Por: Jazmin Balaguer
Nuevo Paro Nacional, pero por tener características similares al llevado a cabo el 21 de noviembre del año pasado, es altamente probable que tenga la misma baja convocatoria y el mismo resultado.
Primero, hay que entender porqué el Paro del año pasado fue un fracaso. Empecemos por su convocatoria. Menos de 250.000 personas salieron en todo el país el 21N, día que tuvo más participación. Esto de acuerdo a la información emanada del Puesto de Mando Unificado (PMU) que se crea en este tipo de eventos para hacer seguimiento a la actividad, evaluar riesgos y tomar decisiones de emergencia en caso de requerirse. Está conformado por entidades como Presidencia, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Unidades de Emergencia, Defensoría del Pueblo, entre otras, con el objetivo de hacer contrapesos y corroborar la información que ahí circula, así como el monitoreo de las cámaras de alta tecnología instaladas en puntos estratégicos del país, que calculan el volumen de personas por metro cuadrado. Al final de la jornada, la cifra que el sistema arroja de manera objetiva, es la que se manejará en todas las instituciones mencionadas. Una cifra mayor, solo obedece a deseos.
250.000 participantes son menos del 35% del total de estudiantes de las Universidades Publicas del país. Es decir, que ni siquiera la mitad de estudiantes de esas universidades apoyó sus razones. Peor aún, si se compara con la población del país, no llega al 0.5%. Un caso contrario fue, la marcha contra las FARC en 2008 con más de 4 millones de colombianos, y unas incipientes redes sociales.
La científica social Erika Chenoweth de la Universidad de Harvard, demostró en su trabajo, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, publicado en la Universidad de Columbia, que la efectividad de una marcha es altamente probable si cuenta con mínimo el 3.5% del total de población, no sea da por contagio o moda, y es pacífica.
Ninguna de esas condiciones se cumplió. Ahora, entendamos porqué no tuvo y probablemente no tenga en esta oportunidad apoyo. Mas que por la pandemia, obedece a unas equivocadas razones, basadas en percepciones, posverdad y sesgos de un grupo de personas y sectores, que no representa el sentir de las mayorias, apoyados en el pequeño mundo de twitter. El cual, según diferentes mediciones, es utilizado por el 10% de los colombianos aproximadamente, de los cuales el 80% no lo usa para enterarse de temas políticos. Y afortunadamente, pues quien usa redes sociales permanentemente tiene un coeficiente intelectual político 3 veces inferior con respecto a quien lo hace esporádicamente. Así lo concluye el paper «The Parties in our Heads: Misperceptions About Party Composition and Their Consequences» publicado por la Universidad de Stanford, UIF y Berkely.
Las razones de la marcha de este viernes 4 de noviembre, son la continuidad de las del año pasado, y de las que existirán durante este Gobierno, que en resumen están equivocadas por lo siguiente:
-SISTEMA DE SALUD: De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, creado por el PNUD y la Universidad de Oxford, el nuestro es uno de los mejores de América Latina; que nos ha permitido tener avances en la superación de la pobreza extrema, alcanzando mayor cobertura y acceso de calidad, siendo muy superior a lo alcanzado antes de la ley 100. Los casos mediáticos y lamentables cuando falla el sistema, son un minoría, no la regla.
-EDUCACIÓN: Este Gobierno adjudicò el presupuesto más alto que haya tenido el sector, y a razón de la pandemia, se aumentó logrando matrícula gratuita para 400.000 mil estudiantes de la universidad pública, casi el 60%, que son muchos más, de los que marcharon en conjunto el año pasado.
-ACUERDO CON LAS FARC: En los informes de la Misión de Verificación de la ONU, se evidencia que solo en los primeros 4 meses del Gobierno del Presidente Duque, se avanzó más que en los 16 meses siguientes a la firma de ese acuerdo durante el Gobierno del Presidente Santos. Hasta el último informe presentado por esta Misión, resalta la gestión hecha, los programas ejecutados, el compromiso, y pide a los diferentes sectores, apoyar las políticas del Gobierno que han sido efectivas para seguir reduciendo el asesinato de líderes sociales. Esto, porque se logró frenar la tendencia que traía estas muertes desde la firma del proceso.
