Por: El Expediente
A medida que avanza la transición de mando en Colombia tras el triunfo presidencial de Abelardo De La Espriella, los movimientos para integrar las comisiones de empalme han empezado a encender alarmas preventivas que merecen la máxima atención del nuevo mandatario.
El foco más crítico se ubica sobre el sector de hidrocarburos, una de las carteras más estratégicas para la estabilidad económica del país. Fuentes de alta fidelidad confirman que el ingeniero José Miguel Saab, presidente de la contratista petrolera Independence Drilling S.A., maniobra activamente para consolidarse como el coordinador de empalme en esta materia con la administración saliente de Gustavo Petro.
Aunque en los pasillos políticos se intenta vender su nombre bajo un perfil estrictamente técnico y gremial amparado en su asiento en la junta directiva de CAMPETROL, una revisión detallada de su historial empresarial, sus litigios y sus recientes movimientos familiares delatan un potencial conflicto de intereses y un riesgo reputacional que el entorno del presidente electo debe desactivar a tiempo para blindar la legitimidad de su mandato entrante.
La estrategia de aproximación del empresario al círculo de poder de De La Espriella no ha sido un hecho improvisado, sino un puente meticulosamente construido aprovechando la estructura de la campaña. Su hija menor, Aline Marie Saab, recientemente graduada en Relaciones Internacionales en Estados Unidos, fue designada como secretaria privada y asistente de Carlos Alonso Lucio, el influyente estratega que fungió como jefe del aparato programático y quien hoy coordina activamente los comités de empalme. La presencia de la joven profesional al lado del hombre de confianza del presidente electo le ha otorgado a José Miguel Saab una línea directa de comunicación privilegiada, una cercanía que hoy busca capitalizar para tomar el control de la transición minero-energética, ubicándose en una posición de poder que comprometería la neutralidad técnica del nuevo gobierno.
El verdadero peligro de esta infiltración radica en un multimillonario pleito legal que arrastra la compañía de Saab, Independence Drilling S.A., contra la joya de la corona del Estado colombiano: Ecopetrol S.A. De acuerdo con un riguroso informe de auditoría de la Contraloría General de la República, la empresa de Saab tendría responsabilidad operativa en el catastrófico desastre ambiental de La Lizama, Santander, ocurrido en marzo de 2018.
El documento técnico estipula que el equipo de reacondicionamiento Workover Independence 47, contratado por Ecopetrol, presentó graves fallas mecánicas en herramientas críticas de seguridad —específicamente falta de agarre en la cuña y el collarín—, lo que provocó la caída de varillas dentro del pozo Lizama 158. Este incidente alteró el aislamiento del yacimiento y generó el afloramiento de crudo, lodo y gases que contaminó las fuentes hídricas de la región, llevando a Ecopetrol a interponer una acción de controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para exigir que la empresa de Saab y sus aseguradoras paguen por los millonarios daños y las sanciones impuestas por las autoridades ambientales.
Sentar a José Miguel Saab en la mesa de empalme minero-energético configuraría un conflicto de intereses flagrante: el líder de una corporación privada demandada por el Estado pasaría a auditar, recibir información financiera confidencial y co-dirigir el futuro inmediato de su propio demandante, Ecopetrol S.A. A esta bomba de tiempo jurídica se suma una vulnerabilidad mediática insalvable para el mandatario electo.
Aunque el ingeniero José Miguel Saab no comparte ningún vínculo de consanguinidad con el empresario barranquillero Álex Saab, en la arena de la opinión pública el matiz de parentesco se pierde fácilmente por la baja frecuencia estadística del apellido en Colombia. Peor aún, las suspicacias de la oposición se multiplicarían al constatar que la compañía petrolera de José Miguel Saab ha sostenido acercamientos comerciales e intereses de negocios en Venezuela para la reactivación de campos petroleros.
Permitir que un contratista privado de apellido Saab, con intereses en la Venezuela chavista y un litigio activo por daño ambiental contra el propio Estado colombiano, lidere la transición energética representaría un flanco de ataque injustificado y letal para la gobernabilidad con la que busca iniciar el presidente De La Espriella.
