Por: Francisco Hernando Muñoz Atuesta
Nuestra Cartagena de Indias, un tesoro histórico y cultural que ha cautivado al mundo, enfrenta una paradoja devastadora: las mismas instituciones encargadas de proteger su patrimonio están promoviendo su destrucción.
Como miembro del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural de Cartagena de Indias, tengo el deber de defender nuestro patrimonio y como ciudadano, a promover la transparencia.
El pasado 13 de marzo de 2024, durante la sesión #2/2024 del Comité Técnico de Patrimonio, expresé mi rotunda oposición a una solicitud presentada por la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (UNIMAYOR) para llevar a cabo un “Proyecto de Ampliación en la Modalidad de Obra Nueva” en sus instalaciones.
Este proyecto se ubica dentro del área protegida del Bien de Interés Cultural de ámbito nacional (BICNal) «Centro Histórico de Cartagena» y, además, afecta las zonas de influencia de otros dos BICNal: «El Cordón Amurallado» y la «Casa del Marqués de Valdehoyos», emblemas del patrimonio cultural de la Nación.
Mi objeción se fundamentó en que la sobreelevación adelantada en esta edificación constituye una violación flagrante de la normatividad vigente, comprometiendo la integridad de estos bienes patrimoniales y, en consecuencia, afectando derechos colectivos amparados por la Constitución Nacional.
Una licencia cuestionable El proyecto de ampliación de la UNIMAYOR recibió «Concepto Favorable» del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural de Cartagena el 4 de agosto de 2021 y, posteriormente, una licencia de construcción en modalidad de “adecuación” emitida el 21 de julio de 2022 por la Curaduría Urbana Distrital No. 1 de Cartagena, bajo la firma del Curador Urbano Provisional Ronald Llamas Bustos (el mismo que aprobó la cuestionada licencia del edificio AQUARELA).
Sin embargo, ninguna de estas decisiones fue coordinada con el Ministerio de Cultura, a pesar de ser esta la autoridad competente de acuerdo con el artículo 8 de Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008. Esta normativa establece como requisito obligatorio la solicitud previa de autorización ante ese Ministerio para cualquier intervención que se pretenda hacer en el área afectada de BICNal o en un inmueble colindante con un BICNal o en aquellos que se encuentren dentro de la zona de influencia de un BICNal.
La omisión de ese trámite, según ha conceptuado el Consejo de Estado, configura una “falta contra el patrimonio cultural” según señala el numeral 4 del artículo 15 de la ley 397 de 1997 modificado por el artículo 10 de la ley 1185 de 2008. Este grave incumplimiento coloca a los responsables del proyecto en flagrante violación de la ley.
La hipocresía estatal El caso de la UNIMAYOR es especialmente alarmante porque reproduce las mismas transgresiones que llevaron al edificio AQUARELA a ser demolido.
Sin embargo, a diferencia de este último, el proyecto de la UNIMAYOR —avalado por el propio Estado— fue inaugurado el 12 de diciembre de 2024, con presencia del Presidente de la República. Durante el evento, el primer mandatario afirmó: «Respetamos la arquitectura de este lugar tan hermoso en la zona histórica de Cartagena, respetamos eso, pero también le pusimos modernidad».
¿Estaba el Presidente realmente al tanto de las graves faltas contra el patrimonio que esta obra representa, o se las ocultaron? Este hecho pone en evidencia una peligrosa dualidad en la aplicación de la ley: mientras el edificio AQUARELA de iniciativa privada con inversión de decenas de miles de millones, enfrentó la demolición, el proyecto de UNIMAYOR con costo a los contribuyentes cercanos a los 13 mil millones de pesos, con las mismas faltas, parece gozar de total impunidad.
Justicia, sin excepciones La protección del patrimonio no puede ser selectiva. Las violaciones cometidas por la obra de UNIMAYOR deben ser investigadas por los entes de control con el mismo rigor que se aplicó al caso AQUARELA.
Es imperativo que se corrijan las irregularidades y se inicien procesos sancionatorios ejemplarizantes contra todos los responsables, desde el promotor y el arquitecto hasta las instituciones y personas implicadas en las decisiones.
Aunque la Inspección de Policía 1B de Cartagena selló la obra de la UNIMAYOR el 5 de noviembre de 2024 tras una comunicación del Ministerio de Cultura, generada por mis denuncias, la inauguración posterior del proyecto demuestra total irrespeto por la normatividad y una aparente y alarmante connivencia institucional.
Agrava la situación el silencio mediático: los principales medios de comunicación de Cartagena han tenido conocimiento del caso, pero han optado por ignorarlo.
El futuro de Cartagena está en juego El caso del edificio AQUARELA ya puso en jaque la declaración de Cartagena de Indias como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad otorgada por la UNESCO. Ahora, el caso de la UNIMAYOR representa la misma amenaza y por las mismas razones. Es imperativo que las instituciones públicas territoriales y nacionales actúen con transparencia e integridad, rindiendo cuentas tanto ante las autoridades como ante la sociedad.
Solo así podremos garantizar la real preservación del legado histórico que define nuestra identidad y sustenta nuestro reconocimiento global. El Patrimonio Nacional no puede permitirse otra traición. Nuestro legado está en juego y el silencio no es una opción.