-ASESINATO DE LÍDERES SOCIALES. A lo anterior se suma, el esclarecimiento de más del 60% de estos asesinatos, encontrando un patrón, y es que los principales responsables son las disidencias de las FARC (aunque ellos prefieren que los llamen FARC a secas), seguido por el ELN y BACRIM. Ocurridos en su mayoría en zonas con cultivos ilícitos y minería ilegal. Estos lugares coinciden donde están siendo asesinados los excombatientes de las FARC, de los cuales el 80% ocurrió estando fuera de las zonas de reinserción. Un entendimiento que permite políticas acertadas y que refleja el compromiso, porque esto es gracias a una unidad en la Fiscalía especializada, como el mismo acuerdo solicita, y más, cuando para el resto del país, la tasa de esclarecimiento es del 20%.
-HOMICIDIOS COLECTIVOS y GLIFOSATO: Por favor leer la columna anterior, llamada » Plomo y Glifosato: la Posverdad de la Alcaldesa Claudia López».
-RENTA BÁSICA: Esto es un costo de oportunidad que significa en este caso, una inversión sin retorno. Se da el dinero, se gasta, se acaba y la situación sigue igual o peor, pero ahora el Estado queda sin los recursos que pudo haber invertido en solucionar algo estructural que mantuviera el empleo y reactivara la economía, por ejemplo, salvar a AVIANCA.
-AVIANCA: Ante la escasez de los recursos, un Gobierno debe decidir si le da dinero al empleado, hasta que que no queden recursos, o a la empresa que lo transporta en la ciudad, o a la empresa donde llega a trabajar él y 500 mil más. Sea esa empresa nacional o extranjera, lo cual es irrelevante, si es la única que cubre el mayor territorio del país, por lo mismo mueve la carga, el turismo nacional e internacional, con ello negocios, impactando sector gastronómico, entre otros, en una operación que representa 14 billones de pesos a la economía. Además es un préstamo con intereses.
-ÑEÑEPOLÍTICA –MERLANOPOLÍTICA: Un testimonio por sí solo no es prueba de nada. Las pruebas en derecho son técnicas. Si existe, hay una sentencia condenatoria. Aquí no hay nada de eso.
-DECRETO 1174: Este fue aprobado el año pasado por el Congreso, el Gobierno solo le está dando el trámite correspondiente. Es claro en decir, que quien tenga un contrato hoy tiene un derecho adquirido que no puede ser modificado a horas. Está dirigido a una necesidad de brindar, una oportunidad a más del 40% de colombianos que ganan menos de un salario mínimo y que no cotizan seguridad social. Antes de la pandemia, los jóvenes eran el grupo con la mayor tasa de desempleo, hoy está extendida a los demás grupos etarios llegando al 20%. Si antes para alguien era muy difícil conseguir trabajo, ahora es mucho peor. esa persona prefiere un trabajo por horas y percibir algo de ingreso, que continuar desempleado con una rigidez laboral que desincentiva la contratación.
Y así, podríamos continuar con las demás. No obstante, marchar es un derecho se tenga o no razón en las arengas. Por lo mismo, no se puede recurrir a actos vandálicos, amenazar con el rostro cubierto parándose frente a la fuerza pública o atentando contra ella, con lo cual deja de ser una legitima marcha a convertirse en una turba vandálica que amenaza la seguridad ciudadana.En este caso, cualquier Gobierno tiene el derecho de dispersar con los elementos que la ley le confiere para judicializar, finalizar y reestablecer el orden público. Si es pacífica, sus pretensiones por estar en democracia, serán escuchadas, pero por el bajo poder de negociación que les da su convocatoria y razones, no pueden esperar que sean incorporadas para cambiar una legítima agenda política elegida con más de 10 millones de votos.
