Por: Jorge Cárdenas
Desde mi opinión los retos más grandes, en el corto y mediano plazo, para cualquier líder en cualquier país del mundo son: continuar con la emergencia sanitaria que incluya planes efectivos de protección y vacunación, la reactivación económica en todos los sectores de la sociedad y volver a generar confianza en la inversión nacional y extranjera que permita generar puestos de trabajo lo más pronto posible.
Muchos de los compromisos de campaña del presidente Iván Duque no se han podido realizar porque la emergencia le ha obligado a atender imprevistos que eran imposibles de anticipar hace 2 años.
El endeudamiento de la nación está llegando a cifras que se creían superadas y el hueco fiscal se agranda sin que se pueda detener debido a lo crítica de la situación. La base de la campaña de Iván Duque se centró en la llamada ECONOMIA NARANJA.
Para quienes desconocen el término, básicamente se refiere al conjunto de actividades que permiten que las ideas se conviertan en mecanismos productivos, en bienes y servicios, cuyo valor está centrado en la propiedad intelectual y la creatividad.
De ese concepto incluso hay un libro escrito por el ex ministro de cultura, Felipe Buitrago, y con la participación del mismo Iván Duque. Su título, “La economía naranja – Una oportunidad infinita.”
En él queda perfectamente explicado el concepto y la importancia de su aplicación en países como el nuestro que es referente en la región no solo por su fecundidad creativa sino por la agilidad con la que la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) atiende a los autores y sus registros, así como los procesos para adelantar la inspección, vigilancia y control de las sociedades de gestión colectiva que se encargan de administrar muchos de los recursos generados por esas obras. Tanto es así que autores extranjeros vienen a Colombia a registrar sus obras porque en sus países de origen no cuentan con las herramientas y diligencia que tenemos en el nuestro.
No es de sorprender que como colombianos no sepamos de la buena gestión de la DNDA. Tampoco sorprende que no sepamos de su historia que se remonta a los primeros años de la nuestra como nación (La María de Jorge Isaac se registró hacia 1887 y el código civil de Andrés Bello de 1873 ya se refería a la propiedad y protección de las creaciones intelectuales).
Mucho menos que se desconozca sobre la importancia de proteger los derechos de autor; los mismos autores en ocasiones minimizan su importancia aun cuando gran parte del bienestar económico del cual disfrutan proviene de la explotación de dichos derechos.
La DNDA, aunque tiene más de 100 años, dejo de ser una dependencia y pasó a ser una entidad independiente en 1991 y casi desde su creación ha habido y múltiples intentos por acabarla o, cuando menos, reducirla a su mínima expresión. Aunque es una entidad adscrita al Ministerio del Interior (antiguo Ministerio de Gobierno), se ha propuesto pasarla al Ministerio de cultura o unirla a otras entidades que le terminarían de quitar el poco poder que le han permitido tener, así como el protagonismo que ha logrado alcanzar a pesar de las dificultades.
Pese al deseo de muchos enemigos de la DNDA, debemos hacer todos los esfuerzos posibles por fortalecerla y darle el lugar que le corresponde. Esa es la tarea que me he fijado y que, con la colaboración de varios expertos en la materia, estoy luchando por cumplir.
Es difícil pensar cuales pueden ser las razones que justifican la eliminación o fusión de la entidad, pero si es muy fácil imaginar las nefastas consecuencias que se ocasionarían para Colombia en caso de que una propuesta como esa llegase a prosperar. He intentado indagar cuál es el trasfondo de una propuesta como esta y he encontrado que algunos sectores piensan que con la eliminación de la DNDA se acabaría el conflicto entre los autores y los usuarios de las obras (Cable operadores, organismos de radiodifusión, hoteles bares, establecimientos públicos,…). Me pregunto, ¿en realidad se acabaría el conflicto? Considero que esta situación terminará solo en el momento en que dichos usuarios, en un acto de justicia, reconozcan a los autores y artistas los derechos que les pertenecen. La eliminación o fusión de la DNDA lo único que ocasionaría es que no se pueda contar con una entidad con el conocimiento técnico y la experticia para dirimir dichos conflictos. Un argumento tan superficial e ilógico como seria concluir que se debe acabar con el aparato judicial porque en Colombia hay muchos conflictos y la justicia está congestionada.
