Por: Edmundo del Castillo Restrepo
Gobernar Colombia no es fácil. Lo he dicho antes en estas columnas y lo repito ahora con más razón que nunca. El presidente Abelardo de la Espriella apenas llevaba unos días en el cargo -el primer día hábil de su mandato, para ser exactos- cuando un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), sacudió el occidente del país. El saldo, todavía en aumento, ya supera los cientos de muertos y más de mil heridos. En total son 14 departamentos y 403 municipios afectados, aunque el grueso del daño se concentra en Chocó, donde estuvo el epicentro, en los tres departamentos del Eje Cafetero -Quindío, Risaralda y Caldas-y en el Valle del Cauca. No hablamos solo de las capitales más visibles en las noticias-Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó-, sino de una enorme cantidad de veredas y municipios pequeños con daños severos, donde no basta con mirar a la capital del departamento para entender la magnitud del desastre. Tengo testimonios directos, incluso de familiares, de veredas del Quindío severamente afectadas, con infraestructura colapsada y sin abastecimiento, mientras la atención mediática se concentra casi siempre en algunas de las capitales. Eso mismo se repite, con distintos matices, en buena parte de los municipios afectados. No pudo haber empezado de una forma más dura.
Hay que decirlo con honestidad: la manera en que el presidente ha encarado la tragedia hasta ahora me parece acertada. Canceló su agenda, instaló un Puesto de Mando Unificado en las oficinas de la UNGRD en Bogotá, viajópersonalmente a las zonas más golpeadas, ordenó el traslado de tropas para contener los saqueos que se presentaron en medio del caos, y anunció que declarará la emergencia económica para poder actuar con las herramientas excepcionales que ese mecanismo permite. Ha estado presente, ha hablado con claridad y ha asumido personalmente la coordinación de la respuesta.
Pero lo urgente ahora es que ese anuncio se convierta en decreto, y que sea el correcto. No se trata de cualquier emergencia económica, sino de una verdadera declaratoria de emergencia social bajo el artículo 215 de la Constitución, con toda la fuerza de decretos legislativos que ese mecanismo permite. Es la única manera de unificar, con decretos con fuerza de ley, el traslado de recursos, la canalización de empréstitos y la recepción de donaciones del exterior, en un país donde 403 municipios, 14 departamentos y varias gobernaciones, cada uno con su propia lógica presupuestal, tendrían enormes dificultades para coordinarse por la vía ordinaria. Como precedente, la crisis del terremoto de Armenia de 1999 se enfrentó exactamente así, con una declaratoria de emergencia social que permitió expedir los decretos necesarios y crear el FOREC, un fondo cuenta que centralizó y canalizó los recursos para la reconstrucción del Eje Cafetero. No fue un proceso perfecto -tuvo demoras y errores que hoy se pueden evitar—, pero sí un modelos exitoso que demostró que las entidades públicas con sus trámites ordinarios, actuando cada una por su lado, no están en capacidad de atender solas una tragedia de esta magnitud. Un fondo cuenta como aquel es una alternativa razonable, corrigiendo los errores de entonces, pero no tiene que ser la única fórmula. Llámese fondo cuenta al estilo del FOREC, o la figura que el vicepresidente, con su conocimiento de la hacienda pública, las finanzas nacionales e internacionales y la canalización de empréstitos, considere más acertada una vez declarada la emergencia: lo verdaderamente importante no es el instrumento específico,sino que exista una figura que permita unificar y canalizar los recursos para todos los municipios afectados, y que esa figura nazca de una declaratoria de emergencia social, no de la vía ordinaria.
