Por: Duván Idarraga
Hace pocos días, German Ávila, Ministro de Hacienda del gobierno Petro, presentó el proyecto de reforma tributaria con el cual esperan recaudar una cifra cercana a los $26 billones; es el monto de lo que está desfinanciado del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2026, presentado para estudio del congreso. Cómo escribí hace algunos días, este proyecto de presupuesto representa una cifra de $551.6 millones, con un crecimiento de $40.6 billones que equivalen al 7.96%, frente al aprobado para la vigencia 2025. Si lo comparamos con el de la vigencia del 2022, por $350.4 billones, crece $201.2 billones, el 57.4% ($50.3 billones por año), todo un despropósito.
No se entiende cómo pretende este gobierno, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del 2025 de escaso 2.1% y con una situación compleja para los empresarios, por el incremento de costos laborales, recaudar esa cifra. Sin duda, muestra una desconexión total del gobierno con la situación del país y la realidad económica de los colombianos.
Esta reforma busca, esencialmente, gravar aún más a la clase media colombiana con unos incrementos considerables en las tarifas de impuesto de renta que pagan (hay casos donde esta podría llegar hasta el 40% de los ingresos anuales, una cifra absolutamente expropiatoria) y que significaría su destrucción; aspecto que inició desde reformas anteriores, incluida la del gobierno Santos y que se aceleró con la tributaria del 2022 del gobierno Petro.
La clase media se ha visto enormemente afectada, además del incremento desbordado en la tasa de impuesto de renta, se han reducido a su mínima expresión las deducciones de gastos que actualmente asumen como medicina, educación, entretenimiento, etcétera.
Simultáneamente, la reforma plantea incrementar impuestos a las empresas del Sistema Financiero, planteando una tarifa del 50% para el sector, algo absolutamente fuera de contexto y que significaría una situación compleja para ellas.
También resulta absurdo que, el gobierno que dice ser defensor del medio ambiente, plantee incremento de la tarifa de IVA para vehículos híbridos, pasando del 5% al 19%; también el impuesto al consumo, pasaría del 8% al 19%, desestimulando completamente su compra. Y la trasmisión energética, ¿qué?
La clase popular tampoco se salva de esta iniciativa tributaria del gobierno.
Se anuncia IVA a más alimentos (ya había puesto IVA a algunos en su reforma del 2022, incumpliendo una de sus promesas de campaña); a la gasolina y al ACPM, aspecto que necesariamente va a incrementar costos de transporte y que aumentarán el precio de los productos que se movilizan (prácticamente, todo). Causó mucha molestia el comentario de Petro, en su reciente a la locución, diciendo que plantean ponerle IVA a la gasolina ya que “la mayoría de los pobres no usa la gasolina”.
En redes sociales, todo tipo de personas (campesinos, mensajeros, conductores de plataforma y hasta motos ratones) expresaron su molestia; recordaron a Petro que todos utilizan gasolina; por tanto, ponerle IVA los impactará directamente. No olvidemos que durante este gobierno la gasolina ya ha subido casi un 70%. También plantean colocar IVA a espectáculos culturales y deportivos, a las administraciones de propiedad horizontal; de la misma manera, plantea incrementos de impuestos a cerveza y licores, que son especialmente consumidos por clases populares.
Por otro lado, se anuncia un incremento en el impuesto del patrimonio hasta el 5% para los que superen la cifra de $100 mil millones; si bien es una base demasiado alta, significa que muchos colombianos, que están en ese Rango, optarán por buscar beneficios tributarios en otros países, desincentivando la inversión en Colombia.
Lo absurdo e irresponsable es que el gobierno insiste en mantener la cifra definida para el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2026 de $551.6 billones. No plantea un ejercicio serio y ejecutable de austeridad en gastos. Les recuerdo que el crecimiento de los gastos de funcionamiento, frente al 2022, es del 72.5%; es decir, cada año de este gobierno han crecido $38.2 billones, un total de $153.2 billones.
Simultáneamente, continúan el derroche, los viajes por todo el mundo, el crecimiento de los contratos de prestación de servicios, el desborde de la nómina oficial, la creación de embajadas y consultados, etcétera; todo sin ningún tipo de consideración por la situación fiscal del país.
Para rematar hago mención a una publicación de Lisandro Junco Riveira (ex director de la DIAN), quién ha puesto el dedo en la llaga al denunciar que la DIAN tiene una cartera de $59.2 billones, sobre la cual no se ha realizado ninguna gestión. Recordemos que hace al inicio del gobierno Petro a esa entidad le aprobaron más de 10,000 cargos profesionales, con la supuesta idea de que se iba a trabajar en la evasión fiscal; no solo eso no se ha reducido, no se está haciendo la gestión de cobro requerida para recuperar esa cartera; esos $59.2 billones pagan casi dos veces lo que se espera recaudar con la reforma tributaria planteada.
Sin lugar a dudas esta reforma tributaria tiene graves implicaciones para el país; en vez de generar condiciones para atraer Inversión Extranjera Directa (que ha caído considerablemente durante este gobierno, más del 36%), espantará aún más a los inversionistas del país(nacionales y extranjeros) y terminará de asfixiar a la clase media. Tampoco se plantean acciones concretas, prontas y realizables para reducir el enorme gasto de funcionamiento de este gobierno; menos su derroche ni la desbordada corrupción. Este es un gobierno absolutamente desconectado de la realidad del país y que sigue espantando la muy menguada confianza inversionista. A Dios gracias, existe la separación de poderes; el Congreso tendrá la ultima palabra y la enorme responsabilidad de evitar este enorme daño económico para el país pretendido con esta absurda reforma tributaria; los empresarios y la clase media, especialmente, se lo vamos a agradecer.
Nota 1. Reciente pronunciamiento de la Presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) Astrid Martínez; hizo observaciones preocupantes, una de ellas: «el lunar actual tiene que ver con el desequilibrio fiscal y con el crecimiento de la deuda neta que lo ha acompañado”. Recordemos que, según cifras del Banco de la República, la deuda externa a abril del 2025 versus el 2022, ha tenido un crecimiento de US$16.039 millones (el 15.9%), así Petro engañe culpando al gobierno Duque. Por otro, lado la funcionaría recalcó que la gran mentira de principios de año por parte del gobierno fue decir que el déficit fiscal iba a ser del 5.7% en el 2025. Hoy estamos en el 7.1%; de acuerdo análisis de expertos, para finales del 2025, llegaría al 7.8% o al 7.9%; de lejos, una cifra absolutamente desproporcionada, que supera la obtenida en época de pandemia y que tuvo una plena justificación.
Nota 2. El DANE reportó que la inflación en agosto del 2025 fue del 5.1%, cifra que supera la de julio en 20 puntos porcentuales (fue del 4.9%). En estas condiciones, resulta prácticamente imposible pensar que el Banco de la República en su próxima reunión reducirá tasas de interés. ¿A quién culpará Petro y sus bodegas de esta alza? Por qué cuando baja la inflación en gracias al gobierno, pero cuando sube es por la gestión de otros.