Algo que me sorprendió sobremanera cuando empezamos con esta cruzada fue encontrar que ambos lados de ese espectro están unidos en la búsqueda del fortalecimiento de la entidad bajo el entendimiento de que con una dirección de derechos de autor fortalecida se garantizan los derechos tanto de autores como de usuarios a nivel mundial. Los derechos de los organismos de radio y televisión son derechos que la DNDA está luchando porque les sean reconocidos a nivel nacional e internacional y, de no ser por la especialidad y el conocimiento de la entidad, no les serían reconocidos siquiera.
Las sociedades de gestión colectiva (SAYCO, ACINPRO, ACTORES, EGEDA, CDR, DASC Y REDES) que son vigiladas por la DNDA y les garantiza a socios y usuarios la seriedad y responsabilidad con que esas sociedades adelantan su gestión de recaudo y distribución.
Como parte de la sociedad nos corresponde ser conscientes de que, si hay un incentivo a la creación y el fortalecimiento de las industrias del entretenimiento, se va a generar más producción, más contenido y, por ende, todos nos beneficiaremos, de una industria cultural, creativa y del entretenimiento mucho más grande y competitiva, que genera empleo y bienestar económico para todos. Es esto precisamente el efecto positivo del derecho de autor en la economía naranja.
El carácter técnico de la entidad es el que le ha permitido alcanzar el respeto por su gestión. Sería un retroceso enorme convertirla en una especie de bastión político donde quien la lidere sea alguien que desconozca la especificidad de los derechos en favor de los autores y los artistas, así como las obligaciones incorporadas en la ley a las que están obligados los usuarios, y que algunos se niegan a cumplir con absoluta impunidad.
Es popular el comentario que dice “No se preocupe por plata que plata no hay” y se hace más palpable ante la crisis que estamos viviendo, pero lo peor es que es justo lo que se necesita.
Eso nos obliga a ser bastante creativos en buscar soluciones que no aumenten, de manera desproporcionada e innecesaria, el aparato burocrático de la Dirección ni del Ministerio del Interior; queremos que siga siendo una entidad austera como hasta el momento lo ha sido, sin embargo, es necesario propender por su fortalecimiento.
Por ejemplo, me atrevería a proponer que la entidad genere recursos, con la condición de que sean reinvertidos en su misionalidad, es decir, que no se vayan a cubrir otras necesidades del gobierno, dejándola con mayores obligaciones y sin el dinero generado (como sucede con las Direcciones de derecho de autor en otros países de la región, en donde se tomó la decisión de juntar en un solo instituto la propiedad industrial con el derecho de autor, en detrimento de este último).
Lograr que se atiendan cada vez más casos con prontitud, buscando que, por ejemplo, pueda hacerse a través de colegios de abogados y que de esa manera no haya que llenarla de personal, sino que el mismo proceso pague la tercerización. También podría pensarse en un procedimiento de arbitraje obligatorio para la fijación de tarifas, el cual sería costeado por las partes.
En fin, podríamos ser todo lo imaginativos que quisiéramos y plantear el proyecto de ley que solucione los problemas y necesidades de la mayoría de los participantes, pero nada pasaría si no contamos con la voluntad política para sacarlo adelante. La ausencia de recursos en cualquier proyecto, con esfuerzo, se puede superar, pero la ausencia de ganas y energía lo condenan irremediablemente al fracaso.
Estamos ante el escenario que se vivió hace más de 11 años con la ley Fanny Mikey; ley que le dio a los intérpretes audiovisuales derechos patrimoniales que, en Colombia, solo le eran reconocidos a interpretes musicales.
Lo único que logró llevar a la mesa a las partes y hacerla realidad fue el apoyo del presidente Uribe quien, entendiendo directamente las necesidades de los artistas, invitó a que los funcionarios encargados no se levantaran hasta lograr concretar lo que desde el 2010 es ley.
Sería inconcebible que en el gobierno de la economía naranja se destruya a la entidad encargada del derecho de autor, que es la base primaria de la economía creativa. Que no sean conscientes de que con su fortalecimiento se apoya la prosperidad de dicha economía en cuya cadena de valor participan una cantidad de agentes, entre ellos, los autores y artistas (más de medio millón de autores y artistas, incluidas sus familias), así como los usuarios de dichos derechos y que son atendidos por menos de 60 funcionarios.
Esperamos poder contar con esa voluntad política y que el naranja sea el nuevo verde esperanza que nos brinde oportunidades infinitas con realidades concretas que superen conceptos abstractos.
