónicos que, sin embargo, pretenden imponerle mandato y obtener cuotas en su gobierno.
Para modificar el rumbo, el nuevo presidente deberá promover las reformas estructurales que con urgencia requiere la nación y, para lograrlas, necesitará firmeza, sindéresis y sabiduría. Deberá restituir la seguridad y la gobernabilidad en todo el territorio nacional; redimir la ética; extirpar la corrupción; reposicionar el nombre de la nación en el concierto internacional; podar la frondosa burocracia; exigir eficiencia a las agencias del Gobierno y, lo más importante, provocar expansión económica para alentar el crecimiento y retomar el sendero perdido del desarrollo.
Colombia requiere de un gobierno inclaudicable en el cumplimiento de la Carta y la ley, que sea inmune al clientelismo, la prebenda y la componenda, que combata con rigor la holgazanería y la deshonestidad que, apoltronadas en los despachos públicos, expolian el erario, envilecen a la nación y socavan la credibilidad ciudadana en las instituciones gubernamentales.
Para llevar a la nación a puerto seguro e inmunizarla del cáncer comunista que asedia el hemisferio, no basta desterrar el narcoterrorismo y mejorar tenuemente los indicadores sociales y económicos; es mandatorio replantear el modelo de desarrollo para darle a la sociedad un nuevo gradiente de equidad, en la que reine la estabilidad legal y la seguridad jurídica, se despolitice la educación, se fortalezca y agilice la justicia, se expanda la economía y se estimule y flexibilice el empleo formal.
Respetando con celo la propiedad privada, debe detener la concentración de la riqueza y mejorar su redistribución, con lo que se asegurará la gobernabilidad de la nación y evitará una nueva aventura populista como la que hemos padecido durante cuatro largos años de desgobierno.
Cerrar la brecha social es urgente y no da espera, pero hacerlo otorgando subsidios asistencialistas que aumenten el endeudamiento, el déficit y, finalmente los impuestos, es inocuo y peligroso. Al contrario, el camino es disminuir impuestos para atraer inversión al sector real, estimular el espíritu empresarial en las nuevas generaciones y avanzar en la formalización del empleo productivo.
Si se quiere atraer capitales extranjeros, ensanchar la oferta laboral, aumentar el ingreso, ampliar la demanda y reducir la pobreza, resulta impostergable abolir los impuestos a la nómina, el patrimonio y el consumo básico.
El nuevo gobierno debe estructurar una reforma tributaria que acabe con todas las exenciones, que reduzca y universalice el impuesto de renta, que elimine los aranceles de los bienes que, siendo necesarios no se producen o se producen de manera insuficiente en el país, que reprima la evasión y la elusión, que mejore la eficiencia del recaudo, el gasto y la inversión, y que aumente el IVA a los bienes suntuarios y lo disminuya a los básicos.
Se requiere una reforma inspirada en equidad que abone a la abultada deuda social, en los que los impuestos sean progresivos y equitativos, y estén exentos de su cobro la canasta familiar, la salud, la educación, la vivienda, el transporte, los servicios públicos domiciliarios y la recreación popular.
También debe ser tarea del nuevo mandatario restituir la competencia del mercado financiero, racionalizar las tasas de intermediación, acabar los abusivos cobros de los servicios bancarios, detener la escalada especulativa del sector de la construcción e intervenir los sectores que en cubierta convienen precios mínimos de venta y máximos de compra, abusando de la posición dominante que ejercen con lo que depredan el mercado y causan inflación.
Una tarea tan exigente demanda formidables conocimientos, capacidades y virtudes, y ojalá que el nuevo presidente las aúne y que a su gobierno se vinculen las mejores y más encumbradas inteligencias del país, de manera que se vivifique la llamada Patria Milagro y no se defraude la esperanza ciudadana.
Termino estas letras reiterando: Que nadie olvide que Abelardo de la Espriella fue elegido con el voto cívico de la ciudadanía y no con la desvencijada maquinaria de unos partidos políticos corruptos, terminales y agónicos que, sin embargo, pretenden imponerle mandato y obtener cuotas en su gobierno.
Colofón 1: En mi ideario de principios y valores cívicos, y en mi credo profesional sobre la integridad, preparación y capacidad que deben tener los ministros, estimo que el único nombramiento que los satisface, es el de Paola Holguín quién de seguro dignificará el gobierno y dará ejemplo de eficiencia, a pesar de que su nombramiento en la cartera de Cultura constituye un desaprovechamiento de su aventajada formación y capacidad de gestión.
Estimo que la nación esperaba nombramientos como los de Mauricio Gaona en MinJustica, Moisés Wasserman en MinEducación, Jaime Alberto Cabal en MinComercio, Enrique Peñalosa en MinTransportes y, en especial, de María Fernanda Cabal como Canciller cuyo nombramiento, habría consolidado y fortalecido el gobierno, dignificado la imagen de Colombia en el exterior, recompuesto las relaciones con países amigos, cerrado inútiles embajadas y convertido cada misión diplomática en agencia de conquista de nuevos mercados e inversiones.
Colofón 2: Como lo manifesté en su momento, consideré innecesario y abiertamente contradictorio que, Abelardo de la Espriella hubiese pretendido imponer en la presidencia del Senado a señor Alfredo Deluque, ayer orgulloso y hoy vergonzante Santista, quien fue dócil y obsecuente con los despropósitos y desvaríos de Petro.
La coincidencia en el voto de dos extremos opuestos y antagónicos, como son el Pacto Histórico y el Centro Democrático, es un hecho fáctico que no implica acuerdo ni cercanía, y que tampoco desnaturaliza el credo que los distancia.
Al final de este absurdo pasaje, resultó necesaria, clara y oportuna, la declaración de Abelardo de la Espriella, la que contrasta con la conducta errática, arrogante y soberbia de su ministro del Interior Rodrigo Lara, quien terminó desautorizado y posando como agente oficioso del señor Deluque.
Ojalá qué nunca le falte sindéresis al nuevo gobierno.
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado. Esp. Mg. LL.M. Litigante, Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
