Por: Rafael Nieto Loaiza
Después de que la sala de instrucción de la Suprema privara de su libertad, de manera arbitraria, caprichosa y politizada, a Álvaro Uribe, se abrió una polémica sobre la manera de reformar la administración de justicia.
Sea lo primero decir que la reforma a la justicia es una vieja urgencia en Colombia por muy diversas razones. Entre ellas: la corrupción del sistema, con cuatro ex presidentes de la Suprema y al menos tres magistrados más vinculados directamente al cartel de la Toga o mencionados en las grabaciones. El mal ejemplo de la corte más importante se repite en magistrados y jueces de nivel inferior. Solo en los últimos seis meses se han presentado actos de corrupción en los tribunales de Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y Villavicencio. La corrupción es una plaga extendida por todo el Estado, pero es especialmente grave cuando afecta a quienes deben luchar contra ella.
La impunidad en materia penal es altísima. Según Transparencia por Colombia, estaría en un 94%. Ocupamos el octavo lugar en el Índice Global de Impunidad 2017, entre 59 países que midieron. Tanta es la impunidad que la invitación a la reincidencia es altísima. De los más de 240.000 capturados por hurto en el 2017, 91.423 ya habían sido arrestados entre dos y nueve veces. Algunos habían sido apresados entre 41 y 70 veces por delinquir.
La morosidad de nuestra justicia es aberrante. En la justicia civil y en la contencioso administrativa los casos pueden durar quince o más años sin resolución final. Una justicia tan lenta es finalmente injusta. La ausencia de una solución institucional al conflicto entre particulares es un incentivo perverso para el desconocimiento de los contratos y al abuso del derecho e invita a la corrupción y la justicia por propia mano.
El aparato judicial, con cinco altas cortes y centenares de magistrados, es no solo costosísimo e ineficiente sino que facilita el choque de trenes y la burocratización y el clientelismo. No tiene ningún sentido que un país de 50 millones de habitantes tenga tantos altos tribunales, 127 magistrados en propiedad y miles de auxiliares, y que en Estados Unidos, con algo menos de 330 millones, solo tenga una corte suprema con nueve jueces.
El engendro de la JEP es un tribunal de impunidad, producto de un pacto espurio, y le rompió el espinazo a la rama judicial. La JEP no es imparcial, busca favorecer a las Farc, apretar a los militares y demoler su moral, desprestigiar al Estado y dar la idea de una igualdad ética entre la conducta de los criminales y la de quienes defendían a los ciudadanos y la Constitución. Y adolece de los mismos vicios de corrupción, morosidad y clientelismo de la jurisdicción ordinaria.
La calidad de magistrados y jueces es mediocre o peor, con contadas excepciones. Después de la masacre del asalto por parte del M19, la Corte Suprema nunca volvió por sus fueros. Y tras Santos la Constitucional se plagó de abogados cuyo único mérito para ser elegidos fue el de asegurarle protección al acuerdo con las Farc. Antes los magistrados eran los faros del mundo jurídico, doctrinantes y catedráticos ilustres cuyos textos, conferencias y sentencias servían de guía y enseñanza para estudiantes, profesores y litigantes, y cuyas carreras todos los abogados queríamos emular. Hoy nadie sabe siquiera sus nombres y muchas de sus decisiones no valen ni el papel en el que son escritas.
La inseguridad jurídica es la reina, con interpretaciones arbitrarias de la ley y modificaciones caprichosas a la jurisprudencia. No sobra recordar que la seguridad jurídica es indispensable para la vida en sociedad y para el desarrollo de las empresas y los negocios. Sin seguridad jurídica nunca seremos competitivos. La Constitucional ha usurpado funciones del Congreso, trasladó el poder político a las cortes y minó al parlamento como el espacio para la deliberación y la decisión democrática.
Los magistrados no tienen control alguno. Cuando se ha intentado que lo tengan, se lo han quitado de encima con descaro. La ausencia de control invita al abuso del poder y al delito.
Y hay tanto una politización de la justicia como una judicialización de la política, como prueba este caso contra Uribe.
Como consecuencia, desde 1991, se han intentado diecinueve reformas al sistema de administración de justicia, sin éxito porque las Cortes se han atravesado una y otra vez. Como la Constitucional, en algunas sentencias, ha señalado que ciertos aspectos estructurales de la indispensable reforma a la justicia no pueden hacerse por el Congreso sino por el constituyente primario, no queda sino ir a una constituyente o un referendo.
La idea, pues, no es nueva, ni es una retaliación contra la Suprema. Es una necesidad inaplazable. Ahora bien, como la constituyente es una caja de Pandora, y en todo caso no tiene futuro sin apoyo del presidente, y Duque no la quiere, hay que pensar en alternativas. El borrador de reforma del gobierno era espantoso y agudizaba parte de los males ya existentes. Ese no es el camino. Quizás hoy no quede sino un referendo que, en todo caso, hay que pensar muy bien antes de poner en marcha, para no ocasionar, una vez más, otra frustración ciudadana.
