Por: El Expediente
Las regalías ambientales existen para financiar, con recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, proyectos que protejan y restauren precisamente el medio ambiente que esa explotación afecta. Su asignación debería seguir, en teoría, un proceso técnico y objetivo: los proyectos se evalúan, se puntúan según criterios definidos de antemano, y los recursos se distribuyen siguiendo ese orden de mérito. Lo que el Equipo Élite Anticorrupción encontró al revisar, durante el proceso de empalme, la asignación de $474.129 millones en regalías ambientales, fue precisamente la ruptura de ese principio básico de objetividad.
Según documenta el Libro de la Verdad, los recursos fueron asignados sin respetar el orden de puntaje que la propia metodología de evaluación había establecido. Es decir, proyectos que técnicamente deberían haber tenido prioridad, por haber obtenido mejores calificaciones en la evaluación oficial, quedaron relegados frente a otros con puntajes inferiores que, sin embargo, sí recibieron financiación. Ese tipo de inversión del orden técnico es, en el mundo de la contratación y asignación de recursos públicos, una de las señales más claras de que un proceso que debía ser objetivo terminó siendo, en la práctica, discrecional.
Dentro de ese universo más amplio de irregularidades, el caso específico de AREMCA se destaca por su gravedad diferenciada: $43.435 millones vinculados a este proyecto se encuentran bajo investigación penal activa, lo que eleva el hallazgo de una simple inconsistencia administrativa a un asunto que ya está siendo evaluado por la justicia colombiana como un presunto delito, no solamente como una falla de gestión. El costo de este tipo de irregularidades trasciende el dinero mal asignado en sí mismo: cada proyecto ambiental que debía recibir financiación por mérito técnico y no la recibió representa una restauración ambiental que no se ejecutó, una comunidad que no vio compensado el impacto de la explotación de recursos naturales en su territorio, un ecosistema que siguió esperando la inversión que, en teoría, ya tenía asignada por derecho propio según su calificación técnica. Que $474.129 millones se hayan movido sin respetar ese orden, y que una parte significativa de esos recursos esté hoy bajo investigación penal, deja al nuevo gobierno la tarea de reconstruir no solo la asignación específica de estos fondos, sino la confianza en que el sistema de regalías ambientales colombiano efectivamente premia, como debería, a los mejores proyectos y no a los mejor conectados
