Por: Gustavo Rugeles – 6 de julio de 2026
El equipo del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella evalúa la designación de Hilda María Pardo Hasche para dirigir el proceso de empalme en la Unidad Nacional de Protección (UNP). La transición en esta entidad incluye la auditoría y recepción técnica de la Subdirección de Evaluación de Riesgos y el manejo de los sistemas de geolocalización, centrales de monitoreo y plataformas de telecomunicaciones utilizadas para coordinar los esquemas de seguridad en el país.
La abogada ejerció durante 27 años como vicepresidenta jurídica y representante legal de Claro Colombia (Comcel S.A.), cargo que ocupó hasta su salida de la compañía de telecomunicaciones en el año 2023. Durante su gestión en dicha empresa, la firma suscribió contratos con la Fiscalía General de la Nación bajo la administración de Francisco Barbosa. El acuerdo principal consistió en un contrato interadministrativo firmado el 26 de julio de 2022 por un valor de $1.645 millones, cofinanciado mediante un aporte de $1.139 millones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional y $505 millones de la Fiscalía.
El objeto contractual de este documento, ejecutado directamente en las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá, radicaba en proveer soporte técnico especializado para la interceptación de datos de voz y mensajes de texto de los usuarios solicitados por el ente investigador y la policía judicial. La vigencia operativa inicial se extendió hasta el 30 de noviembre de 2022, recibió una prórroga de cuatro meses y su liquidación formal quedó en firme el 10 de mayo de 2023 mediante acta conjunta de las partes. Paralelamente, la firma Global Hitss, filial tecnológica vinculada al mismo grupo empresarial de telecomunicaciones, ejecutó un contrato de 1.192 millones de pesos con la Fiscalía con un plazo de ejecución de ocho meses, destinado al desarrollo de requerimientos en los sistemas de información institucionales.
La postulación de Pardo Hasche para coordinar la transición de la UNP coincide con la situación jurídica de su hermano, Enrique Pardo Hasche. El familiar de la abogada cumplió una condena de 29 años de prisión por su coautoría en el secuestro del empresario Eduardo Puyana Rodríguez, suegro del expresidente Andrés Pastrana.
Posteriormente, Enrique Pardo Hasche fue imputado por la Fiscalía por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El expediente judicial lo señala de actuar como testigo a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de ejercer presiones dentro del centro penitenciario La Picota sobre el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que este modificara sus declaraciones en el juicio penal contra el exmandatario. La UNP, entidad objeto del empalme, tiene a su cargo la administración y asignación de esquemas de seguridad para los testigos protegidos en procesos de esta naturaleza judicial.