Sé que hay voces que dirán que este año ya no queda margen constitucional para declarar una nueva emergencia. No es así. El límite es de 90 días por año calendario, y de esos, solo se han usado 30: los correspondientes a la emergencia por la ola invernal de comienzos de año, que sigue vigente en el conteo. Los otros 30 días, los de la emergencia por la crisis fiscal que
decretó el gobierno anterior, quedaron sin efecto porque la Corte Constitucional la declaró inexequible. De manera que, en la práctica, todavía quedan unos 60 días disponibles en 2026, y no hay ningún obstáculo formal para declarar la emergencia social por el terremoto. Pero, aun si esos días estuvieran agotados, me atrevo a decir algo más de fondo: no puede ser que la Corte Constitucional reduzca una decisión de esta trascendencia a una simple operación aritmética de días contados. Frente a una tragedia real, con damnificados que hoy necesitan comida, agua, salud y techo, sería absurdo que la discusión se resolviera por una talanquera puramente formal. Confío en que la Corte, si a eso llegara, sabría interpretar el fondo del asunto y no solo la forma.
Pero gobernar no se agota en atender la tragedia del momento. Y aquíquiero hacer una advertencia desde mi propia experiencia como funcionario público.
El presidente encontró la casa desordenada. Encontró entidades con las finanzas en pésimo estado, una deuda pública pesada y una estructura estatal lenta, sobrerregulada y llenade trámites. Frente a ese panorama, lo más urgente-más urgente incluso que la foto del recorrido- es nombrar cuanto antes a todos los funcionarios que van a ocupar los cargos de la nueva administración. La gobernabilidad solo se logra cuando el presidente cuenta con su propio equipo, con su propia gente, en cada despacho. Sin eso, ninguna decisión se ejecuta. Y hay que ser justos con esa gente nueva: la gran mayoría son personas buenas, con muy buena hoja de vida, capaces, honestas. Lo que no tienen- y es apenas natural- es experiencia previa en el sector público, que es un mundo distinto, con sus propios tiempos, sus trámites y su lógica particular. Esa experiencia se adquiere trabajando, no en el primer mes.
Por eso me atrevo a decir algo que quizás no sea popular: el equipo de gobierno no debería estar viajando con el presidente, salvo quienes sean estrictamente indispensables según el tema y la coyuntura. He visto de cerca, porque lo viví, lo poco productivo que resulta que todo el gabinete se desplace detrás del mandatario. Cuando fui secretario jurídico de la Presidencia evitaba deliberadamente acompañar al presidente en sus recorridos. Mi trabajo rendía mucho más desde la oficina, articulando con mi equipo los documentos, los decretos y las normas que había que preparar y tramitar, que subido a un avión. Y eso mismo aplica hoy para cualquier entidad del Estado. Aclaro, para que no se me malinterprete: esto no significa que el trabajo se concentre en Bogotá y que las regiones queden olvidadas. Es exactamente lo contrario. Significa que cada funcionario, esté donde esté,se concentre en el trabajo de fondo -en la proyección de metas, en el análisis serio de su sector, en conocer a profundidad el rol que le toca- en lugar de sumarse a los comités de aplausos. Esa costumbre tan colombiana de que todo el mundo quiera aparecer al lado del presidente, viajando, posando, acompañando, en vez de estar resolviendo lo que su despacho necesita resolver, no solo para la emergencia, sino para los cuatro años de gobierno que vienen. Visitar las regiones es importante, sin duda, y los ministros, los directores de departamento y los jefes de las entidades descentralizadas deben hacerlo cuando el tema lo amerite. Pero que viajen todos, todo el tiempo, detrás del presidente, no tiene ningún sentido. El trabajo de gobierno se construye con foco y con equipos concentrados en su misión, no desde la comitiva.
Reflexiones finales
El terremoto le impuso al gobierno de Abelardo de la Espriella una prueba que nadie esperaba tan pronto, y hasta ahora la ha sabido sortear con decisión. Pero la verdadera prueba de gobernabilidad no está en la foto de la emergencia, sino en dos cosas muy concretas: que la declaratoria de
emergencia social se expida ya, con alguna figura- fondo cuenta u otra- que permita canalizar y unificar los recursos, y en la velocidad con la que se conforme un equipo propio que trabaje con disciplina desde cada despacho. Colombia es un país con demasiada paquidermia burocrática, con exceso de normas y de trámites, donde cada reforma choca con obstáculos administrativos y jurídicos. Eso exige, ante todo, decisión para conjurar la crisis, y funcionarios nombrados y despachos trabajando con disciplina y foco.
