El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar enfrenta simultáneamente investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Industria y Comercio.
Los tres frentes involucran contratos públicos destinados a la población más vulnerable del país: niños, mujeres gestantes y comunidades étnicas.
La Fiscalía: siete judicializados por desfalco en La Guajira
El 1 de abril la Fiscalía judicializó a siete personas — tres exfuncionarios del ICBF y cuatro particulares — por presuntas irregularidades en contratos de alimentación para niños y mujeres gestantes en Riohacha y Manaure. Los contratos fueron firmados entre febrero y diciembre de 2019 y tenían como fin la atención integral de primera infancia y comunidades étnicas en municipios vulnerables de La Guajira.
Según el material probatorio, los implicados habrían aprobado pagos con sobrecostos a favor de una asociación privada, utilizando documentos con incrementos injustificados en el valor de las raciones alimentarias. El detrimento patrimonial estimado supera los $860 millones.
Los exfuncionarios vinculados son Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas. Los particulares implicados son Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera. La situación jurídica de los procesados está pendiente de ser definida por un juez de control de garantías.
La Contraloría: $121 mil millones en contratos irregulares durante Ley de Garantías
En febrero, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que el ICBF firmó 91 contratos durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que entró a regir el 8 de noviembre de 2025. La Contraloría General de la República abrió una actuación de control fiscal.
Los 91 contratos suman más de $121 mil millones. Doce de ellos habrían sido iniciados por fuera de lo permitido por la Ley de Garantías, por un valor de $25.812 millones.
Las consecuencias ya son concretas: 54 zonas del país quedaron sin contrato de alimentación, lo que obligó al ICBF a abrir una nueva invitación pública por $47 mil millones y retrasó la entrega de alimentos al menos dos meses. Entre las zonas afectadas están municipios del Urabá antioqueño como Apartadó, Chigorodó, Necoclí y Turbo, además de territorios en La Guajira, Guainía, Chocó, Putumayo, Sucre, Vichada y Tolima.
La Superintendencia de Industria y Comercio: posible cartel de contratistas
En marzo, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió dos actuaciones administrativas para determinar si hubo coordinación indebida entre oferentes en contratos del ICBF.
Las indagaciones preliminares apuntan a posibles acuerdos para repartirse adjudicaciones o manipular condiciones de participación — conductas que configurarían prácticas restrictivas de la competencia.
De comprobarse, estos esquemas habrían distorsionado los procesos de selección e inflado los costos de bienes y servicios pagados con presupuesto público destinado a programas sociales para población vulnerable.
Los tres frentes investigativos coinciden en un mismo punto: los recursos que el Estado colombiano destina a proteger a sus niños más vulnerables terminaron siendo el blanco sistemático de la corrupción.
