Por: Maria del Rosario Guerra
Una vez más la Corte Constitucional insiste en desafiar a la sociedad colombiana en un tema sensible, que toca fibras y que es tan delicado como el aborto, no solo porque está en riesgo inminente la vida del que está por nacer, sino la de la madre. No es posible ni se entiende cómo un grupo de magistrados, que están llamados a respetar la Constitución y los derechos fundamentales como el de la vida, y que, además, dentro del estado de derecho y de equilibrio de poderes exige el respeto de las competencias de las otras ramas del poder público, tengan hoy en sus manos la decisión de despenalizar o no el asesinato del no nacido, cuando el único llamado a legislar sobre el tema es el Congreso de la República.
Hablemos claro. El aborto no interrumpe un embarazo, asesina a un bebé en gestación. Es una cultura de descarte, un negocio macabro que para muchas mujeres se convirtió en la salida fácil para deshacerse de su bebé. Ojo a esto, en la actualidad abortar está tipificado en el Código Penal como un delito. Sin embargo, como lo evidenció un informe de la FM en el año 2019, Profamilia recibió del sistema de salud colombiano $29.993 millones, para realizar 22.146 abortos. ¡Qué horror!…
Entonces me pregunto, si así operan estos mercaderes de la muerte cuando esta aberrante práctica está prohibida, ¿cómo será al ser despenalizada en su totalidad? La verdad no imagino a nuestra sociedad así. No contemplo que lleguemos a este punto de la degradación humana. Si una madre puede asesinar a su propio hijo en cualquier momento de su embarazo, sin importar su vida y su sufrimiento para matarlo, estamos perdidos como sociedad.
Lo lógico es que en un Estado de Derecho se haga respetar lo consagrado en la Constitución y la ley, y se impongan castigos a quienes las transgreden. Sin embargo, en Colombia pareciera que quienes están llamados a ser garantes y defender a capa y espada derechos fundamentales como el de la vida, prefieren anteponer sus ideologías, posturas políticas e intereses personales, sobre el derecho que le asiste al no nacido de vivir. Eso no solo es injusto, sino ilegítimo. No se puede permitir que, por defender derechos como la autonomía de la mujer, se atente contra la vida del que esta por nacer. El ejercicio de los Derechos Humanos debe tener límites cuando es incompatible con el derecho a la vida de un inocente.
Seguimos viendo a una Corte que persiste en extralimitarse en sus funciones en la discusión del aborto, dando trámite a dos demandas con las que pretenden eliminar el artículo 122 del Código Penal, que impone cárcel a la mujer que se practique un aborto por fuera de las tres causales: abuso sexual, malformación del feto y peligro para la vida de la madre, dando vía libre a la despenalización total.
La votación, llevada a cabo el pasado 21 de enero, quedó empatada (4 votos a favor y 4 en contra), razón por la que fueron nombrados dos conjueces para destrabar el proceso y que cada uno emita su voto definitivo. Uno de ellos es Juan Carlos Henao, recusado por su posible falta de objetividad en el caso, dado que en medios de comunicación dejó claro que su postura es a favor del aborto. Increíble que una decisión jurisprudencial de esta magnitud, que le atañe a más de 50 millones de ciudadanos, esté hoy en manos de dos personas y no del Legislativo, elegido por el pueblo para ser el garante de sus derechos, o del constituyente primario.
¡Ojo señores magistrados!, la revisión de esta materia, fundamental para nuestra sociedad, debe ser imparcial y regida por nuestra Carta Magna. No fue suficiente la despenalización en tres casos, sino que ahora enarbolan la bandera de que es más importante la libre decisión de una mujer que la vida del que está por nacer, e incluso la propia. Inaceptable y aberrante.
