Por: Gustavo Rugeles – El Expediente
12 de septiembre de 2025
La esposa del secretario de Transparencia de la Presidencia y directora jurídica de la entidad Andrea del Pilar Verdugo está moviendo los hilos para contratar a más de 250 personas y trasladar o sacar de la entidad al personal de carrera. Una movida política de Petro para ganar control en la Fiscalía y en las investigaciones contra personas cercanas y contra sus opositores.
En un movimiento que genera alarma en los círculos judiciales y políticos, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, a cargo de Andrea del Pilar Verdugo Parra, se encuentra en el centro de una reorganización masiva que podría implicar la salida de más de 250 funcionarios de carrera y la contratación de nuevo personal bajo contratos de prestación de servicios.
Fuentes internas de la entidad advierten que esta «purga» se acelera en un contexto preelectoral, lo que despierta sospechas sobre su uso con fines políticos, especialmente para influir en investigaciones sensibles que involucran al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Andrea del Pilar Verdugo Parra, abogada con una trayectoria en el sector público y privado, asumió como directora de Asuntos Jurídicos en 2024, designada por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón. Verdugo es, además, la esposa de Andrés Idárraga Franco, actual secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, un cargo clave en el gobierno Petro. Su nombramiento ya había generado controversia en mayo de 2024, cuando Idárraga enfrentó acusaciones de tráfico de influencias en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lo que llevó a una breve renuncia que fue revertida días después.
Desde su llegada, Verdugo ha impulsado un crecimiento exponencial en la nómina de su dirección. Cuando asumió en 2024, la unidad contaba con alrededor de 100 personas. Hoy, según datos internos, supera las 180, lo que implica la contratación de más de 80 funcionarios adicionales, muchos de ellos bajo modalidades temporales.
Esta expansión se suma a unos 50 contratistas vinculados en el último año, según revelaciones de sindicatos. Fuentes consultadas por El Expediente indican que esta duplicación de personal no responde solo a necesidades operativas, sino a una estrategia para consolidar lealtades en un momento clave.
El «revolcón» se intensificó hace dos semanas. En una reunión convocada por Verdugo, varios funcionarios de la Fiscalía fueron advertidos de traslados forzosos a regiones del país para cubrir «vacantes y necesidades» en seccionales alejadas de sus puestos actuales.
De los aproximadamente 200 afectados, muchos provienen de direcciones centrales como Políticas Públicas y Estrategia Institucional (44 cargos en octubre de 2024), Planeación (30 cargos) y Asuntos Jurídicos (179 cargos).
Estos traslados, que incluyen reubicaciones al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y fiscalías regionales, ignorarían perfiles profesionales especializados en áreas administrativas y jurídicas, forzando a expertos y grado «Especializado» a asumir roles misionales como asistentes de fiscal, ajenos a su experiencia.
La preocupación es mayúscula porque, según las fuentes, numerosos funcionarios no podrán asumir estos cambios por motivos familiares y personales, lo que los llevaría a renunciar en masa. Esto liberaría plazas para que Camargo y Verdugo dispongan de ellas a discreción, facilitando la entrada de personal afín.
«Nunca en nuestra carrera hemos visto un revolcón de esta magnitud ni un volumen tan alto de contrataciones por prestación de servicios», confiesan insiders de la Fiscalía.
Para financiar esta movida, se realizó un traslado presupuestal de $35.000 millones de pesos destinados específicamente a vincular nuevo personal.
La fiscal general Luz Adriana Camargo, quien se encuentra en periodo de vacaciones desde principios de septiembre, habría dado la orden expresa de que la reorganización esté lista para su regreso.
Camargo, posesionada en marzo de 2024 tras un proceso controvertido que incluyó demandas de nulidad resueltas a su favor por el Consejo de Estado en agosto de 2025, enfrenta hoy críticas por presuntas irregularidades en casos como el de la UNGRD, donde una investigación preliminar de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la señala por contradicciones en su actuación.
Nuestras fuentes en la Fiscalía atribuyen esta reorganización a una directriz directa de la Casa de Nariño. El propósito, según ellas, es que el presidente Petro gane mayor control sobre la entidad, en un momento en que se investigan casos que afectan al gobierno: desde opositores y críticos hasta figuras cercanas, como el hijo del mandatario, Nicolás Petro, implicado en presuntos hechos de corrupción. «Es una forma de copar puestos con personas de confianza para dirigir las investigaciones desde el Palacio de Nariño», afirman. Este control sería crucial en un año preelectoral, donde la Fiscalía podría influir en procesos electorales y judiciales sensibles.
La alarma sindical se activó el 3 de septiembre de 2025, sindicatos enviaron un derecho de petición a Camargo expresando «profunda preocupación» por la reorganización.
El documento, dirigido a la fiscal en su ausencia, cuestiona la legalidad y transparencia del proceso, y exige respuestas detalladas en 15 puntos clave. Entre los hechos más relevantes destacados por el sindicato: Falta de estudios técnicos. No se presenta evidencia de un análisis de perfiles versus funciones que justifique los traslados. ¿Quién elaboró el estudio? ¿Interno o externo?
Criterios de selección opacos: De los 253 cargos afectados en las tres direcciones principales (179 en Asuntos Jurídicos, 44 en Políticas Públicas y 30 en Planeación), se desconoce cómo se eligen los traslados, especialmente para profesionales de alto grado que asumirían roles misionales incompatibles. ¿Por qué no se prioriza a asistentes de fiscal en funciones administrativas o a personal voluntario?
Ilegalidades potenciales: La decisión carece de acto administrativo de respaldo y contradice el manual de funciones, lo que podría constituir desviación de poder. Además, ignora la experiencia de los servidores y viola el principio de «respeto» banderizado por la administración Camargo.
Tercerización y costos: Las plazas liberadas se cubrirían con contratistas por prestación de servicios (similar a lo ocurrido en gestión documental, donde 472 personas de una firma externa asumen roles de nómina).
Se pregunta por la justificación de esta «tercerización laboral» cuando hay personal calificado en planta, y si se capacitará a los reubicados. También se indaga sobre el impacto en el concurso de méritos próximo y posibles demandas por tutelas.
Expansión injustificada: En Asuntos Jurídicos, la planta pasó de 100 a 172 cargos en un año, más 50 contratistas, sin redirigirlos a áreas misionales necesitadas. El sindicato sugiere verificar primero fiscales e investigadores en roles administrativos (incluso en despachos de Camargo y delegadas), quienes reciben bonificaciones judiciales sin ejercer funciones penales.
Riesgos institucionales: La movida generaría «costo reputacional» con tutelas y demandas, y podría desmantelar direcciones sin resolución formal. ¿Cuántos permanecerán en cada unidad? ¿Cómo se reasignará la carga laboral?
El derecho de petición concluye con un llamado a la eficiencia, equidad y transparencia.
Hasta el cierre de esta edición, no hay contestación oficial, lo que agrava las tensiones internas.
Esta reorganización no solo amenaza la estabilidad laboral de cientos de servidores, sino que pone en jaque la independencia de la Fiscalía, un pilar del sistema judicial colombiano.
En un contexto de crecientes escándalos —como la reciente investigación contra Camargo por el caso UNGRD— y con elecciones en el horizonte, el «revolcón» parece más una jugada política que una mejora administrativa.
La oposición ya clama por una intervención de la Procuraduría y la Contraloría, mientras sindicatos amenazan con acciones legales colectivas. ¿Podrá la Fiscalía mantener su credibilidad en medio de esta tormenta? El regreso de Camargo será decisivo.
