Por: Julian Quintana
Una verdadera tragedia fue el accidente que se produjo en el corregimiento de Gaira en el Departamento del Magdalena, donde perdieron lamentablemente la vida 6 jóvenes. Es una desdicha total, tanto para las víctimas como para el presunto victimario Enrique Vives, quien no sobra decirlo, hasta hace pocos días gozaba de una reputación intachable en la ciudad de Santa Marta, considerado como un joven trabajador y responsable. Las familias de todos los involucrados pasan por un momento muy difícil, dolor que considero debe ser tratado con la mayor responsabilidad y sensibilidad.
No pongo en duda la gravedad del hecho, pero si me parece una injusticia, y una violación a la presunción de inocencia que la opinión pública presente como culpable a Vives sin que haya sido vencido en juicio. Lo grave de esto, es que la condena social del procesado, seguramente nublará la objetividad de los jueces que conocerán de su caso, pues así no lo quieran, la información difundida a nivel nacional, corrompe la imparcialidad de estos, al ser contaminados con las múltiples afirmaciones -mal intencionadas- que dan como responsable al investigado. Calificativos de este estilo le imprimen una presión inapropiada al caso, pudiéndose derivar de este desalentador panorama una decisión alejada del derecho.
¿Pero qué desató este odio inexplicable en contra de Vives después de ser uno de los empresarios más queridos de la región?
Creo que el factor que detonó la desazón de la opinión pública, la indignación de las víctimas y le colmó la paciencia a la Fiscalía fue la equivocada estrategia de defensa –en mi concepto- de dilatar sin sentido alguno las audiencias concentradas de imputación y medida de aseguramiento arguyendo un grave estado de salud, y más cuando Medicina Legal desestimó que Vives tuviera un trauma que le imposibilitara asistir a estas. Lamentablemente se creó la impresión por parte de la misma defensa de que Vives quería evadir la justicia. Conducta que desafortunadamente le facilitó el trabajo a la Fiscalía y le ayudó a estructurar los fundamentos de la medida de aseguramiento intramuros.
Pero más allá de esta infortunada estrategia -la cual algunos pueden considerar legítima y apropiada- no se puede pasar por encima de los derechos fundamentales de Vives por muy grave que sea el hecho. Ello implica que se considere inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y esta presunción debe ser protegida y custodiada no solo por los operadores judiciales, sino además por la opinión pública. Si bien es cierto que se debe cubrir con rigurosidad por parte de los ciudadanos el proceso, a su vez también deben evitar injerencias indebidas con respecto a calificativos inapropiados de responsabilidad, insisto hoy Vives es inocente.
Los efectos sociales de la exposición mediática del caso de Vives han sido muy graves y desastrosos, pues ya el procesado tiene una pena anticipada extra legal, y esto con independencia del resultado del posterior juicio. Por lo tanto, si el día de mañana es declarado inocente (que opino es lo que va a pasar) la pena social lo acompañará toda su vida, sumándole el dolor que llevara en su corazón por la perdida de la vida de los jóvenes.
Y esta reflexión –seguramente no es la más popular, pero sí la correcta- es alarmante y preocupante, ya que en nuestro país no se ha analizado con detenimiento los graves efectos de los juicios paralelos en el proceso penal y la responsabilidad para quienes los impulsan de forma irresponsable, tristemente muchos inocentes son condenados solo por la presión social, sin mayor fundamento jurídico y probatorio.
Y es que en este caso se ha publicitado y afirmado que se trata de un hecho delictivo al margen de la decisión definitiva que debe adoptar un Juez como resultado de un juicio con todas las garantías ¿Qué pasa si se llega a probar que las víctimas incurrieron en una autopuesta en peligro, situación que excluye la tipicidad de la conducta, siendo el único camino declarar la inocencia? Vives se convertiría en la víctima de un perverso juicio paralelo donde ya lo habían declarado culpable.
Y es que esta información manejada de forma irresponsable, puede exacerbar a los jueces, llegando a ser tan alto el grado de presión, que induzca a que prefieran dictar una decisión no justa, que exponerse a las críticas de la opinión pública e investigaciones, y se alejen de emitir un fallo en derecho.
El juicio paralelo al cual ya fue sometido Vives -desde mi punto de vista- ha quebrantado sus derechos, además de la presunción de inocencia, también su honor, su intimidad, su privacidad, su propia imagen, la independencia e imparcialidad de los jueces, su credibilidad y prestigio. Y es que un proceso penal se legitima cuando existe un respeto magistral y sagrado de los derechos, de lo contrario será una ordalía, y es que la opinión pública no puede asumir el papel de jueces o inducir un veredicto previo de responsabilidad.
Por lo tanto, considero que se debe enfatizar –sin generalizar, ya que no todos los generadores de opinión pública actúan de esta manera- en que es indispensable en una democracia, que se desarrolle un correcto y objetivo trabajo de la información en este tipo de casos, realizado bajo los mayores estándares de análisis, que garanticen el acceso a esta, pero también que se respeten los derechos de los procesados. Ojalá Vives tenga un debido proceso y se respeten sus garantías fundamentales.
A cualquiera le hubiera podido pasar la misma desgracia.
No puedo dejar de manifestar, mi solidaridad con las familias de los 6 jóvenes, quienes tienen todo el derecho a exigir que se aclaren los hechos, sin dilataciones injustificadas.
