Por: Paloma Valencia
En la legislatura antepasada la reforma laboral se hundió, pues tiene elementos muy controversiales para las pequeñas y medianas empresas, y comete el error de confundir el deseo de mayor remuneración para los trabajadores con las posibilidades de nuestra economía. Vino entonces el segundo proyecto prácticamente igual al hundido. Para lograr la aprobación en sus primeros debates, el Gobierno Nacional tuvo que eliminar capítulos enteros. Sin embargo, la terquedad y el capricho del Presidente ahora pretenden darle un golpe blando al Congreso; quieren imponer vía decreto todo lo que el Congreso rechazó.
Tienen ya listos 6 decretos que reviven lo que se ha hundido. Por supuesto, esos decretos son abiertamente inconstitucionales. La facultad reglamentaria que le corresponde al gobierno es para desarrollar las leyes; de ninguna manera permite revivir lo que el Congreso ha rechazado. Aun así, conviene analizar lo que pretenden.
El primer borrador de decreto establece que las negociaciones sindicales pueden ser por industria. Hoy un sindicato puede hacer huelga y negociar con su empresa primas extralegales o beneficios adicionales. Sin embargo, con el borrador de decreto todas las empresas de un mismo sector-industria- productivo negociarían sus beneficios en conjunto. Esto resultaría en qué sindicatos de empresas grandes impongan sus beneficios extralegales sobre las medianas y pequeñas que seguramente terminarían quebrándolas. Mientras una gran empresa tiene capacidad económica para ofrecer y pagar una prima extralegal, una pequeña empresa podría no tener recursos para hacerlo; pero con el decreto estaría obligada. Esta negociación por industria se convierte en una poderosa barrera de entrada para los pequeños; que tendrían que poder pagar cargos adicionales a los empleados como las grandes empresas. Es evidente que favorecerá y fomentará oligopolios y monopolios.
Otro borrador de decreto establece que las empresas de servicios públicos esenciales podrán hacer huelgas: transporte, comunicaciones, electricidad, suministro de agua… Con esto podrían paralizar al país. Sería aplicar el método FECODE que con un paro le quita la educación a más de 8 millones de niños y doblega la voluntad de cualquier gobierno, aunque sus causas no sean las convenientes.
Uno más, amplía la competencia que tienen los Tribunales de Arbitramento convirtiéndolos en omnipotentes. Podrán fallar con condiciones más fuertes que la ley: podrán limitar todas las facultades de los empleadores, por ejemplo: pueden definir los turnos de trabajo, los tipos de contrato que puede tener la empresa, imponer cláusulas de estabilidad y hasta establecer cuánto dinero podría recibir las organizaciones sindicales. Un pliego de peticiones de un sindicato llegaría al tribunal de arbitramento quién determinaría el resultado de lo que debería ser la negociación. Judicializa las relaciones laborales, dejando una difícil situación a los empresarios.
Otro decreto imposibilita que los trabajadores renuncien a los acuerdos colectivos. Hoy cada trabajador es libre de negociar con su empleador; si le imponen los acuerdos de un sindicato el resultado es la desaparición de otros sindicatos más pequeños dentro de las empresas, y la eliminación de la negociación uno a uno con el empresario. El propósito es empoderar los sindicatos más grandes del país.
La reforma laboral del Gobierno Nacional no crea un solo empleo. Investigadores del Banco de la República afirmaron que la reforma acabaría con más de 480 mil empleos formales. Tampoco ayuda a disminuir la informalidad sino la incrementa. Los cerca de 13 millones de colombianos que están en la informalidad les va a ser más difícil conseguir un empleo con prestaciones sociales. Además la reforma deja por fuera a los cerca de 3 millones de jóvenes que hoy no estudian ni trabajan. La reforma no soluciona ningún problema del mercado laboral del país.
Lo único que busca es proteger los empleos de los sindicados y darles más poder. La reforma genera presión sobre los empresarios en un momento dónde el PIB del sector privado decrece en un 0,1% y cuando en lo corrido del 2024 han cerrado más de 228 mil empresas.
Parece que el gobierno está más comprometido con cumplir a los grandes sindicatos que lo financiaron y apoyaron, que en buscar soluciones que mejoren la vida de todos los colombianos.
