Mientras el país entero seguía cada movimiento de Abelardo de la Espriella en su camino hacia la Presidencia, pocos reparaban en el hombre que, un paso atrás y casi siempre fuera de cámara, decidía por dónde podía caminar el candidato, qué tan cerca podía acercarse la multitud, y qué riesgos merecían encender las alarmas. Carlos Caicedo Páez, expolicía y hoy jefe de seguridad de la campaña presidencial, construyó durante meses uno de los esquemas de protección más robustos y menos convencionales que se hayan visto en una candidatura colombiana, en medio de un clima de amenazas que rara vez ha rodeado con tanta intensidad a un aspirante a la Casa de Nariño.
Bajo su mando, la campaña de De la Espriella incorporó medidas que no eran habituales en la política nacional: un atril de cristal blindado de 360 grados, diseñado para que el candidato pudiera hablar en plazas públicas sin exponerse a un ataque a distancia; un chaleco de protección balística que De la Espriella portó de forma permanente en sus apariciones públicas; y lo que el propio equipo denominó un «búnker móvil», un esquema de camionetas con blindaje reforzado para los desplazamientos terrestres en caravana. A eso se sumaron sistemas antidrones para neutralizar posibles ataques aéreos durante los eventos masivos, mantas y vidrios balísticos alrededor de las tarimas, y despliegues de hasta 40 efectivos combinando personal de la Unidad Nacional de Protección, seguridad privada y Policía Nacional — una logística de protección más cercana a la de un jefe de Estado que a la de un candidato en campaña.
Caicedo no se limitó a coordinar ese aparato: se convirtió también en la voz pública encargada de denunciar cada amenaza real o potencial contra el candidato. Fue él quien dio a conocer las llamadas anónimas con presuntos planes de atentado atribuidos al ELN en febrero de 2026 —que el grupo armado negó públicamente—, y su equipo fue el que detectó y entregó a la Policía, en mayo de ese año, a un hombre armado que se hacía pasar por escolta durante un evento en Envigado, Antioquia, y que portaba binoculares, dispositivos electrónicos y registros detallados de la tarima y los accesos del lugar.
En cada uno de esos episodios, el protocolo fue el mismo: barridos previos de las zonas de evento, verificación exhaustiva de cualquier persona no identificada en el esquema oficial, y solicitudes formales a la Fiscalía y a los organismos de inteligencia para que las amenazas no quedaran en simples rumores de campaña.
Su perfil público es, deliberadamente, mucho más discreto que el de los ministros y funcionarios que hoy acompañan a De la Espriella: no hay discursos suyos, ni entrevistas extensas, ni una hoja de vida detallada circulando en los medios — apenas lo esencial de su rol y las decisiones operativas que ha tomado bajo presión.
Es, en ese sentido, el reverso exacto de la política que protege: mientras el candidato construyó su marca a punta de exposición mediática constante, el hombre encargado de mantenerlo con vida trabajó siempre un paso atrás, en el terreno silencioso donde se libra la otra campaña, la que nunca sale en televisión pero que, en un país con la historia de violencia política que tiene Colombia, puede terminar siendo la más decisiva de todas.
